viernes, 23 de febrero de 2018

Según el índice de TI, la percepción de la corrupción en España tocó fondo en el año 2017

Nuestro país obtiene la puntuación más baja y la peor posición de la serie histórica, que se inicia en el año 2000

Por Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- Transparencia Internacional ha hecho público el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2017. Los resultados reflejan un alto nivel de corrupción en más de dos tercios de los Estados del mundo.

El índice, que clasifica 180 países y territorios según los niveles percibidos de corrupción en el sector público por expertos y empresarios de cada país, usa una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100 muy transparente. 

Nueva Zelanda y Dinamarca a la cabeza, Somalia a la cola
Este año, Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente. Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente. La región con mayores puntuaciones es Europa occidental, con una puntuación promedio de 66. Las regiones con peores valoraciones son África subsahariana (puntuación media de 32) y Europa oriental y Asia central(puntuación media de 34)

Esta edición, Transparencia Internacional a través de su centenar de capítulos locales en todo el mundo, ha confirmado los estrechos vínculos entre la corrupción y la escasa libertad de prensa. Por ejemplo, en Brasil, que obtiene 37 puntos en el índice de este año, 20 periodistas han muerto en los últimos seis años.

También analiza la relación entre los niveles de corrupción y la libertad con la que las organizaciones civiles pueden operar e influir en las políticas públicas. Usando los datos del World Justice Project, muestra que la mayoría de los países con bajas calificaciones en libertades civiles también tienden a obtener puntuaciones con niveles altos por corrupción.

El caso de Hungría, que ha descendido diez puntos en el índice en los últimos seis años, pasando de 55 en 2012, a 45 en 2017, es uno de los ejemplos más alarmantes de la reducción del espacio para la sociedad civil en Europa del Este.

Los resultados de España en el IPC 2017
Si comparamos los datos de España desde el año 2000 hasta el presente (ver Tabla a continuación) constatamos un descenso tan marcado que nos sitúa como el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción y su situación en el ranking de países (de menos a más corruptos).


De estar en el puesto 13 de toda la UE hemos pasado al 18-20 (medidos de menos a más corruptos). Ya sólo hay 8 por detrás y, además, algunos de ellos están se acercan cada vez. En el año 2000 España superaba en 27 puntos a la República Checa, en 29 puntos a Polonia, por ejemplo. Incluso superaba en 3 puntos a Francia, y en 6 a Portugal. Hoy Francia nos aventaja en 13 puntos, Portugal en 6, Polonia en 3 y estamos empatando con la República Checa.

Para TI, los datos hablan por sí mismos. España puede aprender de Polonia, cuyas mejoras han sido espectaculares, pero también de Uruguay, Chile o Costa Rica, que hablan nuestro mismo idioma.

Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede ni debe estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y su competitividad. En 2017 hemos llegado a los niveles peores en percepción de corrupción desde que los índices se consolidaron metodológicamente.

Como ya indicaron en 2016, las razones de esta negativa evolución son múltiples y complejas. Aunque los sistemas de investigación policial se han mostrado relativamente eficaces y permiten descubrir numerosos casos de corrupción, TI sospecha que han quedado en la impunidad numerosos casos, entre otras cosas por la falta de denuncias, debido a la ausencia de protección a los denunciantes de corrupción.

Hoy también ha muerto Forges y no debemos terminar esta crónica sin aportar alguna de sus mejores aportaciones a la reflexión con sus viñetas sobre la corrupción.

jueves, 22 de febrero de 2018

Ignasi Beltrán: Las guardias localizadas “pueden” computar como “tiempo de trabajo” (caso Matzak)

Por Ignasi Beltrán. Blog La Mirada Crítica a las Relaciones Laborales.- La controversia sobre la calificación del “tiempo de guardia” y/o “tiempo a disposición” como tiempo de trabajo ha sido abordada en diversas ocasiones por el TJUE. Así, las sentencias 3 de octubre de 2000 (C‑303/98), Simap;  9 de septiembre 2003 (C-151/02), Jaeger; 1 de diciembre 2005 (C-14/04), Dellas y otros; y 10 de septiembre 2015 (C-266/14), Tyco; y Autos 11 de enero 2007 (C-437/05), Vorel; y 4 de marzo de 2011 (C-258/10) Grigore

Forges y los funcionarios. In Memorian
Pues bien, el último episodio se ha dado a conocer con la sentencia de 21 de febrero 2018 (C-518/15), Matzak.

En este caso, el TJUE ha afirmado que el tiempo de guardia que un trabajador belga (bombero voluntario) pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos debe considerarse «tiempo de trabajo» (especialmente, porque restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades personales y sociales).

Veamos, brevemente, los detalles de la fundamentación.

A.- Fundamentación
El TJUE, tras aclarar que no puede abordar la cuestión relativa a la remuneración (que debe determinar el juez nacional); que la Directiva 2003/88 es aplicable al caso, porque el Sr. Matzak puede ser calificado como “trabajador”, a pesar de no ser bombero profesional; y que los artículos comprometidos de la Directiva citada son idénticos a los de la Directiva 93/104 (permitiéndole dar continuidad a su acervo juriprudencial) afirma lo siguiente:

Primero: el art. 2 de la Directiva (que define los conceptos “tiempo de trabajo” y “período de descanso”) no es un precepto cuya aplicación pueda excepcionarse para determinadas profesiones (entre ellas, la de bombero), especialmente porque dicho precepto contiene los conceptos principales de la Directiva (ex art. 17).

