lunes, 11 de diciembre de 2017

¿Es realmente libre la "libre designación"?

"Lo que la jurisprudencia está exigiendo en la libre designación es que esos criterios -baremos- existan, aunque sean fijados después de la convocatoria, ya a la vista de los candidatos, y se expliciten sólo en la resolución del procedimiento"

Por Alejandro Huergo. Blog Elalmacendederecho.org. - En otras ocasiones he escrito (aquí y aquí) sobre los procedimientos de selección de altos cargos, que son entre otras cosas, un mensaje muy importante del Estado a la Sociedad, porque esas reglas indican si para obtener un cargo es más importante ganar la confianza de un partido político o adquirir los méritos o capacidades presumiblemente necesarios en el desempeño del cargo. Last but not least, ahí se juega el cumplimiento de dos normas constitucionales: la que protege el derecho a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2) y la que exige que el acceso a la función pública se produzca “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad” (art. 103.3).

Ya hemos visto en ocasiones anteriores que, desde el punto de vista jurídico, podemos distinguir tres regímenes diferentes:

Los cargos políticos (Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario, Director General y sus equivalentes autonómicos). En ellos predomina el factor de la confianza política, es decir, la confianza de quien realiza o propone el nombramiento, entre otras cosas porque el éxito de su gestión va a depender de la actuación de sus colaboradores. En algunos casos no se exige ningún requisito curricular (por ejemplo para ser Ministro o Secretario de Estado), mientras que en otros (por ejemplo, Director General) hace falta ser funcionario perteneciente a un cuerpo para cuyo ingreso se exigía el título de Licenciado y ahora el de Grado.

En un segundo grupo tenemos el amplio mundo de los altos cargos en las autoridades independientes y organismos públicos de todo tipo. Se trata de una zona muy extensa, carente de una regulación general, y en la que se están centrando los esfuerzos dirigidos a racionalizar el sistema y a cambiar ese “mensaje” que se dirige a la sociedad, al que antes me referí. Además es un ámbito muy importante porque son puestos de nivel profesional alto. Aquí el criterio determinante ya no puede ser la confianza, entre otras cosas porque una parte importante de estos puestos tienen la función de controlar al Ejecutivo, siendo precisamente esa búsqueda de imparcialidad la que ha llevado a crear las autoridades independientes, desgajándolas de la Administración. Incluso en el caso de otros organismos que no tienen esa función de control, existe una exigencia de especialización técnica o sectorial que debería impedir nombramientos basados sólo en la confianza.

El tercer campo es el de los nombramientos en las Administraciones Públicas. Por debajo del nivel político, los procedimientos son el concurso de méritos y la libre designación, tal como establece una norma estatal vinculante para todas las Administraciones Públicas, el artículo 78.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). Además, el elegido ha de ser funcionario perteneciente a unos cuerpos determinados, lo que garantiza que cualquiera que sea nombrado, ha superado una selección previa.

Dentro de este último campo, el punto más débil del sistema, desde el punto de vista de la garantía del mérito y la capacidad, son los supuestos de libre designación. Este procedimiento se planteó desde el principio como el ámbito (residual) en el que el órgano competente elige libremente de entre los candidatos que cumplan los requisitos mínimos exigidos.

De hecho, el reglamento que desarrolla el procedimiento de libre designación en el ámbito estatal (aplicable supletoriamente a las comunidades autónomas y aplicado por muchas de ellas), que es el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado (aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), lo deja muy claro en su artículo 56.2, al decir que para motivar la decisión basta hacer referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo”.

Discrecionalidad
Los esfuerzos para limitar esta amplia discrecionalidad, equivalente en la práctica a libertad de elección entre quienes cumplen los requisitos, se han centrado sobre todo en reducir el número de nombramientos por libre designación. El TREBEP dice que sólo puede aplicarse en puestos “de especial responsabilidad y confianza” (art. 80.2), lo que remite por un lado a puestos “directivos” (aunque los más importantes son de tipo político o altos cargos de organismos públicos, que ya hemos visto que se someten a otras reglas), y también los puestos de secretaría de determinados altos cargos, donde prima el factor de la confianza.

En estas condiciones no es mucho el avance experimentado cuando un cargo deja de ser objeto de un nombramiento “político” y pasa a estar sujeto al procedimiento “funcionarial” de libre designación (es la diferencia que existe, por ejemplo, entre el nombramiento de un Director General y el de un Subdirector General), puesto que ambos casos el único límite efectivo se encuentra en los requisitos funcionariales que se exigen a los candidatos.

El sistema se rompió en el ámbito de los nombramientos para cargos judiciales. La LOPJ preveía y prevé (art. 333) la aplicación de la libre designación (sin nombrarla) para muchos de estos puestos, empezando por todas las presidencias de órganos colegiados. No es nada fácil justificar desde el punto de vista del mérito y capacidad y de la independencia judicial, que en todos esos puestos el factor determinante sea (junto al cumplimiento de los requisitos reglados que todos los aspirantes deben reunir) la confianza del órgano que efectúa el nombramiento.

