jueves, 23 de marzo de 2017

Inminentes procesos selectivos de consolidación de personal temporal


 El reto no es fácil. Al menos hay siete problemas técnicos de difícil solución.

Por José Ramón Chaves. Blog DelaJustica.com.- Acaba de ser noticia que el Gobierno prepara procedimientos selectivos para dotar de estabilidad a personal laboral temporal y funcionarios interinos. No sabemos si es un globo sonda, una intoxicación electoral o si existe un intento serio de regularizar situaciones clamorosas de temporalidad.

Parece ser que se pretende dar respuesta a una triple necesidad. Por un lado, acallar las quejas de las Comunidades Autónomas que no han podido crear plazas como consecuencia de las limitaciones de las tasas de reposición.

Por otro lado, dar respuesta al sangrante embolsamiento de personal temporal o interino que, ha superado con creces períodos para demostrar su aptitud y tienen la espada de Damocles del cese día a día.

Y por último, acallar los reproches desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la elevada temporalidad del empleo público en España y el trato discriminatorio entre personal fijo y temporal.

Sin embargo, el reto no es fácil. Al menos hay siete problemas técnicos de difícil solución. Veamos:
 
1º.- El título normativo habilitante. Se plantea la cuestión de si se instrumentalizará con normas básicas  o si se avanzará con la administración del Estado a modo de buque insignia para abrir el camino de otras administraciones.

2º.- Delimitar la forma o cauce de estabilización. ¿Laboralización o funcionarización?. Y ello porque sigue dándose el fenómeno de personal laboral temporal en puestos reservados a funcionarios, pese a la prohibición legal.

3º.- Fijar el ámbito o esferas administrativas materiales afectadas. ¿ Administración estatal, autonómica, local o institucional?.¿ Campo sanitario, policial, educativo, burocrático… o todos? .

4º.- La cuestión formal:¿ un procedimiento restringido?,¿ un procedimiento de concurrencia competitiva de aspirantes libres, promoción interna y un tercero de personal sujeto a estabilización?

5º.- Establecer el marco de potenciales beneficiarios, lo que remite a un criterio de antigüedad o experiencia cosechada:¿ cinco, diez años u otro período?, ¿cuantos granos hacen un montón, esto es, cuando se considera que la experiencia genera derecho a la estabilidad?

6º.- Fijar las condiciones de valoración del mérito de la experiencia en estos procedimientos selectivos, que por mucho que quiera el legislador debe ajustarse a los imperativos de mérito y capacidad. Quizá el concurso-oposición es el cauce adecuado pero el mismo debe respetar por un lado, el umbral máximo de lo tolerable, esto es, que los méritos de la experiencia sean valorados o condicionantes, pero no determinantes. O sea, proporcionalidad e idoneidad de la experiencia. Y por otro lado, han de incluirse pruebas objetivas.

7º.- Fijar el calendario de aplicación de tales procedimientos selectivos, concretamente si sus previsiones serán vinculantes para el ejecutivo y en qué plazos, así como la consecuencia del incumplimiento de los mismos. No es la primera vez que las leyes dicen algo y quedan bloqueadas por la pasividad de las administraciones llamadas a cumplirlo.

En fin, que tal cuestión parece que se anuncia ahora y el pistoletazo de salida para la consolidación temporal se ha dado. Quizá sea para marear la perdiz y mantener entretenidos a los sindicatos. Quizá para mantener negociaciones con las Comunidades Autónomas. Quizá para ofrecer espejismos que contenten a tantísimo personal temporal ofreciéndole sueños.

Litigios por agravios
Lo que está claro a mi juicio, por un lado, que es difícil la cuadratura del círculo. Y por otro lado, que el semillero de litigios está servido.

Pleitos contra la normativa de estabilización ( puesto que existe una masa de aspirantes libres que no se estará quieta). Pleitos contra las convocatorias. Pleitos contra los resultados de los procedimiento selectivos.

Y es que las experiencias pasadas sobre procedimientos de consolidación de personal temporal ya han demostrado que estas convocatorias las carga el diablo, porque quien siempre están alerta para vigilar mérito, capacidad e igualdad son los tribunales contencioso-administrativos y lo cierto es que la última década ha alumbrado criterios serios, rigurosos y avanzados de control, como expuse en mi compendio titulado Vademécum de oposiciones y concursos (Ed. Amarante, 2017) subtitulado significativamente : control jurisprudencial de la discrecionalidad técnica, los errores y los abusos en los procedimientos selectivos.

Y es que no todo vale cuando se trata de seleccionar empleados públicos. Nada de improvisaciones ni urgencias. Nada de “vísteme despacio que tengo prisa”.

Se necesita un serio consenso y negociación a tres bandas ( administraciones autonómicas, sindicatos y la administración estatal

miércoles, 22 de marzo de 2017

¿Para cuándo la nueva Ley de Contratos?