Segundo: los Estados miembros no pueden alterar la definición del «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2003/88 (y, por ello, no pueden “mantener o adoptar una definición menos restrictiva). No obstante, tienen  la facultad de adoptar en sus respectivos Derechos nacionales disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y de los períodos de descanso más favorable para los trabajadores que la determinada por esta Directiva.

Tercero: del contenido de la Directiva 2003/88 no se deriva la obligación de los Estados miembros de retribuir los períodos de descanso. Por consiguiente,
“pueden establecer en su Derecho nacional que la retribución de un trabajador en «tiempo de trabajo» no sea la misma que la de un trabajador en «período de descanso», hasta el punto de que pueden no reconocer retribución alguna durante este último período”.

Cuarto: en relación a la calificación del tiempo de guardia, el TJUE (recogiendo el acervo doctrinal de las sentencias citadas al inicio de esta entrada) expone lo siguiente:

– los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso» se excluyen mutuamente (por consiguiente, hasta el momento, el Derecho de la Unión no contiene una categoría intermedia: o se califica como «tiempo de trabajo», bien de «período de descanso»).

– entre los elementos característicos del concepto de «tiempo de trabajo» (ex art. 2) no figuran la intensidad del trabajo desempeñado por el trabajador por cuenta ajena ni el rendimiento de éste.

– la presencia física y la disponibilidad del trabajador en el lugar de trabajo, durante el período de guardia, a los efectos de prestar sus servicios profesionales debe considerarse comprendida en el ejercicio de sus funciones, aun cuando la actividad efectivamente desempeñada varíe según las circunstancias.

– el factor determinante para la calificación de «tiempo de trabajo», es el hecho de que el trabajador está obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad.

– las guardias localizadas (esto es, estar accesible permanentemente sin estar presente en el lugar de trabajo) no pueden recibir igual calificación, especialmente, porque “en esta situación el trabajador puede administrar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus intereses personales”.

Así pues, la aplicación de esta matriz conceptual al caso concreto lleva al TJUE a afirmar lo siguiente:

“la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos, limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en la situación del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses personales y sociales.

Habida cuenta de tales limitaciones, la situación del Sr. Matzak se distingue de la de un trabajador que, durante su servicio de guardia, simplemente debe estar a disposición de su empresario a los efectos de que éste pueda localizarle.

En estas circunstancias, el concepto de «tiempo de trabajo», establecido en el artículo 2 de la Directiva 2003/88, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación en la que un trabajador tiene la obligación de permanecer en su domicilio durante el período de guardia, de estar a la disposición del empresario y de poder presentarse en su lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos”.

B.- Valoración crítica
Comparto el criterio del TJUE y creo que se alinea con la línea interpretativa que ha mantenido hasta la fecha.

No obstante, es importante tener en cuenta que el fallo queda sustancialmente circunscrito por las circunstancias muy particulares del caso: la cuestión relativa al tiempo de respuesta (recuérdese, 8 minutos) y las posibilidades que este tiempo permita para “dedicarse a sus intereses personales y sociales” son absolutamente determinantes.

Por consiguiente, parece que, si no se dan unas circunstancias “próximas” a las descritas, no creo que pueda afirmarse que “guardias localizadas” puedan calificarse como “tiempo de trabajo” (al menos, no creo que pueda extraerse esta afirmación a partir de la fundamentación de la sentencia).

En todo caso, en la medida que habrá que analizar las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, no nos quedará más remedio que permanecer a la expectativa.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Ofensiva de los altos funcionarios: propondrán al Congreso limitar los cargos ‘a dedo’ en el Estado

El Gobierno y los partidos políticos tendrán que retratarse al tener sobre la mesa una proyecto legislativo ya redactado para poner límites al acceso y cese en la cúpula del Estado

Revista de prensa. El Independiente.- La élite de los funcionarios planea poner en un aprieto a la clase política. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca) trabaja desde hace un año y medio en la idea de elaborar un proyecto normativo para regular el acceso, el cese, la evaluación o las retribuciones en determinados puestos de responsabilidad de la Administración, fundamentalmente en torno a las direcciones generales de ministerios y organismos públicos. El objetivo, reducir a los casos estrictamente necesarios los nombramientos ‘a dedo’ y purgar la actual politización de lo público.
El ministro Cristobal Montoro y el presidente de Fedeca, Jordi Solé
El plan es poder presentar dicho proyecto ya redactado al ministro de Hacienda y a los Grupos Parlamentarios y difundirlo a través de los medios de comunicación antes del mes septiembre. De esa forma, dice el presidente de Fedeca, Jordi Solé, tanto el Gobierno como la oposición tendrán que abordar la cuestión o mandar el documento al cajón, es decir, retratarse de una u otra forma.

Es un objetivo ambicioso, no se ha dado este paso desde la creación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, aunque la organización, que representa a un colectivo de entre 15.000 y 16.000 altos funcionarios, ya cuenta desde hace unos años con un texto que nunca llegó a ver la luz y que ahora se está actualizando y retocando.

Fedeca quiere tener un documento redactado para septiembre
Queda por definir, por ejemplo, si se el texto afecta a los secretarios de Estado también o si se les deja fuera, o si se aplica también a los subdirectores generales. Todo depende de qué se quiera considerar como alto cargo dentro de la administración y de cuáles están sujetos o no actualmente a sistemas de libre designación de acuerdo con la normativa desarrollada desde 1984.