Después de muchas críticas, incluida la mía, el TS modificó su jurisprudencia, pasando de decir que “la libre designación o el nombramiento discrecional sólo puede apoyarse en la existencia o inexistencia de motivos de confianza que el Órgano de Gobierno competente para formular la propuesta puede apreciar libremente sin estar sometida al requisito formal de la motivación” (STS de 30 de noviembre de 1999, recurso contencioso-administrativo 449/1997), a declarar expresamente superada esa doctrina (STS de 29 de mayo de 2006, recurso contencioso-administrativo 309/2004) y exigir motivación porque la elección basada en criterios de confianza “resulta de imposible traslación a la provisión de vacantes jurisdiccionales, más todavía a las que conllevan esa labor de dirección de un órgano jurisdiccional colegiado, en las que –parafraseando lo dicho en reiteradas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional– incluso las apariencias pueden ser importantes, cuando lo que está en juego es la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben merecer a los que acuden a ellos”.

Señalar los méritos
Se trata de que el órgano que decide el procedimiento de libre designación indique los méritos que se han considerado más importantes para elegir entre los diversos candidatos, y por qué considera que el aspirante elegido es el que los tiene de manera más destacada. Un cambio que ha sido contado, por ejemplo, por Sosa Wagner o Soriano García.

Esta nueva forma de entender la libre designación ha sido aplicada en algunos otros casos (por ejemplo, provisión de cargos funcionariales en el Tribunal de Cuentas), pero no ha sido incorporada a la legislación estatal y en muchos nombramientos ordinarios por libre designación no se aplica.

Por eso es interesante una reciente sentencia, de 19 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo (sentencia 212/2017), que anula un nombramiento de libre designación porque el órgano competente no había procedido previamente a valorar los méritos de los distintos aspirantes (en suma, por falta de motivación): “no existe ninguna explicación ni ninguna motivación del nombramiento controvertido sino, simplemente, consta una propuesta de nombramiento”.

La sentencia apela directamente al artículo 23.2 de la Constitución y también a un argumento indirecto: si la libre designación sólo está justificada en puestos de especial responsabilidad, que se corresponden grosso modo con el personal directivo al que se refiere el artículo 13 del TREBEP, habrá que aplicar también lo que este precepto señala para la selección de este personal, que debe estar basada en procedimientos de “mérito y capacidad, (…) idoneidad, (…) publicidad y concurrencia”. Como dice la sentencia, no hay duda de que la libre designación no puede implicar un nombramiento huérfano de cualquier valoración (…). Así se deduce, aun cuando sea indirectamente, de la normativa aplicable al personal directivo (…), por lo que, con mayor razón, habrá de aplicarse a los puestos ordinarios ocupados por empleados públicos”.

En este caso se da la circunstancia, especialmente tenida en cuenta por la sentencia, de que el puesto no estaba reservado a funcionarios o personal estatutario, sino que podía elegirse a una persona ajena a la Administración, que se incorporaría directamente a este puesto directivo (sin adquirir, obviamente, la estabilidad laboral del funcionario, puesto que de este puesto también puede ser libremente removido):  también en los casos de libre designación y, a fortiori, especialmente cuando se abre la convocatoria a personal ajeno a la condición de personal estatutario, habrá que observar las exigencias de igualdad, mérito y capacidad. Si no se actúa así, esta vía de la libre designación, que en este caso recae sobre personal que no está vinculado previamente a la Administración, se convierte en una vía para el ejercicio de la arbitrariedad o del mero capricho en manos de la Administración para el nombramiento de determinados puestos que, por regla general, deben ocupar empleados públicos”.

Incluso teniendo en cuenta las características del caso concreto, esta doctrina, que llega por otra vía al mismo resultado de la jurisprudencia sobre nombramientos judiciales, podría y debería generalizarse en los nombramientos por libre designación.

¿Qué significa este cambio? ¿En qué queda convertida la libre designación? En la discrecionalidad, la norma jurídica es incompleta y no le dice a la Administración qué tiene que hacer, sino que únicamente establece un marco en el que caben varias opciones. Para que el ejercicio de la discrecionalidad no se convierta en mero decisionismo, el órgano competente debe “completar la norma”, estableciendo un criterio general cuya aplicación al caso concreto lleve a la decisión finalmente adoptada (M. Bacigalupo). Por tanto, no se trata simplemente de tomar una de las distintas opciones que caben en el marco de esa elección discrecional, sino de establecer unos criterios que el órgano competente considera más deseables o convenientes para el interés público y elegir la opción que mejor los cumpla. Aunque en la formulación de estos criterios, es decir, en la tarea de completar la norma, la Administración actúa con gran libertad, esta forma de entender la discrecionalidad supondría un avance, porque seguramente sirve descartar algunas posibles opciones (en la medida en que sería muy difícil sostener que determinados candidatos son los mejores en algún criterio), y puede ayudar a reducir la discrecionalidad hacia el futuro, porque los criterios sentados en un determinado momento pueden sentar un precedente del que después sólo quepa apartarse con una motivación.

Pues bien, esta forma de entender la discrecionalidad permite explicar el cambio judicial en el control de la libre designación. En el concurso de méritos, esos criterios que completan la norma y que permiten acotar el margen de decisión del órgano competente, se fijan en la convocatoria, en forma de baremo. Lo que la jurisprudencia está exigiendo en la libre designación es que esos criterios existan, aunque sean fijados después de la convocatoria, ya a la vista de los candidatos, y se expliciten sólo en la resolución del procedimiento.