Revista de prensa. El Confidencial.-  La Ley de Contratos Públicos,  nuevo campo de minas para Rajoy en el Congreso.


De las 1.080 enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea realiza 186 al articulado y una a la totalidad de devolución del proyecto de ley al considerar que «su articulado no responde a una adecuada transposición al ordenamiento jurídico español de los objetivos de las Directivas correspondientes» ni incorpora «regulaciones específicas que afecten al régimen jurídico de contratación del sector público, a la simplificación de los procedimientos de contratación, a la lucha contra la corrupción o al apoyo a las PYMES para facilitar su participación, entre otras cuestiones». El grupo parlamentario basa su enmienda, entre otros argumentos, en la falta de garantía de eliminación de la corrupción, la no simplificación de los procedimientos de adjudicación de los contratos, la habilitación al sector público vinculado a las Administraciones Públicas para contratar con un régimen singular sin controles y la falta de aseguramiento de la materialización de la contratación electrónica. Esta enmienda a la totalidad fue rechazada por el Pleno del Congreso el pasado mes de febrero, debido, en gran medida, a la necesidad de no dilatar más el proceso de trasposición de las directivas, que ya acumula un retraso considerable.

Muchas enmiendas
Múltiples enmiendas al articulado del Proyecto han presentado también Esquerra Republicana (125), Ciudadanos (103) y, especialmente, el Grupo Parlamentario Socialista (377).


Queda por delante un arduo trabajo por realizar pues son muchas las enmiendas a discutir y el plazo otorgado para la transposición de las Directivas europeas, 18 de abril de 2016, es ya un punto lejano en el horizonte. La pregunta es: ¿para cuándo la nueva Ley de Contratos?

martes, 21 de marzo de 2017

Hacia la automatización de la conducta colaborativa en las administraciones públicas

Actualidad. 20 minutos.com: Las CC AA necesitan más de 51.000 empleos para recuperar los que tenían antes de la crisis

Por Jesús Martínez.- Blog Trabajo Colaborativo.- En el punto número 6 del  post anterior 6 pautas básicas para los Departamentos de Formación ante el Machine Learning, anunciaba una entrada específica para desarrollar un escenario en las organizaciones en  la que la colaboración y la compartición estuviesen “automatizadas” y fluyeran de forma natural.

Pero,  he de confesar, hice una valoración muy optimista de lo que podía aportar en este campo. Tanto es así, que me vi obligado a escribir, posteriormente,  dos nuevas entradas en las que establecía  algunos  antecedentes para poder (justificar) adentrarnos en la tesis de la colaboración ideal en un espacio no   diseñado para ello. 

Uno de los antecedentes hacía referencia a la voluntariedad actual del proceso de colaboración en las Administraciones Públicas.Hablábamos de los esfuerzos enormes (estrés) que había que generar en la organización para mantener un porcentaje mínimo de conductas colaborativas. Nos extrañábamos, también, de la timidez estratégica directiva, que no apostaba de forma más contundente, por rentabilizar el conocimiento distribuido  de los profesionales, a través , precisamente, de la colaboración.

Nuevos procesos
El otro antecedente (entrada anterior)  se refería a la necesidad de establecer nuevos procesos -rediseño de la organización-, para institucionalizar la conducta colaborativa.  Apuntamos cuatro tipo de  elementos facilitadores, los cuales estarían en la base y lo harían posible. El primero de ellos, se refería al  marco competencial de los profesionales de la Administración. La  competencia colaborar y compartir conocimiento sería  exigible a todos y, seria, por tanto,  corporativa. En este mismo sentido, y leyendo estos días la magnifica aportación que ha hecho la EFIAT de Murcia, sobre las competencias digitales que han de disponer los trabajadores públicos, encuentro que una de ellas es la de  compartir conocimiento y colaborar. Por esta vía, como no,  también tendríamos esa  nueva palanca que apoyaría la automatización de la colaboración.

Pues bien, situados en este escenario, por ahora idílico, en el que todos los empleados  son competentes en la compartición de conocimiento; y, además, les viene exigido para desempeñar su puesto de trabajo ( y con la tecnología adecuada que lo posibilite), podríamos, de forma realista, pensar en el escenario de la colaboración automática.