Una vez aclaradas estas cuestiones, habrá que consensuarlas entre las 47 asociaciones que conforman Fedeca. Ya en verano, si la organización cumple los plazos que se ha marcado, distribuirá el documento según lo previsto. A partir de ahí, es fácil votar en sede parlamentaria a favor de una subida salarial para los empleados públicos, pero no lo es, en cambio, hacerlo para limitar los nombramientos ‘personalizados’ en las altas esferas de la Administración.

Por el momento, UPyD llevó durante años una iniciativa semejante en sus programas electorales, mientras que Ciudadanos también ha planteado desde hace años la necesidad, por ejemplo, de sustituir a los asesores y cargos de confianza por funcionarios de carrera. El problema lo tendrán, según Fedeca, partidos como PSOE y PP, que “tienen un pasado”.

“Todos nos dan la razón salvo el Gobierno de turno, que cuando está en la oposición también nos escucha, dice que para adelante y luego acaba todo en el cajón. Así que vamos a cambiar la estrategia, en lugar de denunciarlo, vamos a tomar la iniciativa. Vamos a sacar un proyecto legislativo para ponerlo encima de la mesa de los grupos parlamentarios y del ministro, para decirles ‘tenéis la ley, sino os gusta cambiarla, asumid ese riesgo político de cambiarla o de mandarla al cajón, y si hacéis esto último lo denunciaremos'”.

La bisagra entre la política y la Administración
La atalaya desde la que se dirigirán los altos funcionarios a la clase política les ofrece una visión privilegiada del problema. Son, en palabras de su presidente, Jordi Solé, “una bisagra” entre el poder político y la Administración. Abogados del Estado, inspectores de Hacienda…miembros de la élite de lo público que pelean por seguir siendo ese engarce, pero desde la profesionalización y la independencia.

El problema, dice Jordi Solé, no es la existencia de puestos de libre designación para funcionarios de carrera (no confundir con los asesores), ni que en ellos entren a trabajar personas con cierta vinculación política, sino que esa vinculación sea el único criterio y que esta posibilidad se de en cada vez más ámbitos de la Administración, no solo allí donde realmente es necesario el nombramiento de personas de confianza.

La libre designación está bien pensada, pero necesita ajustes
“La libre designación está bien pensada, pero en puestos en los que de verdad haga falta un cargo de confianza personal, que no necesariamente política”, añade Solé, para quien “no es tanto una cuestión de normas, porque las grandes leyes están bien hechas, como de ir cerrando grietas”, como la que también se ha abierto con la proliferación del pago por productividad, pero no en función de una evaluación de desempeño, sino de la decisión del jefe. “Hay que intentar hacer ajustes, crear una buena evaluación del desempeño”, pone como ejemplo.

Un problema a todos los niveles
Los altos funcionarios lamentan que en los años de la crisis se haya extendido la politización de las altas esferas de la Administración. Hablan de “reguladores capturados”, de “pérdida de independencia de los órganos de control”. Pero Fedeca también cree que se trata de un problema que alcanza a estratos cada vez más bajos de la Administración, de ahí su extensión.

Pone ejemplos en todas las escalas, algunos anónimos y otros con nombre y apellido.”Eres inspector de Hacienda en Soria cobrando un sueldo bajo y te ofrecen un puesto en Madrid con un sueldazo. Tienes la opción de ir, en lugar promocionar durante 20 años. Pero cuando llegas ahí ¿quién es el valiente que contradice al jefe para que te cesen de mala manera y te tengas que volver a Soria?”, comenta Solé.

Casos más concretos tuvieron lugar recientemente en la Dirección General de Tráfico (DGT) o en la Seguridad Social. Hace exactamente un año, Fedeca denunciaba que varios cargos de dirección en el Estado habían sido ocupados por personal no funcionario en ámbitos en los que existía un cuerpo de altos funcionarios.

Se referían al nombramiento de Miguel Ángel García como director general de Ordenación de la Seguridad Social, o, aún más sonado, el de Gregorio Serrano, como director general de la DGT. Estos casos, a ojos de Solé, muestran que “en España aún se mantiene la cultura del cortijo, de que cada Gobierno que llega pone a los suyos”.

Fedeca se fija en el esquema de nombramientos portugués
Otro caso paradigmático, según el presidente de Fedeca, es el de aquellos altos cargos que, una vez cesados sin que se encuentre para ellos un puesto nuevo, se mantiene el sueldo durante más de una década, excediendo el tiempo previsto por la ley durante el que se mantiene esta retribución a modo de ‘paracaídas’.

A la pregunta de cómo lo hará la organización para promover cambios legales que van en contra de una parte del colectivo que se estaría beneficiando de estas prácticas, Fedeca confía en que estas personas no serán capaces de defenderlas en público.

El ejemplo de Portugal
Por el momento, la representación de los altos cargos no se decanta por un modelo de nombramiento de los directivos públicos. Sin embargo, en Fedeca gusta mucho el modelo portugués, en el que existe una comisión independiente que valora a posibles candidatos para un puesto directivo en la Administración. Supervisa y pondera sus méritos y después eleva al ministro del ramo o a quien corresponda la decisión una propuesta con varios nombres.

Lo que se consigue así, según Solé, hacer una criba previa y evitar, por ejemplo, que “opte a un puesto de director general el penúltimo de la promoción”.

La decisión de pasar de la denuncia a la acción, de dar ese paso a la presentación de una iniciativa legislativa, se debe, en parte, a que los altos funcionarios no tienen representación en las mesas de negociación con el Gobierno. Solo los sindicatos que cuentan con una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector público pueden hacerlo, y ese es a día de hoy un espacio reservado a las grandes centrales. Fedeca se queda fuera con un 7%.