Es evidente que de ese modo se producen sesgos, porque puede que los criterios se fijen en vista de los candidatos que se han presentado (y que se elija el criterio que más favorece a un determinado candidato), pero también es cierto que hay un avance por las dos razones explicadas más atrás: porque hay determinados candidatos cuya elección no podrá ser justificada sea cual sea el criterio que se utilice, y porque los criterios elegidos en un momento dado no podrán ser ignorados en elecciones sucesivas.  

Hasta aquí puede llegar, hoy, el control judicial de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo que hasta no hace mucho era, como su nombre sigue indicando, “libre”. 

domingo, 10 de diciembre de 2017

Llamamiento de Transparencia Internacional España en el Día Internacional contra la Corrupción

Otro post de interés: Transparencia Internacional publica sus Principiosanticorrupción para las Empresas públicas

TI.- En el Día Internacional contra la Corrupción (fijado el 9 de Diciembre por Naciones Unidas) Transparencia Internacional España hace una vez más un llamamiento a los Partidos políticos y grupos parlamentarios para que se pongan a la altura de los ciudadanos y respondan a su continuada petición de que consideren la corrupción como una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, y lleguen así a un Pacto integral y efectivo contra la corrupción, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz las numerosas asignaturas pendientes en esta materia y tomen las diversas medidas legales e institucionales necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema y preocupación social.

TI-España recuerda a tal efecto que es tan necesario como urgente avanzar en la adopción de las siguientes Veinte medidas para prevenir y combatir la corrupción:

1) Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir  de forma significativa el excesivo poder de los Partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos.

2) Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.

3) Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción.  Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto.

4) Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.

5) Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.

6) Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente cuatro años después de haberse publicado la Ley.

7) Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.

8) Regulación de los Lobbies: Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.

9) Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia (tanto externa como interna) de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).

10) Cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de sus contratos. De una forma tan inaceptable como preocupante una buena parte de las entidades públicas incumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

11) Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios cargos electos a los que van a controlar.

12) Educación: Los Partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

13) Empresas públicas: Necesario cumplimiento de unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de las empresas de titularidad pública en línea con los 10 Principios anticorrupción para las Empresas públicas recientemente publicados por Transparencia Internacional.

En cuanto al necesario aumento de la independencia y la transparencia de la Fiscalía General, se proponen las siguientes medidas:

14) Necesidad urgente de un Código Ético de la Fiscalía

15) Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al Poder ejecutivo, y clarificar la relación entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia.

16) Afrontar la escasez de recursos humanos y lentitud en la Justicia.

17) Transparencia en los nombramientos de la Fiscalía.

18) Reforma jurídica de la carrera Fiscal.

19) Transparencia en los planes de actuación de los fiscales.

20) Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales.

Son las anteriores algunas de las medidas que pueden marcar un avance efectivo en la prevención y lucha contra la corrupción en este país, y sobre las que Transparencia Internacional España hace un llamamiento y un nuevo recordatorio con motivo del Día Internacional contra la corrupción.

viernes, 8 de diciembre de 2017

Interinos y temporales, a la espera de la última palabra de Europa sobre su despido

Post relacionado:  Por Ignasi Beltrán. Blog Una miradacrítica de las relaciones laborales: Cambio de concesionario municipal y noaplicación de la Directiva 2001/23 (Conclusiones Abogado General en casoColino): ¿se avecina un giro en la doctrina del TJUE?

Revista de prensa. Pilar Aranguren. Diario Vasco. Muchos trabajadores interinos -se cuentan por miles-, también los temporales -otros muchos miles-, los sindicatos, las administraciones, los gobiernos y en última instancia los jueces están a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial que ha planteado el Supremo para aclarar de una forma definitiva si se debe equiparar la indemnización por despido de los trabajadores interinos con la de los empleados fijos, y si esa doctrina es extensible también a todos los temporales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Parece que el pronunciamiento del TJUE será cuestión de pocas semanas, al menos así lo espera la Sala IV del Supremo encargada de resolver el caso original que dio pie a la primera sentencia del Tribunal Europeo, dictada el 14 de septiembre de 2016. En aquella ocasión la cuestión prejudicial la planteó el Superior de Madrid a raiz de la demanda de una trabajadora interina del Ministerio de Defensa. El máximo tribunal europeo dictaminó que no se podía discriminar la indemnización de los trabajadores interinos cuando finalizaran su contrato respecto a la de los indefinidos cuando el trabajo de ambos era comparable. Una sentencia que supuso todo un tsunami para un mercado laboral con una elevada temporalidad y que dio mucho que hablar, incluso con interpretaciones diversas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de dicha trabajadora basándode en el pronunciamiento del TJUE, pero el fiscal presentó un recurso ante el Supremo. El alto tribunal español planteó en septiembre de este año otra cuestión prejudicial para terminar de aclarar las diferentes interpretaciones a las que ha dado lugar el pronunciamiento del TJUE, con sentencias dispares, aunque en Euskadi en el ámbito laboral se ha entendido que había que equiparar la indemnización de los interinos, que en la actualidad es cero, a los 20 días por año trabajado que corresponde a los empleados fijos cuando se les rescinde el contrato por causas objetivas.