¿Cómo sería este escenario? Lo apunté en la parte final de mi intervención en el Expoelearning del pasado  día 3 de marzo. La presentación la podéis encontrar aquí.
Expoelearning
Me inspiré en esta noticia que aparecían en los medios hace un par de semanas. Facebook ha desarrollado un algoritmo que permite detectar aquellas personas que podrían desarrollar conductas de suicidio. Tiene que ver con la recogida de datos ( estados emocionales, expresiones de desánimo, peticiones de ayuda, muestras de angustia; y su cruce con las personas que hayan desarrollado  tentativas de suicidio. Esta sencilla ecuación, de recogida y análisis de datos, mediante un algoritmo, también se podría aplicar en nuestros contextos de trabajo si, como decíamos antes, la cultura del dato, que era la primera de las premisas que expliqué en la primera entrada (…sin datos no hay elaboración posterior posible. Por muy desestructurados que puedan estar, sin planteamientos previos estratégicos que incluyan recogida, selección, filtrado y tratamiento, no hay nada) estuviese disponible. Es cierto que aún estamos muy al inicio de la transformación tecnológica en la Administración Pública, pero el salto cualitativo en nuestra mejora de servicios ha de llegar por la vía de la adopción de la tecnología adecuada. Las estrategias de adquisición de este nuevo tipo de tecnología han de pasar por apostar por aquellas que prevean la recogida y la explotación de los datos de los que disponemos.

Sería, en este contexto anterior, cuando los datos debidamente consignados, etiquetados, y interpretados, los podríamos emparejar con  aquellas personas que más demandas de información  tienen ( a los que todo el mundo recurre) y, a su vez,  más comparten. Serían los líderes (motores) de proyectos.

¿Qué proyectos? De aquellos temas emergentes, reflejados en esas conversaciones, y que se mostrasen como potenciales aportadores de eficiencia tras su desarrollo..

Ranking de preocupaciones
Automáticamente se establecería el ranking de lo que preocupa en la organización y  se emparejarían  con las personas que más activas se han mostrado.  Y, todo ello, debidamente consignado en la hoja de méritos –por ponerlo con estas palabras-, de cada uno de los profesionales. Incentivos intrínsecos y extrínsecos deberían conformar este espacio  de  colaboración por defecto.

Ésto, que en la Administración pública  puede parecer muy lejano, ya se viene desarrollando en entidades como CaixaBank,  en un entorno bancario,  y en otras organizaciones. La presentación la podéis encontrar aquí.

lunes, 20 de marzo de 2017

Transparencia Internacional: Seguimiento de los 26 compromisos del gobierno español sobre la corrupción

TI hará un seguimiento de los 26  compromisos contra la corrupción de cuyo nivel de cumplimiento va a elaborar un Informe preliminar.

TI.- El pasado 12 de Mayo se celebró en Londres una Cumbre Anticorrupción, en la que participaron cerca de cincuenta países. Los Gobiernos participantes, asumieron una serie de compromisos para prevenir y combatir el muy importante problema de la corrupción a escala universal. El Gobierno español, representado en la Cumbre por el Ministro de Justicia,  Rafael Catalá, asumió un conjunto concreto de 26 compromisos.
Transparencia Internacional ha asumido a nivel global el seguimiento y control en cada país firmante de nivel de cumplimiento por cada Gobierno de los compromisos asumidos, de cara a elaborar un Informe general sobre todos los países, que presentará el próximo mes de Septiembre ante la Asamblea de las Naciones Unidas, informe que recogerá así el nivel de cumplimiento de los compromisos alcanzado por cada uno de los respectivos Gobiernos.

Transparencia Internacional España ha asumido por ello el seguimiento y control del cumplimiento por el Gobierno español de los citados 26 compromisos, los cuales se recogen a continuación, y de cuyo nivel de cumplimiento va a elaborar próximamente un Informe preliminar.

Compromisos del Gobierno español en la Cumbre Anticorrupción Londres 2016
Los 26 Compromisos asumidos por el Gobierno español son:  