Por eso, Solé asegura que el colectivo negocia en los despachos de las personas que tienen responsabilidades” y, cuando no hay más remedio, pasa a la acción de esta forma. Y es que, aunque los cuerpos superiores del Estado comparten con mayor o menor intensidad las mismas reivindicaciones de los sindicatos de la función pública, echan en falta que en su ideario esté la reivindicación de, por ejemplo, un estatuto del directivo público que garantice su independencia.

martes, 20 de febrero de 2018

Carles Ramió: ¿Por qué degradan a los funcionarios que denuncian corrupción?

Carles Ramió señala que en muchas ocasiones al funcionario que denuncia “lo ponen en el cuarto oscuro a hacer fotocopias, lo degradan de supuesto objetivo, recibe una pena económica enorme y si cambia el partido que gobierna en su administración tampoco lo quiere porque se ha chivado”. 

Revista de prensa. La Vanguardia. Las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González esta semana negando que haya “un fenómeno de corrupción” política en España al afirmar que lo que se ha producido es “un descuido generalizado” han causado un gran revuelo.

Carles Ramió
Carles Ramió, director académico del Máster Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la UPF Barcelona School of Management considera que aunque corrupción en la administración, en general, los funcionarios no han sido corruptos.

“Los empleados públicos, los funcionarios, no han sido corruptos en términos generales pero ha habido corrupción en la administración. Es una paradoja. Y eso se explica en que los funcionarios no han caído en su gran mayoría en sus prácticas corruptas pero no han estado suficientemente empoderados para poder haber evitado las prácticas de corrupción”, asegura.

“Hay un autor clásico que se llama Alejandro Nieto que dice que un político no puede ser corrupto si no le ayuda un funcionario por acción o por omisión. Aunque pudiera interpretarse esta frase pensando en que los funcionarios también han sido corruptos, lo cierto es que no lo son porque los indicadores no muestran que exista corrupción entre los funcionarios”.

Insiste en que lo que ha sucedido es que no la han pedido evitar, porque la han intuido, en algunos casos la han visto, pero no han estado suficientemente empoderados para poderla denunciar.

Delator protegido
En este sentido señala que en muchos países existe la figura del delator protegido que en la cultura española suena fatal y explica que en España, cuando un funcionario presenta una denuncia, es pública “con lo cual al día siguiente se le cambia de puesto de trabajo, es degradado y entonces incluso los servicios jurídicos de la propia administración, que los externalizan, defienden a los políticos”. Recalca que los políticos van en contra del propio denunciante porque ha dado información reservada y a veces sucede la paradoja de que el denunciante es el que tiene la sentencia judicial en contra.

“A los empleados públicos y a los funcionarios les tenemos que exigir todos que sean éticos, que sean neutrales, pero no les podemos exigir que sean héroes y mucho menos que sean mártires. Que un funcionario denuncie la corrupción y se acabe convirtiendo en un mártir eso quiere decir es que falla el sistema institucional no funciona”, señala.

Carles Ramió señala que en muchas ocasiones al funcionario que denuncia “lo ponen en el cuarto oscuro a hacer fotocopias, lo degradan de supuesto objetivo, recibe una pena económica enorme y si cambia el partido que gobierna en su administración tampoco lo quiere porque se ha chivado”. “Cuando uno denuncia entra en una situación de heroísmo y martirio. Y casi nadie, lo hace como es lógico, recalca.


lunes, 19 de febrero de 2018

R. Jiménez Asensio: Función Pública II, Los efectos de la crisis

Por Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Función Pública II. Los Efectos de la crisis

El estado del empleo público tras el período de contención presupuestaria.
 ¿La salida del túnel?: el esperado fin del ciclo de contención presupuestaria.Todas las crisis económicas son cíclicas. La actual, transformada en una crisis fiscal de profundidad y extensión desconocidas, lleva mucho tiempo con nosotros, aunque ahora parece advertirse en el horizonte la salida del túnel.

 Lo cierto es que España una y otra vez ha venido incumpliendo los objetivos de reducción del déficit público que le imponía la Comisión Europea. Las instituciones europeas, atendiendo a la dimensión de la crisis y a sus efectos, nos han venido dando diferentes aplazamientos con la finalidad de que la economía española no se estrangulara totalmente con esas políticas de ajuste. El crecimiento económico, finalmente, ha ido apareciendo en escena en los últimos ejercicios. Son cifras esperanzadoras desde la perspectiva macroeconómica, falta aún que se terminen de trasladar de forma efectiva al tejido productivo, a los salarios, al consumo y, sobre todo, de forma más sostenida y profunda al empleo.

Aunque todas estas variables están ofreciendo ya indicadores positivos, pero el desajuste fiscal todavía continúa y los porcentajes de deuda pública no parece que vayan a remitir –tal como auguran los expertos- en los próximos años. La debilidad del sistema económico-financiero español es evidente. Y cualquier complicación en el panorama financiero internacional podría tener consecuencias serias sobre una economía y sobre un sector público muy frágil ante movimientos sísmicos que se puedan producir.


Aprender de la crisis
Aun así, nuestro aprendizaje sobre los efectos de la crisis y cómo corregirlos ha sido muy torpe. El aprendizaje o la capacidad de extraer lecciones de un proceso tan duro como el que se ha vivido en estos últimos años no ha sido precisamente el punto fuerte de las administraciones públicas españolas, ni menos aún de la política o de los sindicatos del sector público, pues estos últimos actores al mínimo repunte que ofrece el panorama económico vuelven a restaurar la cadena de demandas pendientes de satisfacción, que aquellos (los políticos) acceden a reconocer, salvo contadas y loables excepciones que habrían de resaltarse debidamente por su sentido de la responsabilidad. Pero estos son los duros. Y no interesan.