Esa es la tesis que ha imperado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que fue pionero incluso en extender dicha equiparación a los trabajadores temporales. La primera sentencia, dictada por los magistrados Garbiñe Biurrun, José Luis Asenjo y Elena Lumbreras apenas un mes después de que se pronunciara el TJUE, entendía «plenamente aplicable» la doctrina establecida por el tribunal europeo. Se trataba del caso de una persona que fue contratada el 1 de junio de 2012 para la realización de un proyecto de investigación por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación sanitarias-Bio Euskal Fundazioa. El contrato tuvo tres acuerdos de continuidad y el 31 de diciembre de 2015 se extinguió la relación. La empleada demandó a la empresa reclamando la nulidad del despido. El TSJPV consideró el 18 de octubre de 2016 correctamente extinguida la relación contractual pero elevó la indemnización de los doce días que estipula la legislación española para los despidos objetivos de los trabajadores eventuales a los veinte días de los empleados fijos.

La sentencia consideraba que el trabajo de la demandante «era equiparable al de un fijo, ya que de no trabajar para una Administración Pública la actora habría adquirido la condición de fija por el mero hecho del transcurso de los tres años desde que se inició su relación laboral».

El Tribunal Superior del País Vasco equipara la indemnización con la de los empleados fijos

Los magistrados creen que con lo que dicte el TJUE la cuestión quedará «muy cerrada»

Al hilo de dicha sentencia, los sindicatos vascos animaron a litigar a todos los trabajadores temporales. También lo hizo la propia Garbiñe Biurrun, lo que no gustó en ciertos ámbitos, como la patronal vasca e incluso la Administración.

Pero el llamamiento, sobre todo de los sindicatos, dio pie a la presentación de numerosas reclamaciones a las distintas administraciones para que equipararan las indemnizaciones. Y una vez agotada esta vía recurrieron a los tribunales, por la vía contencioso administrativa, toda vez que el Gobierno Vasco consideró que la sentencia del TJUE solo afectaba al personal laboral y decidió esperar a que el Supremo unificara doctrina antes de abordar el asunto o a que se alcanzara un acuerdo político en el ámbito estatal para resolver esta cuestión.

Un caso sobre la mesa
En este año largo el Superior Vasco ha dictado varis sentencias en la misma línea de equiparar las indemnizaciones de los interinos -también de los eventuales- con la de los fijos en el ámbito laboral. Sin embargo, en la vía contencioso administrativa los fallos han sido dispares.

La magistrada Garbiñe Biurrun, que preside la sala de lo Social, recuerda respecto a la primera sentencia que se trataba de un caso que tenían sobre la mesa cuando dictaminó el TJUE y que la sala discutió en pleno si se podía pronunciar de oficio al respecto. «Decidimos que sí, que era aplicable la tesis del Tribunal Europeo y no solo a los contratos de interinidad, sino también a los de Obra y Servicio, como era el caso en cuestión. También entendimos que era aplicable no solo a empresas públicas sino también a empresas privadas porque vulneraba el principio de igualdad de la Carta de Derechos Sociales Europea».

Posteriormente el Superior Vasco ha ido dando otros pasos, según explica la magistrada. «Así, hemos considerado que no teníamos que plantear ninguna cuestión prejudicial, porque teníamos claros los criterios, y que tampoco teníamos que suspender la tramitación de nuestros recursos, tal y como nos pidió el Gobierno Vasco, precisamente porque no teníamos dudas y no habíamos planteado cuestión prejudicial».

La sala de lo Social también tuvo que decidir a qué otros contratos se podía extender la tesis del TJUE. Así, consideró que también era aplicable al contrato de relevo la misma indemnización, pero no así a los deportistas profesionales. «En este caso se queda fuera porque no hay un trabajador fijo comparable, ya que todos los contratos que se realizan a los deportistas profesionales son temporales, no hay indefinidos», aclara Biurrun. La deliberación se hizo a raíz de la demanda interpuesta por un jugador del Eibar por otra cuestión, pero la sala se lo planteó, explica.

Las claves. Fallo del TJUE
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) falla el 14 de septiembre de 2016 que no se puede discriminar a la hora de indemnizar a los trabajadores interinos cuando finalicen su contrato respecto a los trabajadores fijos. La legislación española no contempla ninguna idemnización para los interinos, lo que obligaría a elevarla a los 20 días por año trabajado estipulados para los fijos cuando se les rescinde por causas objetivas.

El Superior del País Vasco, pionero en aplicar el fallo del TJUE
La sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco fue pionera en aplicar el fallo del TJUE y extendió la equiparación de las indemnizaciones también a los trabajadores temporales, que perciben 12 días por año trabajado.

El Superior de Madrid sigue el pronuncimiento del TJUE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue quien presentó la cuestión prejudicial ante el TJUE, aplicó dicho fallo y dio la razón a una trabajadora interina del Ministerior de Defensa equiparando su indemnización a la de un fijo.

Recurso del fiscal
El fiscal recurrió ante el Tribunal Supremo, quien ha presentado otra cuestión prejudicial ante el TJUE para disipar todas las dudas.

Interpretaciones diversas
Las interpretaciones del primer fallo del TJUE han sido diversas por parte de los tribunales y será el Supremo quien aúne doctrina y siente jurisprudencia.

Antes de final de año
El Tribunal Supremo espera que el TJUE se pronuncie antes de que finalice el año.