1.- Conocer y divulgar la corrupción
1.- España mantendrá su compromiso de alcanzar el más alto nivel de transparencia, actualmente garantizado por el Registro central español de información sobre la titularidad real de las empresas.
2.- España mantendrá su compromiso de garantizar que la Unidad de inteligencia financiera, las Agencias policiales y la Agencia tributaria tengan acceso pleno y efectivo a la información de beneficiarios reales de las empresas y otras personas jurídicas registradas en España.
3.- España se compromete a garantizar que las autoridades policiales españolas compartan la información sobre los beneficiarios reales disponible en la base de datos central española con sus homólogos de terceros países. Se anima a otros países a mantener un compromiso equivalente en términos de compartir información sobre los beneficiarios reales.  
4.- España adoptará medidas para garantizar la transparencia de la propiedad y el control de todas las empresas que participan en la compra de inmuebles y la contratación pública.
5.- El catastro y el registro de bienes muebles en España centralizan toda la información relativa a los propietarios de los terrenos, inmuebles o bienes muebles, independientemente de la nacionalidad de la persona adquirente. El uso combinado de esta herramienta y la información disponible sobre la información de propiedad beneficiaria de cada empresa compradora de estas propiedades han demostrado ser una herramienta muy útil. España acoge con satisfacción el establecimiento de registros centrales transparentes de empresas extranjeras que licitan contratos públicos y compran propiedades.
6.- España, como uno de los firmantes de la iniciativa G5, está plenamente comprometida en el desarrollo de la iniciativa piloto para el intercambio automático de información sobre los beneficiarios reales.
7.- España se compromete a desplegar mecanismos de intercambio de información públicoprivados para mejorar la capacidad de prevenir y detectar el lavado de dinero vinculado a la corrupción.  
8.- España se compromete a continuar el proceso de mejora del flujo de información entre el sector financiero y la FIU para proporcionar a las fuerzas del orden la inteligencia necesaria para detectar e impedir el lavado de dinero vinculado a la corrupción.
9.- España seguirá promoviendo la máxima transparencia en los procedimientos de contratación pública, limitado únicamente por el debido respeto a las obligaciones de confidencialidad derivadas de la legislación de la UE (en particular, las Directivas correspondientes de la UE).  
10.- España establecerá un esquema de gobernanza destinado a detectar el incumplimiento o problemas de carácter sistémico en los procedimientos de contratación pública. Los resultados de esta actividad de vigilancia y supervisión serán divulgados adecuadamente.  
11.- España se ha unido y apoya firmemente la iniciativa Common Reporting Standard, como herramienta esencial para el correcto intercambio automático de información de cuentas financieras en asuntos fiscales.
12.- España continuará con su importante esfuerzo presupuestario para ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus sistemas tributarios, y a aumentar la movilización de recursos internos. Con este fin, España acoge con satisfacción la Plataforma de Colaboración Internacional en materia de Impuestos, continuará prestando apoyo técnico a los foros fiscales regionales, y está trabajando estrechamente en el desarrollo del "Fortalecimiento de Capacidades" coordinado por el Foro de Administraciones Tributarias.
13.- España apoya el desarrollo de un compromiso global para que los países den a conocer información fiscal sobre las grandes empresas multinacionales.

2.- Castigar a los corruptos y apoyar a aquellos que han sufrido la corrupción
14.- España se compromete a aplicar las sólidas disposiciones del Código Penal en la lucha contra la corrupción.
15.- España se compromete a explorar formas de compartir información sobre los licitadores corruptos a través de las fronteras.  
16.- España se compromete a hacer cumplir estrictamente su legislación de recuperación de activos, incluyendo la confiscación sin condena, la confiscación extendida y la confiscación de un tercero.  
17.- España se compromete a desarrollar plenamente las funciones para las que se creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, convirtiéndose así en un pilar de la lucha contra la delincuencia.  
18.- España apoya el desarrollo de directrices respaldadas internacionalmente para la gestión transparente y responsable de los activos devueltos robados.
19-. España está dispuesta a participar en el Foro Mundial para la Recuperación de Activos.
20.- Desde el pasado 6 de mayo, una base de datos central de cuentas bancarias es totalmente operativa en España. A pesar de esta importante mejora, España continuará su compromiso de desarrollar herramientas adecuadas para fortalecer la capacidad de rastrear y recuperar activos robados.
21.- España acoge con satisfacción la iniciativa del Reino Unido de establecer un Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción (IACCC) independiente, y expresa su voluntad de colaborar con este Centro, así como la disposición de los cuerpos policiales españoles para seguir luchando contra la corrupción y fomentar la cooperación internacional.

3.- Impulsar la cultura de la corrupción, dondequiera que exista
22.- España apoyará la Asociación Internacional de Integridad del Deporte.
23.- España promoverá el buen gobierno dentro de las organizaciones deportivas nacionales.
24.- España está dispuesta a participar en una asociación de profesionales sobre integridad institucional, coordinada por la OCDE. 
25.- España se compromete a participar en un Centro de Innovación que facilitará la adopción de nuevos enfoques y tecnologías para combatir la corrupción. 
26.- España colaborará con otros países, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para apoyar la aplicación acelerada de las disposiciones voluntarias de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

sábado, 18 de marzo de 2017

La cenicienta local: El buzón electrónico de quejas y sugerencias

Por José Ramón Chaves.-Blog DelaJusticia.com. Más allá de la pomposa administración electrónica (gestión rápida y exacta de datos, expedientes electrónicos o transparencia institucional) el buzón electrónico de sugerencias para mejorar la vida local está llamado a ser la princesa del mundo local porque es el portillo a la democracia directa de lo pequeño.
El caso del columpio se analiza en las business schol
para ilustrar los problemas de la comunicación
No se trata de canalizar electrónicamente la democracia participativa y votar grandes obras o servicios, aplaudir o censurar grandes decisiones, sino de algo mucho mas discreto y que a mi juicio supone una espectacular revolución.

Se trata de los buzones electrónicos de sugerencias o quejas en la vida local. Tradicionalmente el vecino que quería sugerir algo se tropezaba con un frío impreso en la oficina del registro, que luego dio paso a un buzón real en la pared con una ranura que ya anunciaba el filtro y negro desenlace; era la alternativa a pedir hora para ver al concejal y exponerle el caso, o a dirigirse a un policía local para comentárselo. En esa triple vía (buzón, concejal o policía local), el ciudadano intuía que su petición podía perderse en la papelera o en el pozo de lo que a nadie le importa.