Si la situación de ese largo período fue en sí mismo compleja, la cuestión de complicó aún más durante los años 2015-2016, pues la parálisis política o el bloqueo institucional que implicaron dos procesos electorales consecutivos (con un gobierno de salida, otro largo en funciones y otro por arrancar) tuvo como consecuencia una total parálisis gubernamental. Y un bloqueo de tales características se paga con un coste altísimo de pérdida de competitividad económica e institucional, también en lo que afecta a procesos de adaptación, transformación o cambio, tan necesitados de impulso político y gestor en nuestro sector público. En efecto, aparte de las elecciones generales consecutivas, durante esos dos años fueron varios los procesos electorales que se celebraron (y algunos otros que siguen), con la consiguiente parálisis de la administración y de cualquier tipo de medidas que afectaran al empleo público o a las reformas (ahora inéditas) de la administración pública.

Además, con las elecciones o la proximidad de estas, comienza a florecer la magnanimidad de la política hacia los funcionarios y resto de empleados públicos, pues nadie olvida que son un buen puñado de votos por el que cabe disputar. Así, se comenzaron a plasmar un rosario de “donaciones graciosas” que se pueden sucintamente recordar. Primero fue la recuperación de un día de los perdidos por asuntos propios, luego del resto, más adelante los días de permiso por años de vinculación con la administración pública (“canosos”) también se recuperaron, junto con otros derechos preteridos en etapa de crisis. Y ahora se anuncia la restitución de la jornada de las 35 horas semanales y, por tanto, la supresión de las 37,5 horas que todavía deben trabajar los empleados públicos, salvo en aquellos casos que se ha echado mano de trucos de prestidigitación horaria como los realizados por algunas instituciones, aunque hay otras que –más groseramente aún- ignoran de plano esas exigencias normativas. En efecto, cuando las elecciones se aproximan, sean del tipo que fueren, los gobernantes de turno (sean también quienes fueren) sacan “la chequera presupuestaria” para satisfacer las demandas sindicales de mejora de las condiciones retributivas y de trabajo de los empleados públicos. Nadie protesta por ello, la ciudadanía no se entera y ninguna otra fuerza política se queja: son millones de votos y con ellos no se juega. Poca broma. Silencio general.

En cualquier caso, todo apunta a que el escenario financiero en el que se moverán las administraciones públicas en los próximos años será, en principio, bastante más halagüeño del que hasta ahora se ha tenido, sobre todo en los últimos diez años. Un analista financiero de la solvencia de Juan Ignacio Crespo ha vaticinado (y sus pronósticos suelen cumplirse con pocas desviaciones) que, tras el largo ciclo de contención fiscal, se inaugurará un largo y sostenido ciclo de (relativa) bonanza que puede durar en torno a quince años. Pero antes de que se abra ese largo y esperado ciclo, tendremos que pasar –según ese autor- por la penitencia de una recaída económica, cuyo foco de incendio será Estados Unidos, pero que se contagiará  fácilmente a Europa y, por descontado, a España. Bien es cierto que, tal como se pronostica, sería (caso de cumplirse) una recesión de rápida caída (y esperemos) de recuperación también acelerada después. Pero España, como se ha dicho, está aún muy hipotecada por las brutales heridas que se han producido sobre la economía y sobre el sector público durante los años de la crisis. No se dispone de cortafuegos o anticuerpos que puedan evitar a corto plazo un nuevo incendio económico y una afectación seria a sus ingresos fiscales o a su frágil empleo. Y, además, a ello se une, como es sabido, una crisis política, institucional y territorial de magnitudes considerables. Dependiendo, sin duda, de todas las variables e incertidumbres que juegan es este tema, la salida de la crisis será más o menos rápida. Pero puede estimarse que en torno a 2019-2020 esa puerta de salida tal vez sea completamente franqueada, aunque los efectos presupuestarios (que siempre son diferidos por la caída de ingresos fiscales de la recesión anterior) pueden demorar algún tiempo ese final del túnel para el sector público. Y, por tanto, también para el empleo público.

Desgarros del empleo público tras la crisis: el (mal) estado de la institución
Lo cierto es que, tras este largo ciclo (aún no cerrado) de contención del gasto público, la institución del empleo público ha sufrido serios impactos y no pocos desgarros. Han sido, en efecto, más de ocho años y esos efectos pueden prolongarse aún algún tiempo. En todo caso, tras esa larga travesía cabe preguntarse cuál es la imagen de la institución de función pública o del empleo público que ha quedado después de esa profunda y extensa crisis. Y el (mal) estado de la institución que saldrá de ese túnel se resume, a mi juicio, en los siguientes elementos:

-El empleo público está mucho más envejecido del que había antes de que se produjera la entrada en la situación de crisis (y, no obstante, aquel no era precisamente joven en aquellos momentos). Esa función pública cargada de años (también “de hombros”, si se permite la metáfora), es la que debe afrontar los retos indudables de transformación de las Administraciones Públicas en materia de digitalización (lo cual no deja de ser una enorme paradoja), así como la que debiera colaborar en ese proceso de transferencia o gestión del conocimiento como consecuencia de las jubilaciones masivas que se producirán en el sector público y, especialmente, en los puestos de trabajo estratégicos de esas organizaciones durante los próximos diez años. Otra cosa es que alguien haya pensado en ello. Algunos profesionales lo han hecho y aquí la referencia a Mikel Gorriti es obligada. También alguna institución, como el Gobierno Vasco. 