Aunque el Superior Vasco no ha tenido dudas respecto a la tesis defendida por el TJUE, sí ha habido otros tribunales que no lo han tenido tan claro y que han planteado cuestiones prejudiciales, como es el caso del de Navarra, entre otros. El Supremo, que es el encargado de dictar jurisprudencia y aunar por lo tanto la doctrina, también ha decidido no dejar ningún resquicio a las interpretaciones y ha hecho lo mismo en un auto dictado el 25 de octubre. Según explica la magistrada de la Sala IV del TS, Rosas Virolés, la decisión se adoptó por mayoría, que no por consenso, aunque nadie planteó un voto particular. Con todo, señala que no predetermina que lo que resuelva el máximo tribunal europeo se aplique tal cual.

Preguntas al TJUE
Al respecto, señala que las cuestiones prejudiciales dependen de las preguntas concretas que se realizan. Y en este caso las cuestiones que se elevan al TJUE son tres. En la primera se plantea si es contraria a la directiva europea sobre el trabajo una normativa estatal que no fija indemnización para los interinos. En la segunda, si se enmarca dentro del Acuerdo Marco fijar una indemnización de doce días por año trabajado cuando ha existido un solo contrato temporal. Y en la tercera, si se enmarca dentro de dicho acuerdo que a los trabajadores con contratos de duración determinada se les abone doce días de salario por año de servicio y no se les abone nada a los de interinidad por sustitución.

Rosa Viroles señala que ahora solo queda esperar a que resuelva el TJUE y a partir de ahí el Supremo deliberará qué criterios aplica. En cualquier caso sentará jurisprudencia para el caso original y también para cuestiones similares. La magistrada confía en que no haya que esperar mucho, ya que cree que el máximo tribunal europeo decidirá antes de Navidad.

El Tribunal Supremo tiene previsto celebrar un Pleno el 13 de diciembre. Si el TJUE decidiera antes de dicha fecha se llevaría el pronunciamiento al plenario. La decisión se debe adoptar por mayoría y en este caso bastaría con seis votos, ya que de los trece magistrados que componen el Pleno, dos están de baja y una plaza está por cubir, con lo que quedan diez.

Garbiñe Biurrun también considera que con lo que dictamine el TJUE la cuestión «quedará ya muy cerrada» porque se resolverán los resquicios de duda que plantea el Supremo».

En cualquier caso, ambas magistradas entienden que lo deseable sería que la equiparación de las indemnizaciones de interinos y temporales con los empleados fijos se resolviera mediante un acuerdo político, lo que evitará que sigan llegando muchos casos a los tribunales y que estos lleguen a saturarse.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Banderas rojas: Jornada el 13D en Madrid sobre detección de riesgos y prevención de la corrupción en contratación pública



Civio.es .-Se acerca la segunda sesión de trabajo del grupo Laboratorio de Innovación en Contratación Pública, que será el miércoles 13 de diciembre. Se llama Banderas rojas, detección de riesgos y prevención la corrupción en la contratación pública, y ya puedes consultar la agenda de la jornada.

Lugar y hora: En el Medialab-Prado (Calle de la Alameda, 15. Madrid), sala Auditorio, de 10:14h a 14h. La asistencia es abierta y no hace falta inscribirse.

Agenda
10.15h. Presentación de los objetivos de la jornada y de los ponentes. Por Eva Belmonte, cordinadora del laboratorio.

10.30h / 11.15h. Alejandro Gamir. Experto en corrupción en contratación pública y autor del informe ‘Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement (Corruption Research Center de Budapest). Sobre el estudio de irregularidades concretas que han desembocado en casos de corrupción.

11.15h / 12.15h. Lara Baena y Roger Folgera, de la Oficina Antifrau de Cataluña. Sobre análisis de riesgos en la contratación pública y los conflictos de interés. Descanso

12.30h / 13.15h. Elena Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Sobre el funcionamiento y los retos de un organismo de control y vigilancia de procesos de contratación pública.

13.15h / 14.00h. Alfonso Puncel, subsecretario de la Consejería de Transparencia de la Generalitat Valenciana. Sobre el sistema de alertas contra la corrupción en la administración que desarrolla la Generalitat.

Hemos tratado de contar con numerosos puntos de vista sobre cómo controlar la corrupción, y debatiremos al final de cada una de ellas, así que será una sesión más apretada que la anterior, y esta vez no tendremos margen para trabajar en grupo después. Lo que haremos será someter lo aprendido a debate de forma online en los días posteriores. Así podremos tener en cuenta todo lo aprendido durante la jornada y reflexionar de forma más calmada.

Para ir alentando el debate, compartimos además unos documentos esenciales sobre el tema de control de la corrupción en la contratación:
Para preparar la sesión
Mapping high-level corruption risks in Spanish public procurement es un informe de nuestro primer ponente, Alejandro Gámir, que analiza los riesgos concretos que se produjeron en casos de corrupción en contratación pública como Gürtel o Palma Arena.

La breve Guía contra el fraude en la licitación pública que elabora la CMNC, con su check-list de indicios de que una licitación puede estar manipulada y un buzón de denuncias anónimas.

En la web de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude existen estudios e iniciativas sobre estos temas a nivel europeo.

El proyecto Red Flags, de Hungría, una herramienta desarrollada por K-Monitor y Transparencia Internacional que emplea un algoritmo para detectar y filtrar automáticamente una serie de checks de control de irregularidades en la documentación de Tenders Electronic Daily, el suplemento del diario oficial de la UE donde se publican los concursos públicos.