Luego vinieron los vientos de la administración amigable, en que las sugerencias se recibían pero pocos las formalizaban y muchas menos prosperaban. Se agradecían pero no se atendían y además seguían requiriendo el esfuerzo del buen vecino para formalizarla.

Sin embargo, hace casi una década (a raíz de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos), se generalizaron en las webs institucionales municipales los buzones electrónicos de sugerencias y quejas. Y ahí empezó lo que considero una importante fuente de mejora de la vida local, de la calidad de los servicios. Una revolución silenciosa. Veamos su alcance y un ejemplo personal.

Sugerencias sin enojosas identificaciones
1.- El gran hallazgo consiste en que por esta vía no se piden al ciudadano certificados digitales ni trámites enojosos de identificación. Tampoco tienen que desplazarse al Ayuntamiento ni enfrentarse a un burócrata. Basta un ordenador conectado a la red, y de forma instantánea, el buen ciudadano puede protestar por una tardanza administrativa o denunciar las deficiencias de mobiliario urbano o servicios municipales (alumbrado, limpieza, parques,etc) o como no, proponer iniciativas que pasan inadvertidas a los ojos del mas iluminado concejal o técnico.

2.- No se trata de la denuncia que da pie a un procedimiento, para las que la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento administrativo común prohibe el anonimato de su autor.

No se trata de un procedimiento administrativo que genere derechos para el promotor. No. Sencillamente se trata de canalizar por ese buzón electrónico, a golpe de click, la sugerencia o queja, para que al otro extremo alguien se lo tome en serio y la asuma o descarte, y al menos conteste agradeciéndolo. Eso es democracia participativa.

3.- Es cierto que la fauna ciudadana da para muchas especies. La mayoría prefiere votar cada cuatro años a los concejales y reservarse la crítica de bar mientras lee el periódico o en tertulia con los compadres. También están los emuladores de Pepito-Grillo que todo lo critican y que utilizan el buzón electrónico como terapia personal de su manía de censor. Otros son angelicales y por el buzón electrónico solicitan la ayuda social, trabajo u otro sueño legítimo. No faltan los “troll” que siembran insultos o envenenan la vida local con infundios.

Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos actúan de buena fe y tienen muchas respuestas a problemas. Creo que ese buzón electrónico de sugerencias será el gran protagonista de la vida local si los regidores se lo toman en serio. Una manera de tomar el pulso a la sensibilidad de la ciudadanía y además de mejorar la gestión pública.

4.- En efecto, las administraciones tienden a la inercia y hay mucha imaginación fuera. Es más, bueno sería que cada administración tuviese un buzón electrónico de sugerencias “interno”, quizá anónimo, pues frecuentemente no son los superiores sino los funcionarios que de ellos dependen los que conocen los problemas y las posibles soluciones, pero los cauces formales de órganos colegiados.

A título de ejemplo, como el movimiento se demuestra andando, expondré la sugerencia que he remitido electrónicamente al Ayuntamiento de Oviedo en dos minutos desde mi hogar. Una cuestión simple pero que puede hacer la vida mejor.

Me va a servir de caso práctico para valorar si cuando se hace una sugerencia por un buzón electrónico municipal se da respuesta y sobre todo, para darme cuenta de si se atiende a algo que rinde gran utilidad por ínfimo coste. Ahí va la sugerencia del ciudadano José Ramón Chaves tal y como la formulé ayer.

Estimados Sres.:
Soy un vecino de Oviedo de la zona del Milán y mi sugerencia es muy sencilla, pero facilísima de atender y con notables beneficios para todos los ciudadanos.

Verán. Ahora mismo están los operarios municipales acondicionando las instalaciones del parque infantil de la plaza Los Maestros (o Plaza Emilio Alarcos). Se instalará nuevo equipamiento y será una maravilla.

Se observa que se pondrán dos columpios con unos 4 balancines. La experiencia de los anteriores columpios demuestra que, estando situados en las inmediaciones de un colegio y en zona de esparcimiento, existían dos tipos de situaciones cuando alguien se columpiaba prolongadamente y no es tan educado (el niño o su progenitor o cuidador), como para cederlo al siguiente que espera en la cola:

O bien, se forma una cola de niños que durante minutos que se hacen larguísimos esperan mientras el niño “egoísta” (o progenitor, mas bien) se columpia sin límite. El resultado es que los niños pierden el tiempo de ocio y encima se enfadan al tener que irse sin columpiarse. Y lo peor, se creen con derecho a hacer lo propio abusivamente en el futuro.