-Pero es un reto que, guste más o menos, todo el sector público deberá afrontarAsimismo, el empleo público (aunque esta es una característica que se arrastra desde la formación del Estado autonómico y la creación de las Comunidades Autónomas, así como desde la configuración de una Administración local cerrada a sí misma) se encuentra diseminado en compartimentos estanco, en cierta medida roto en pedazos (territoriales, sectoriales, corporativos, por grupos de clasificación o por regímenes jurídicos), sin que se pueda hablar de que existe una figura de servidor público con características comunes u homogéneas (la única nota común es que los servidores públicos cobran de los presupuestos de cada administración), pues esos rasgos pretendidamente compartidos se han ido diluyendo en los últimos años hasta desvanecerse por completo, lo que al menos exigiría una política enérgica de recuperación de valores de servicio público que sean comunes para las distintas administraciones y su sector público dependiente.

-Además se trata de un empleo público caracterizado por su debilidad institucional, pues realmente no tiene nadie que defienda a la institución, ya que los sindicatos del sector público (al menos eso es lo que han demostrado hasta la fecha) son impotentes a la hora de pensar institucionalmente y no trascienden de la pura defensa de las mejoras individuales de los empleados públicos (retributivas, de condiciones de trabajo o de estatuto), sin que sean capaces de proyectar su estrategia y pensar institucionalmente (por emplear el concepto acuñado por Hugh Heclo).

-Buena parte de las plantillas del sector público tienen, asimismo, un nivel de tecnificación ciertamente bajo, dada la gran presencia aún (objetivamente injustificada) de un número desorbitado de personal instrumental, que en la era de la información y de las comunicaciones, así como en la sociedad del conocimiento, tales perfiles instrumentales juegan (y jugarán más aún en un tiempo inmediato) un papel en muchos casos prescindible y que, casi con total seguridad, buena parte de esas tareas mecanizadas serán desplazadas a corto/medio plazo por la digitalización y la robótica, cuando no por la propia inteligencia artificial. Qué sentido tiene, por tanto, ofertar en estos momentos ingentes plazas de auxiliares y administrativos como están haciendo algunas Administraciones Públicas. Hay que identificar nuevos perfiles de competencias que necesitará ineludiblemente la Administración del futuro y apostar por la inserción de aquellas personas que los acrediten en las organizaciones públicas.

-Por consiguiente, en su actual configuración, la institución del empleo público, salvo contadas excepciones, se muestra, como vengo insistiendo, claramente inadaptada para afrontar los retos vitales de las organizaciones públicas en un momento de grandes transformaciones en ámbitos tales como la administración digital o de la  apertura de datos, de la protección de datos, cuando no de la propia transparencia o rendición de cuentas.

-El empleo público que ha salido de la crisis tiene como nota dominante también –con honrosas y singulares excepciones- una baja implicación y un sentido de pertenencia debilitado, pues hay poca percepción de servicio a los ciudadanos (salvo en algunos ámbitos sectoriales y en algunas personas), consecuencia -una vez más- de un distanciamiento gradual entre el carácter público de la organización y las personas que allí trabajan, que en no pocos casos perciben erróneamente que el empleador es el político que circunstancialmente lleva las riendas del gobierno de la institución, diluyéndose paulatinamente la conexión entre servidor público y ciudadanía.

-En buena parte todo ello procede, como ya se ha dicho, de una anomia de valores en la función pública o en el empleo público. En gran medida ese vacío no hace sino representar la escasa presencia que los valores tienen en el sistema educativo y en la sociedad en general, pero el hecho de que se hayan descuidado tanto en el sector público es responsabilidad plena de aquellas personas que lo han dirigido, pues no han prestado ninguna atención a la transcendencia que tal cuestión tenía para el correcto funcionamiento de las organizaciones públicas y para la propia satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos. Síntoma evidente de que tenemos unas instituciones enfermas o, al menos, con síntomas evidentes de enfermedad, lo cual no quiere decir que tales síntomas no se puedan tratar y resolver.

-La crisis ha tenido, asimismo, unos efectos devastadores sobre las unidades de Recursos Humanos del sector público y las personas que allí trabajan. Al no llevarse a cabo ninguna política de reforma y solo de ajuste, estas unidades se han dedicado a gestionar la miseria, a la pura intendencia, con la finalidad de “salvar los muebles” (cuadrar el presupuesto de gastos de personal). Se han olvidado no solo los planteamientos estratégicos del empleo público, sino también se han dejado dormitar herramientas tan importantes de gestión de personas en las organizaciones públicas como las políticas de reclutamiento y selección (que ahora remontan en un panorama desconcertante donde se recuperan formas y procedimientos absolutamente periclitados), la evaluación del desempeño o la gestión de la diferencia, así como la carrera profesional. Por no seguir con la matraca de la DPP, enterrada antes de nacer. Habrá que quitar la caspa y ponerse a innovar.