En Argentina se está poniendo en marcha una plataforma de contratación electrónica llamada Contratar.Gob.Ar que permite comprobar cuáles son las empresas que ganan licitaciones de obras públicas, cuánto cobran por esos trabajos, quiénes pierden en cada proceso y cuáles son los precios en juego. Uno de sus objetivos es evitar los cárteles de empresas que concurran a un contrato. Este es un ejemplo de la información que publican sobre un proceso de contratación.

Desde la Oficina Antifrau de Cataluña se ha publicado un informe sobre los trabajos de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD). En la página 43 aborda el tema de la contratación pública.

Por último, en esta sesión recogeremos también algunas de las reflexiones que surgieron en la anterior, y que son pertinentes. Por ejemplo:
Es importante que los controles de vigilancia de irregularidades se realicen también a priori, no solo a posteriori.

Existen límites en el acceso público a la información contractual. No solo la protección de datos, también las restricciones en el acceso al Registro Mercantil. El Registro Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a la información que contiene. Y el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), en su edición electrónica, no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad.

También ha surgido la cuestión de quién debería encargarse de vigilar la contratación, y cómo. Desde Civio llevamos tiempo pidiendo un organismo independiente y con poder sancionador y medios, pero la nueva LCSP se ha quedado a medias en este aspecto. La nueva ley crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, pero su composición, independencia y funcionamiento no es ni mucho menos como nosotros reclamábamos. Entre otros motivos, estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

También reclamamos un buzón de denuncias anónimas que permita destapar casos de corrupción. Tampoco ha entrado en la ley. Es una de las recomendaciones que podríamos pedir desde este grupo de trabajo a las Administraciones Públicas. Contamos, como ejemplo, con el buzón ético que nos explicó Albert Oliveres, de la Generalitat de Cataluña, en la anterior sesión: en Cataluña cuentan con un buzón que permite denunciar mala praxis en contratación a cualquier persona y sin necesidad de identificarse. La denuncia llega a los ocho miembros de una Comisión Ética en Contratación Pública con total garantía de confidencialidad.

Aquí tienes todos los materiales de la sesión anterior.

martes, 5 de diciembre de 2017

Sergio Jiménez: ¿Para qué medir webs públicas?

"Voy a hacer una encuesta sobre lo que necesita la gente que crea de un modo o de otro webs de organizaciones públicas para gestionar su trabajo a base de datos reales"

Por Sergio Jiménez.- Analítica web publica blog.- Cuando hace más de cuatro años abrí el blog estaba en una etapa de cambios. Acababa de decidir cambiar de aires profesionales y encontré esto que juntaba tecnología, investigación y Administraciones Públicas, pero más enfocado a la acción que la academia, en la que ya había trabajado este triángulo. 

Sin embargo, no sabía demasiado de analítica web: acababa de ver los vídeos de google y leerme un par de libros. Sin embargo, mi idea era, conforme aprendía, contarlo para que la gente pudiera usarlo también. En todo caso, tenía la idea de que la gente quiere hacer las cosas mejor, pero que por múltiples cuestiones, no había hábito de medir webs públicas. Ahora, haciendo un poco de inventario, creo que las cosas han salido bien a medias. Por un lado, hay mucha más gente que antes preocupada por medir y hacer las cosas mejor. Sin embargo, creo que se puede hacer más de lo que se hace, pero para eso volvamos al principio de todo, la primera pregunta. ¿Para qué medir webs públicas?

Por qué no se suele medir webs públicas
Hay una conversación que suelo tener con mucha gente que conoce el blog. Suele ser, más o menos esto:
(Interlocutor(a) simpático/a)-Me gusta mucho el blog. Es muy interesante
(Yo)- Gracias
(Interlocutor(a) simpático/a)- La verdad es que tenemos Analytics, pero no lo solemos usar. Miramos si entra gente y eso, pero la verdad es que no sabría sacar nada en concreto.

Esto suele dar lugar a una conversación un poco más larga en la que podría decir que hay varios motivos por los que mi interlocutor (y mucha gente en general) se encuentra en la misma situación:

-No tengo tiempo para mirarlo. Esto es así: el trabajo es una bola creciente y o bien no encuentras tiempo, o bien en el equilibrio de prioridades/esfuerzo no acaba de compensar.

-Lo miro pero no saco mucho. Un colectivo importante de gente me cuenta que lo cacharrea algo, pero que no le saca mucho juego a la cosa. Claro, aunque Google se esfuerza bastante en facilitar el acceso, y la información relevante, la versatilidad de la herramienta hace que ya la simple vista genere zozobra a los no iniciados

-Lo miro, pero no sé que hacer/no puedo hacer lo que creo. Este escenario es más avanzado. Tener una idea de lo que hay pero no saber por dónde seguir.

A todos estos hay que sumar otro colectivo que supongo que existe aunque no me lo dice (creo que por compasión), que es la que piensa que esto es una tontá y que para qué meterse.

Resumiendo. La gente, incluso teniendo interés, tiene complicado medir webs públicas y más aún hacer algo con ello.