 O bien, la madre o padre del niño que espera, le indica al niño que se columpia que si hace el favor de irse bajando, momento en que se arriesga a la disputa con el progenitor del que se columpiaba, dando un penoso ejemplo a los demás y a veces a trifulcas sonoras.

Así que la propuesta es sencillísima y baratísima. Basta con poner en los travesaños del columpio o en algún sitio un cartelito próximo con esta leyenda: 

“Cuando transcurran más de cinco minutos de uso continuado del columpio deberá cederse a quien espere a utilizarlo. Gracias”.

La existencia de este sencillo cartel permite:
 a) Si no hay nadie esperando, el niño puede utilizarlo lo que le plazca.
b) Si alguien espera, la madre o padre del que espera, estará legitimado y autorizado para indicarle al niño que hay un cartel al respecto.
c) Los niños que quieran esperar saben, a la vista de la cola, el tiempo que tardarán en subir al columpio.
d) Los niños aprenden lo que son las normas, lo que es respetar a los demás, y el valor de compartir y empatizar.

Por ello, efectúo esta sugerencia que sirve para cualquier parque público con columpios, pero en este caso, afecta a muchas personas por la experiencia del pasado.

Gracias de antemano por su tiempo y les ruego no lo dejen caer en saco roto. 

Un cartelito metálico o de madera evitará muchos problemas y proporcionará muchas satisfacciones.

Un saludo, José Ramón Chaves

viernes, 17 de marzo de 2017

OEP histórica: 250.000 puestos en cuatro años

La oferta podría ascender a más de 250.000 empleos para los próximos cuatro años que afectarán a los actuales puestos ocupados por interinos y a la reposición de vacantes por jubilación

Revista de prensa.- Cinco Días.- El ministerio de Hacienda y Función Pública ultima con los sindicatos un acuerdo que ofrecerá una oferta de empleo público "histórica" para los próximos cuatro años, según aseguran responsables gubernamentales.

 En este periodo las Administraciones pretenden ofertar más de 250.000 empleos, ocupados actualmente por personal interino, más la reposición del 100% de las vacantes que se produzcan en los sectores de sanidad, educación y justicia y otros servicios públicos básicos, "que se podrían ampliar", según han informado hoy fuentes conocedoras de esta negociación.

Los responsables de Función Pública del Gobierno y de los sindicatos se han reunido hoy para ultimar este plan y se han emplazado para otra reunión la próxima semana. Si bien estas mismas fuentes apuntan que "casi con toda seguridad se va a llegar a un acuerdo sobre esta oferta de empleo porque todas las partes están interesadas".

No obstante, fuentes sindicales de UGT han pedido al Gobierno que concrete esta oferta en un documento, ya que aún no lo han hecho en ninguna de las últimas reuniones que se han mantenido para esta cuestión.

Temporalidad
Con esta oferta de empleo, el Gobierno conseguiría reducir notablemente la temporalidad del sector público que afecta ahora a uno de cada cuatro trabajadores de las Administraciones. Además, el coste para las arcas públicas sería prácticamente cero ya que las plazas ahora ocupadas por interinos que saldrán a oferta a se pagan y la reposición de vacantes se producirá también sobre puestos ya existentes.

En la reunión de hoy entre los responsables del Ministerio de Hacienda y los sindicatos no se ha hablado, sin embargo, de posibles incrementos salariales para este año, aunque esta cuestión se planteará en próximas reuniones. Distintas fuentes apuntan, no obstante, que el Gobierno ofrecerá una subida retributiva para los empleados públicos para este año, en el que no se congelarán sus sueldos, pero no les aplicará la recuperación de las tablas salariales recortadas en 2010 un 5% de media.

jueves, 16 de marzo de 2017

De las comisiones de servicio que pasan a ser vicio

"Las comisiones de servicio son una herramienta para la administración, una salida de emergencia para atender necesidades inaplazables y no una puerta giratoria por la que pasa el que quiere la autoridad de turno"

Revista de prensa: ABC. Al menos 19.000 plazas, pendientes de la oferta de empleo público de 2017 (Hoy jueves reunión de Hacienda con los sindicatos de la función pública)

José Ramón Chaves. Blog DelaJusticia.com.- Las comisiones de servicios han sido un cómodo comodín durante décadas en el empleo público. Dos cosas valoran especialmente los políticos actuales, la urgencia y la fidelidad (la legalidad va en lugar mas rezagado) y la “comisión de servicios” es el atajo que, so pretexto de la discrecionalidad, les ha permitido reclutar a quien goza de su favor para cubrir puestos de trabajo o misiones especiales.

Es cierto que infinidad de comisiones de servicios se han aplicado correctamente, pero en ocasiones se han convertido en un problema de gestión de recursos humanos.