Escaso prestigio social
-Y, en fin, un rasgo dominante en el empleo público, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es su escaso prestigio social. Si exceptuamos algunos ámbitos de actuación pública, la condición de empleado público o de funcionario se relaciona habitualmente con aquellas personas que disponen de un empleo estable obtenido en unos casos mediante pruebas de acceso competitivas y en otros tantos mediante favores o pruebas de laxitud considerable, que trabaja sin grandes exigencias y que dispone de un estatuto de notable privilegio (inamovilidad) frente al común de los mortales. Es posible que haya mucho de estereotipo en ese imaginario colectivo de lo que es un funcionario, pero no es menos cierto que esa imagen un tanto desfigurada se ha ido trasladando en diferentes momentos históricos (desde la literatura costumbrista del XIX) hasta llegar a nuestros días. No es previsible que, en esas condiciones, la institución dure eternamente. Para superarla solo hay una solución: introducir alto nivel de exigencias en el acceso y en el desarrollo profesional de esos empleados públicos, así como incorporar plenamente los valores de servicio público, no solo a través de la mera declaración legal o en códigos éticos, sino sobre todo, mediante la práctica de tales valores y normas de conducta en el ejercicio profesional. Pues tal como afirmaba en su día el filósofo Javier Gomá, en su espléndido libro Ejemplaridad pública (Taurus, 2009): la ejemplaridad (y añado aquí, la profesionalidad)  no se predica, se practica.

domingo, 18 de febrero de 2018

Los riesgos de la remunicipalización de servicios públicos

Debate de expertos en El Confidencial con motivo de la presentación del libro: 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos' Editorial Almuraza

Revista de prensa. El Confidencial.- El de la remunicipalización es un debate que resurge o nunca desaparece porque siempre se lleva a la ideología. Después de años de externalizar la gestión de los servicios públicos vuelve a aparecer con fuerza la idea de la reversión a la gestión directa. ¿Existen soluciones menos traumáticas que aporten mayor seguridad y estabilidad para todos? ¿Qué riesgos conllevaría la remunicipalización de los sectores que hasta ahora han funcionado con concesiones?

Todos los modelos de gestión son posibles, pero para decidir entre ellos es necesario pensar en el bien común, evaluarlos técnicamente y cumplir las leyes. Esta premisa es la que han defendido los autores del libro 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos' en un encuentro que tuvo lugar en el El Confidencial para debatir sobre el tema. 

En torno a esta idea han debatido Manuel Pimentel, doctor en Derecho y exministro de Trabajo; Carlos Alfonso, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana; Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela; Roger Cots i Valverde, secretario general del Ayuntamiento de Gavá y profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB; María José Feijóo, profesora titular Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal en la Universidad Rovira i Virgili.

Más allá de la frecuente polarización que desata el tema, hay una reflexión que hacer sobre las capacidades y limitaciones que ofrecen ambos tipos de gestión. El ciclo de la externalización se podría estar terminando pero, ¿están los ayuntamientos dotados de suficientes recursos y capacidad para asumir la gestión de los servicios públicosen la actualidad?

Remunicipalización, "un concepto equívoco"
¿Es cierto que con la gestión indirecta los poderes públicos ponen en manos de la empresa privada el gobierno de determinados sectores y se desentienden de su actividad? Solemos entender la externalización como sinónimo de privatización cuando en realidad son conceptos distintos, según los expertos consultados por este periódico. En el debate sobre la remunicipalización esclarecer sus diferencias es fundamental. La primera de ellas pasa por apuntar que en la externalización la administración pública "sigue controlando la actividad".

La mayoría de veces que se remunicipaliza sale más caro al ciudadano que cuando la gestión se externaliza. (Manuel Pimentel)

La ley consagra dos modelos de gestión, pública o privada, pero para Manuel Pimenel “la remunicipalización es un concepto equívoco porque la titularidad siempre es municipal” y, en su opinión, existen algunas ideas erróneas sobre los beneficios de la reversión. Por ejemplo, afirmar que la gestión privada de los servicios públicos sale más cara en términos sociales y económicos.

Según Pimentel esta idea no es del todo cierta, ya que “la mayoría de las veces que se remunicipaliza sale más caro al ciudadano que cuando esa gestión está correctamente externalizada”. Aceptar que no hay un modelo único es para los expertos el único punto de partida válido para lograr el bien común. Por ello, ante una posible entrada al ciclo de la reversión, el exministro recuerda que “hay gestiones privadas muy eficaces, que invierten en innovación, aplican nuevas tecnologías y comparten gastos que consiguen que la gestión privada no solo tenga mucha más calidad, sino también sea más económica”.

Cada municipio, un contexto diferente
En el dilema de la remunicipalización no se puede pasar por alto que el régimen local actual no establece diferencias entre municipios. Hasta ahora la uniformidad se ha tapado con leyes ad hoc en la grandes ciudades pero, ante una posible reversión, ¿habría que establecer diferencias entre los municipios que tienen capacidad de gestión y los que no?

Con el problema de la infrafinanciación de los municipios, Luis Míguezes muy claro: “La remunicipalización ha sido un fiasco, los ayuntamientos se encuentran con que no son capaces de asumir la gestión directa porque dependen de transferencias y subvenciones que a veces no llegan”.

La remunicipalización ha sido un fiasco, los ayuntamientos se encuentran con que no pueden asumir la gestión. (Luis Míguez)

Roger Cots, por su parte, lamenta que históricamente “en los municipios pequeños existe una especie de dejadez que solo se puede erradicar con buenos procesos selectivos y una mayor formación”. Para él, la clave de la excelencia en los servicios públicos está en el control, la dirección y la supervisión, ya que “no por tener más controles conseguiremos ser mejores”. Precisamente la falta de control sobre las empresas privadas ha sido uno de los incentivos que han acelerado este cambio a lo público.

Sin embargo, Luis Míguez insiste en que “una cosa es que los ayuntamientos, por voluntad o capacidad, no hagan uso del poder tienen por ley” y otra negar que “el poder de la administración sobre el contratista es muy fuerte porque implica tener una empresa privada sometida a fuertes controles por parte de la administración”.