Pero, ¿qué deberíamos medir en la web pública?
Este panorama no parece bueno para alguien con un blog de Analítica web para administraciones públicas. Sin embargo, la sensación que en su mayoría son cuestiones de medios y no de fines. Es decir, hay mucha gente con ganas de mejorar el servicio público a partir de los datos, pero no sabe cómo empezar.
En realidad tenemos dos puntos de fricción claros. El primero es el de seleccionar la información y convertirla en conocimiento y, con todo ello, hacerlo operativo. Para resolver este problema tenemos estos puntos de acción:


  • -Medir lo que pasa en la web. Lo primero es saber qué datos son relevantes para una organización ( y para un puesto). La cuestión es que aunque no tenemos tiempo o medios para elegir la información adecuada. Esto tiene dos componentes: el cognitivo (cuáles elegir) y el técnico (cómo medirlos). En todo caso, esto nos debe servir para saber qué es lo que debemos mirar y centrarnos en lo que hay.
  • -Saber lo que significa lo que medimos. Para convertir un dato en información necesitamos aportarle significado y contexto. Aunque hay bastante material para saber qué significan (incluido este blog), lo cierto es que este trabajo requiere una transición más natural. Ver la información de manera que podamos extraer conclusiones de dónde estamos.
  • -Entender el contexto. Por último, incluso sabiendo lo que pasa y lo que significa, todo el mundo necesita saber si lo que pasa es normal. Todos buscamos saber si quien hace lo que nosotros experimenta lo mismo. Así sabemos si lo hacemos bien y, de paso, si vemos quien lo hace mejor, podemos aprender.

Y medir ¿para qué?
Básicamente medir es algo que no aporta valor en sí mismo. Medimos para algo en concreto. En nuestro caso, tenemos cuatro focos en los que centrar la atención:

-Para saber cómo está funcionando la web. La web en si misma es un elemento que tiene un valor y una finalidad propios. Saber si más gente entra en la web, está más tiempo o tiene más o menos importancia en la organización es un fin importante para la web.

-Saber si mis servicios se dan sin problemas. La siguiente pregunta es la básica. ¿Usa la gente mis espacios digitales para acceder a los servicios? Aquí ya no nos referimos a cuántos se hacen (que deberíamos) sino a cuánta gente accede, cómo o cuántos abandonan.

-Conocer la utilidad de mi contenido. No todo son trámites. De hecho, la mayoría del uso de las webs públicas es contenido (leer información, datos, comunicaciones) y podemos saber si el contenido es mejor o peor. A partir de ello, podemos saber qué temas son los que más importan a la gente, y cómo podemos hacer que su lectura sea mejor o peor.

-Valorar mi estrategia de comunicación. Por último, pensemos que una parte muy importante de la web empieza antes de la web, cuando la comunicamos. Si estudiamos cuánto tráfico viene de dónde a hacer qué cosas y como se comporta, podemos mejorar nuestros servicios.

¿Cómo faciltamos esto?
Aquí vamos a lo importante. Soy consciente que la gente no quiere especialmente medir. Quiere hacer, y hacer sabiendo. Estoy convencido de ello, porque parte de mi trabajo en muchos clientes es ayudarles a esa transición. Sin embargo, creo que, en todo caso, tenemos una falta de contexto y de comprensión del funcionamiento de la web pública. Mientras que en el sector privado, organizaciones como ComScore o Nielsen hacen cientos de estudios para mejorar webs de todos los sectores. Esto es algo que he intentado hacer con estudios como los de transparencia o los de tramitación.

Como nadie sabe más de lo que necesita que quien lo necesita, necesito vuestra ayuda. Voy a hacer una encuesta sobre lo que necesita la gente que crea de un modo o de otro webs de organizaciones públicas para gestionar su trabajo a base de datos reales.

-¿Quién puede participar? Todas las personas que trabajan en el sector público y cuyo trabajo tiene que ver con una web. Esto incluye:
-Personal técnico
-Responsables de comunicación y contenidos
-Personas a cargo de sedes electrónicas
-Responsables de servicios que tienen un  importante componente electrónico.
-¿De qué tipo de webs? De cualquier tipo, sedes, portales de transparencia, perfiles del contratante, webs de información, portales de datos abiertos… Lo único importante es que sean de una organización pública.
-¿Cuándo? Desde ya hasta el 15 de enero.
-¿Cómo? Rellenando el cuestionario al que llegáis haciendo clic en el botón
-¿Algo más? Si no os importa, compartidlo  tanto en redes sociales como a todas las personas que creáis que está en la misma situación
-¿Y qué haras con todo esto?
-Un estudio sobre las necesidades de información sobre el uso de la web
-Dos proyectos en progreso de los que aún no puedo hablar

Así que muchas gracias.

domingo, 3 de diciembre de 2017

Julio González : Entidades sometidas a la Nueva Ley de Contratos del Sector Público

"Conviene recordar que dentro de las Administraciones Públicas hay regímenes diferentes para los contratos menores, en sus diversas modalidades y todo el régimen especial que está contemplado en las Disposiciones Finales"

By JULIO GONZÁLEZ.-Blog Globals Politics and Law.- Entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público tiene su primer punto de complejidad en los primeros artículos, los que determinan las entidades a las que se aplica la Ley y los tipos de contratos a los que, por su objeto, se van a aplicar. Hoy me voy a ocupar del primer aspecto, el de cómo repercute el tipo de entidad del sector público en su vinculación a la LCSP. En este punto tendremos que diferenciar, como veremos luego, entre Administraciones Públicas, poderes adjudicadores del sector público y otros poderes adjudicadores.