Lo habitual suele ser que quien desempeña algo en comisión de servicios, si está cómodo, se cree con derecho a “calzarse” el puesto, y si no tiene posibilidades, se cree con derecho a que se prolongue para no ser desplazado del mismo. Ante estas pretensiones del comisionado, el político se vuelve agradecido y suele decirle confidencialmente palabras similares a las bíblicas (“En verdad te digo: estarás conmigo en el paraíso”).

Pues bien, una reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional vuelve a poner sobre el tapete una cuestión eterna en el ámbito del empleo público: ¿deben necesariamente convocarse a provisión los puestos de trabajo cubiertos en comisión de servicio en la primera oportunidad de concurso de méritos que se presente?, ¿o pueden mantenerse prolongándose en el tiempo saltando límites legales temporales hasta que la ocasión sea propicia?. Veamos.


Y, ciertamente la cuestión controvertida se reduce a la interpretación que haya de realizarse del artículo 64, párrafos 1 y 5 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, incisos que han sido ya analizados por esta Sala que se ha pronunciado sobre la interpretación de dicho precepto y, más concretamente, sobre el significado que haya de atribuirse al inciso “en su caso” del apartado 5 del artículo 64. Y hemos reiterado que el precepto indicado no establece una obligación incondicional de incorporar al concurso siguiente las plazas que se encuentren cubiertas mediante Comisión de Servicio, pero sin desconocer que la expresión “en su caso” no viene sino a modular la obligación que previamente el precepto acaba de imponer a la Administración, de manera que tal expresión hace exigible que las razones por las que las vacantes que se encuentren cubiertas en Comisión de Servicio no sean incluidas en la inmediatamente siguiente convocatoria. Ello exige, en definitiva, razones que justifiquen el ejercicio de las potestades de autoorganización invocadas por el Abogado del Estado para precisamente excluir del concurso convocado dichas plazas.

Intereses en liza
El análisis es impecable. Tenemos dos intereses en liza. De un lado, el interés de la organización en no ofertar dicho puesto. Y de otro lado, el interés de otros funcionarios con derecho a promoción horizontal y que pretenden que se oferte.

2.- Así pues, es evidente que pueden existir intereses legítimos en la decisión de la administración de excluir puestos cubiertos en comisión de servicio, y ser conveniente prolongar una comisión de servicio sin cubrir la plaza (P.ej. porque es previsible la amortización del puesto; porque el comisionado está ultimando la labor para la que se le reclamó; porque ese puesto pretende ofrecerse con otros similares en una inminente convocatoria independiente que se está negociando, etc.-
Sin embargo tales razones han de ofrecerse como motivación del acto, y además para facilitar su verificación o control. Esta motivación debe ir mas allá de la cómoda invocación del del paraguas de la potestad de autoorganización y debiendo singularizarse las razones.

La motivación se encarece por las siguientes razones:
-Porque afecta a derechos e intereses legítimos de terceros.
-Porque la comisión de servicios es una situación excepcional y como tal de consideración restrictiva.
-Porque la eficacia impone que los puestos de trabajo, por estabilidad, eficiencia y seguridad jurídica, sean servidos por funcionarios con destino definitivo y no temporal.
-Porque la prueba de la necesidad de atención de tal puesto deriva de que está realmente ocupado temporalmente
-Porque la única que sabe las razones bajo principios de facilidad probatoria es la administración y no el funcionario.

3.- Así pues, la previsión “En su caso”, esto es, el caso en que es necesario ofertar los puestos en comisión de servicio, ha de entenderse referida a los puestos cubiertos en comisión de servicio para los que la administración no ofrezca razones objetivas de no ofrecerlos a provisión definitiva. La motivación deberá ser perentoria, intensa y específica cuando se trate de puestos cubiertos en comisión de servicio que hayan excedido del plazo máximo legal (con sus prórrogas) o para los que pese a desaparecer las supuestas causas de urgente provisión, siguen cubiertos temporalmente.

Y es que no hay espacio para la discrecionalidad cuando no se dan razones para lesionar intereses. En ese caso hay arbitrariedad.

4.- Es más, si se invalida por sentencia judicial una comisión de servicios, si se pretende nuevamente adjudicarla a la misma persona ha de acompañarse de una motivación cualificadísima so pena de incurrir en nulidad de pleno derecho por burlar una sentencia firme, caso zanjado por la Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de Galicia de 16 de Diciembre de 2015 (rec.445/2014):

TERCERO.- Hemos de subrayar que las comisiones de servicio son excepcionales en su adopción y limitadas temporalmente, circunstancia que dados los antecedentes del caso y la tutela de la sentencia a ejecutar, conducen a la carga de la Administración de robustecer las razones por las que se opta por la comisión de servicio ante tan inaudita prolongación de la misma a la luz del elocuente dato de que se vuelve con la misma figura de provisión temporal y respecto de la misma persona. (…) De ahí que la correcta ejecución de la sentencia se salvaguardaba con una imperiosa, convincente, razonada y detallada motivación de acudir a la comisión de servicios y a la misma persona, exigencias que no se han cumplido. En efecto, lleva cubierta en comisión de servicios desde el 16 de Julio de 2008 lo que plantea incluso las posibles responsabilidades disciplinarias y en su caso penales de quienes propician tan anómala situación mas allá de la duración máxima prorrogada de tal figura, y que encierra una prolongación ilegítima de funciones a sabiendas de su irregularidad.