¿Riesgo de trabajo precario?
La reversión de lo privado a lo público tiene sus riesgos, entre ellos los que afectan al empleo. En ocasiones los ayuntamientos tienen que buscar fórmulas para que el personal pueda ser integrado en la plantilla municipal, una cuestión que según los expertos no es tan sencilla de resolver jurídicamente.

María José Feijóo recuerda que para acceder a la condición de empleado público y respetar el principio de méritos sería necesario superar un proceso de formación y selección. Por ello, en el cambio a la gestión directa “hay personas con condiciones laborales muy favorables que se podrían ver afectadas”

Ante este reto, Carlos Alfonso advierte que “la vuelta a lo público no puede suponer nunca un empeoramiento de la calidad del empleo ni la estabilidad de los trabajadores”. Pero, ¿existen suficientes garantías para impedir la precarización del empleo?

Para Carlos Alfonso, la nueva legislación de contratación pública de 2017 deja claro que “es esencial que exista transmisión de bienes patrimoniales entre el empresario que cede el servicio y la administración que lo recupera, porque de eso determinará que haya sucesión o no”. Y es que de esta decisión dependerá que se pueda incorporar a los trabajadores como empleados manteniendo su estabilidad.

¿Qué es más eficiente?
Para los expertos queda claro que la excelencia de los servicios públicos es posible tanto con la gestión pública como privada. Sin embargo, para conseguirlo insisten en que hay que ir más allá de la cuestión ideológica, analizar cada caso y atender a un principio clave: el interés general.

Decidir qué tipo de modelo es más eficiente para el ciudadano, es según Roger Cots “una decisión económica, porque el interés público no tiene apellidos políticos, sino que es de todos”. En su opinión, “venimos de una época en que se han forzado modificaciones contractuales inverosímiles” y que ahora “independientemente del tipo de gestión la decisión debe ser sostenible económicamente y favorecer a todos”.

Decidir qué modelo es más eficiente es una decisión económica: el interés público no tiene apellidos políticos. (Roger Cots)

Limitar la capacidad de contratación de los municipios es, para Carlos Alfonso, otra de las claves para poder ser eficientes. La legislación en materia de contratos del servicio público ha mejorado los criterios sociales y medioambientales.

En su opinión, por tanto, ahora hay mecanismos para estudiar cada caso, y eso es importante porque “es ineficiente delegar determinadas cuestiones a los ayuntamientos”.

El temor del ciudadano: la corrupción
Uno de los motivos que no se explicitan en el debate de la remunicipalización es el del juego sucio en las concesiones. Tras años de externalización de los servicios públicos, la idea de volver a lo público ha calado con cierto éxito como forma preventiva contra la corrupción.

Pero la nueva ley de contratación pública de 2017, según Gonzalo Quintero “ya no permite la vieja manera de recuperar una concesión de servicio invocando el interés general, ahora tiene que presentar un paquete de motivaciones y justificaciones para proceder a la expropiación del que hasta ahora ha sido concesionario”.

El catedrático de Derecho penal en la Universidad Rovira i Virgili admite que “la imagen de que la vía de la contratación pública ha sido una de las fuentes de corrupción no es un invento” pero se pregunta cómo se puede combatir el secretismo en la contratación.

Por su parte, María José Feijóo cree que “es importante que el ciudadano tenga más información sobre qué porcentaje de dinero en los contratos se lleva quién”, algo que se ha hecho en otros países y que, según la experta, sería positivo trasladar aquí. Plantearse la necesidad de un marco regulador, en su opinión, contribuiría a calmar el debate de la remunicipalización, ya que “nos daría mayor previsión y seguridad jurídica que trascienda el periodo temporal de los mandatos”.

sábado, 17 de febrero de 2018

Novedad editorial INAP: Calidad,transparencia y ética pública

Director: Jaime Pintos Santiago.  Autores: Bernabé Palacín Sáenz / José Luis Martín Moreno / Roberto Mayor Gómez / Jorge Fondevila Antolín / Javier Ruiz-Tapiador Sanmartín. INAP.- Número de páginas: 278. PVP-16 euros en papel y 6,5 euros ebook.

INAP.- Aunque seguimos hablando de ello hoy en día, casi siempre es para cuestionar la vigencia de la calidad como herramienta de apoyo a una Administración que quiere ser moderna, útil, responsable y generadora de bien público, donde el libre ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos legitima su razón de ser. 

Este trabajo quiere reivindicar los modelos de gestión de la calidad y los principios que los inspiran, verificando que, salvo por una escasa puesta en práctica, ambos casan bien con los precursores de las normas por las que se conducen las Administraciones, colocando estos modelos de gestión de la calidad y sus principios a las personas como centro de atención, en una visión socialmente responsable de las organizaciones.


Contenido: 
Presentación. Relación de autores por orden alfabético. 

PRIMER PILAR. LA CALIDAD. 
Capítulo I. La calidad como herramienta para conseguir un modelo eficiente de gestión pública, socialmente responsable. 

SEGÚNDO PILAR. LA ÉTICA PÚBLICA. 
Capítulo II. Ética y derecho en la Administración Pública del siglo XXI. 
Capítulo III. Provisión y cese por el sistema de libre designación como instrumento para la mejora de la ética y la profesionalidad en la gestión pública. Capítulo IV. Los valores éticos y la transparencia en el empleo público: una exigencia ineludible ante la desprofesionalización de las Administraciones Públicas. 

TERCER PILAR LA TRANSPARENCIA. 
Capítulo V. El transversal principio de transparencia en las Administraciones Públicas. 
Capítulo VI. Dispersión normativa en el desarrollo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.