Esta cuestión constituye un problema que a los que no están habituados a su utilización cotidiana llena de perplejidad y a los que desconfían del funcionamiento administrativo les da motivos para la descofianza. No obstante, conviene destacar que, durante la tramitación parlamentaria, sólo las enmiendas 82 y 84, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, tenían la finalidad de eliminar esta sucesión de círculos de aplicación de la Ley sometiendo todas las entidades del sector público a la ley en su integridad.

Como veremos con posterioridad, la pregunta no es tanto determinar a qué entidades se aplica. De una u otra forma todas las que forman parte del sector público pueden entenderse dentro de su ámbito subjetivo. Los sucesivos círculos de aplicación sirven para determinar dos cosas: qué parte de la Ley se aplica a cada una de las entidades y cuál es la naturaleza del contrato, administrativo o privado. Lo cual tendrá, a su vez, importancia en lo referente a la intensidad del control, tanto el que se realiza a priori por los órganos de intervención como el que se efectúa a posteriori por el Tribunal de Cuentas e incluso la diferencia que existirá entre el control de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción civil.

Directivas europeas 
¿Por qué se hace esto así? Las Directivas europeas se aplican a los contratos que tienen una determinada cuantía económica, que son los que se supone que tienen transcendencia para el mercado europeo. Los que están por debajo de ese umbral económico no están sujetos a sus reglas sino que hay más libertad para articular el régimen jurídico, lo que ha dado pie al Estado para estructurar otro régimen jurídico diferente, más laxo, por comparación al de los contratos de ámbito europeo. Posiblemente hubiera sido más inteligente articular un régimen más eficaz para toda la contratación del sector público en lugar de configurar una regulación tan abigarrada para las Administraciones públicas. En todo caso, esta Ley es fiel seguidora de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 que fue la que inicialmente recurrió a esta metodología.

Vayamos por partes viendo cuáles son las consecuencias que prevé la ley de los distintos tipos de entidades que componen el sector público.

Contratos de las Administraciones Públicas
El primer círculo estaría compuesto por las Administraciones Públicas en sentido estricto; esto es, las entidades recogidas en los apartados a), b), c) y l) del artículo 3; esto es: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes. A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. A ellas habría que añadir los consorcios recogidos en el artículo 3.2; siempre que se den las condiciones de dicho precepto más las contempladas en el artículo 3.3.

Sus contratos tienen casi siempre la condición de contratos administrativos, salvo la excepción recogida en el artículo 25.1 a). Y, de este modo, tal como señala el artículo 25.2 se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.

Conviene recordar que dentro de las Administraciones Públicas hay regímenes diferentes para los contratos menores, en sus diversas modalidades y todo el régimen especial que está contemplado en las Disposiciones Finales.

Contratos de poderes adjudicadores que no sean Administraciones Públicas
No son Administraciones Públicas a los efectos de esta Ley y, en consecuencia, tienen un régimen especial de aplicación de la LCSP las demás entidades que recoge el artículo 3.1, letras de a k: d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. A ellos habría que excluir los que hemos configurado como Administraciones Públicas en el apartado anterior.

e) Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 1.º Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 2.º Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. 3.º Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público.

f) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo.

h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

i) Los fondos sin personalidad jurídica.

j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.

Estos contratos son contratos privados y están sometidos parcialmente a la LCSP y sólo están sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa en cuanto a la preparación y adjudicación, en las condiciones de los artículos 27.1 b) y 27.2 de la LCSP (por el que se somete el resto de cuestiones a la jurisdicción civil).

Así, se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

Asimismo, a los contratos mencionados en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta Ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 319 LCSP, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243.

Conviene recalcar un dato importante. Para estas entidades rige la diferencia entre contratos sometidos a regulación armonizada y no armonizada; de tal manera que los que no lleguen a los umbrales de 5.225.000 euros (para contratos de obras y para concesión de obra públca) y 209.000 (para servicios y suministros) salvo los supuestos especiales de los servicios especiales aplicarán el régimen recogido en el Libro III de la LCSP.

En este caso tendríamos la cuestión nada clara de si se mantienen las viejas Instrucciones, adaptándolas a la nueva regulación. Tengamos en cuenta que, de acuerdo con la Disposición Transitoria 5ª  “Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los citados artículos”. Como ya señalado en otras ocasiones, es un precepto que hace que no puedan existir nuevas Instrucciones, salvo las de los partidos políticos, pero que permite el mantenimiento de las ya existentes. Soy consciente de que la voluntad de la exposición de motivos es otra, pero también se ha de tener presente que este precepto despliega todos los efectos jurídicos y su mala redacción o el olvido a eliminarlo en la redacción definitiva no puede hacer que desaparezca su contenido por arte de magia.

Contratos adjudicados por partidos políticos, organizaciones sindicales reguladas y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales
Una de las novedades de la LCSP es el sometimiento de estas entidades a una parte de su articulado. Es un precepto que no tendrá una aplicación práctica muy grande pero que sirve para que parte de los contratos que adjudiquen, los contratos sujetos a regulación armonizada. estén actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.

Estas entidades tendrán que configurar unas instrucciones para contratar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 de la Ley.