CUARTO.- Es más, una cosa es que la sentencia de la Sala censure la falta de motivación de la decisión originaria de nombramiento en comisión de servicios y otra muy distinta que baste la exposición ritual y mecánica de necesidades, pues tras la precedente sentencia firme, si la Administración deseaba acudir a ese mecanismo excepcional y que fuera adjudicado a la misma persona podía y debía encarecer, robustecer y singularizar la motivación en la doble vertiente, objetiva (del medio referido a la comisión de servicios) como la subjetiva (de su adjudicación a la misma persona).

5.- Por otra parte, si se convoca finalmente el puesto de comisión de servicios para su provisión definitiva, hay que tener en cuenta que el Supremo ha considerado que es valorable como mérito la experiencia así cosechada. Así Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Octubre de 2012 (rec. 301/2011), estableció:

Asimismo, tampoco puede aceptarse la tesis que propugna el Sindicato recurrente negando toda virtualidad a los servicios prestados en los puestos desempeñados con carácter provisional sobre la base de la arbitrariedad con que, a su juicio, se viene haciendo uso por la Administración de estos sistemas de provisión. Más allá de que efectivamente en la asignación de estos puestos con carácter provisional no están presentes los principios de mérito y capacidad en igual medida que en los casos de cobertura mediante el concurso y la libre designación, lo cierto es que estas formas provisionales de provisión de puestos de trabajo nacen, en principio, para atender necesidades organizativas perentorias de la Administración correspondiente, siendo innegable que durante su desempeño el funcionario adquiere una experiencia y un bagaje de conocimientos con indudable reflejo en su perfil profesional, de manera que si el Sindicato recurrente tuviera noticia de una utilización ilegítima por parte de la Administración de estos mecanismos de provisión de puestos lo que debería hacer es combatir caso por caso esas adscripciones provisionales o comisiones de servicio en principio ilegítimas, no pudiéndose admitir, por el contrario, que ese supuesto uso abusivo que, a juicio del Sindicato recurrente, se está haciendo de dichos mecanismos de provisión de puestos de trabajo -que no olvidemos están previstos y contemplados legalmente- se pueda traducir en la negación de toda trascendencia al tiempo en que un funcionario ha venido desempeñando efectivamente aunque provisionalmente un puesto de trabajo, por cuanto a juicio de esta Sala nada impide que estos servicios sean considerados como un mérito a los efectos previstos en la modificación operada por el Decreto 120/2010.

6. Sin embargo, una cosa es que se valoren esos servicios y otra que se valoren de forma desorbitada sin permitir la igualdad de oportunidades, por lo que lo normal y correcto es que la valoración máxima sea la del tiempo prestado sin exceder el límite legal, pues lo contrario sería obtener un beneficio de una ilegalidad en perjuicio de terceros. Así, Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de Castilla La Mancha de 14 de Enero de 2016 (rec. 96/2014):

Se pretende valorar los méritos obtenidos en los puestos provistos por dicho sistema en los últimos cuatro años, pese a que dicha situación no puede prolongarse más allá del plazo máximo de dos años, es decir, con infracción del límite previsto en la normativa de aplicación para esta forma de provisión de los puestos de trabajo, lo que implica una clara situación de ventaja a favor de los funcionarios que en su día accedieron a los puestos convocados en comisión de servicios y que han continuado ocupándolos pese a agotarse el límite máximo de permanencia en dicha situación. Sin embargo, esto no solo no es así sino que, además, los méritos van referidos a los cuatro años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria, lo que hace aún más difícil que un funcionario que no haya ocupado uno de los puestos convocados en ese período temporal, pueda obtenerlo en el concurso objeto de impugnación. Todo lo que implica que la Administración ha actuado, en la convocatoria, no solo de forma arbitraria al restringir, sin justificación aparente, el período temporal del cómputo de determinados méritos, tanto generales como específicos, sino con desviación de poder, en la medida en que se utiliza una fórmula aparentemente legal para tratar de consolidar la situación en que se encuentran los funcionarios que desempeñan los puestos ofertados en comisión de servicios.

En definitiva, las comisiones de servicio son una herramienta para la administración, una salida de emergencia para atender necesidades inaplazables y no una puerta giratoria por la que pasa el que quiere la autoridad de turno.

Como siempre, las cuestiones de ilegalidad encierran cuestiones de probidad. El problema es que las normas se cambian pero la falta de probidad no es tan fácil de corregir.