viernes, 20 de octubre de 2017

¡Ya tenemos nueva Ley de Contratos del Sector Público ¡

Elimina los negociados por precio, obliga a que el proceso sea más transparente y crea un nuevo organismo de vigilancia de la contratación. Entrará en vigor a finales de febrero de 2018

EVA BELMONTE. Civio.- Tras el último trámite parlamentario, ya tenemos nueva Ley de Contratos del Sector Público. El Congreso ha rechazado las enmiendas propuestas por el PP en el Senado con 171 votos en contra y 164 a favor (el propio PP, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN) y la reforma de la norma ya es una realidad. España cumple así la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

De hecho, algunos de los grandes cambios que trae la ley vienen marcados por Europa, como la obligación de publicar las modificaciones de los contratos (los famosos sobrecostes) y el fin del uso del procedimiento negociado -aquel en el que se adjudica un contrato sin concurso abierto- para contratos por debajo de un umbral de precio (sí se siguen permitiendo en otros supuestos).

Una negociación opaca para una ley que obliga a dar transparencia a la contratación
Con las prisas por llegar tarde a los plazos europeos y ante una norma compleja, su aprobación se tramitó de urgencia pero ha durado meses. El debate, eso sí, se ha celebrado a puerta cerrada, en comisión. Y es justo ahí donde estuvo la clave del trámite parlamentario. En el Congreso, la mayoría de grupos consensuaron buena parte de las enmiendas en esas reuniones. En el Senado la cosa fue bien distinta. El PP hizo uso de su mayoría y aplicó el rodillo, vetando todas las enmiendas del resto de grupos y aprobando solo las suyas, todas centradas en cambiar un matiz -importante- en la norma. Si las empresas que contratan con las administraciones públicas estaban obligadas a cumplir los convenios colectivos sectoriales, tras la aprobación de esas enmiendas del partido del Gobierno el requisito es acatar los convenios “que sean de aplicación”, lo que significa que con cumplir los de cada empresa, a veces inferiores en derechos de los trabajadores, es suficiente. Al final se tumbaron estas enmiendas en el Congreso. El presidente de la Comisión que debatió la norma en el Senado, José Luis Sanz Ruiz, ha sido acusado por la Fiscalía de manipular la contratación del ayuntamiento del que era alcalde.

Del negociado al abierto simplificado
Uno de los avances más relevantes de la norma es el coto al uso del negociado por criterios de precio, que pasan a tramitarse mediante el nuevo procedimiento abierto simplificado. Este nuevo proceso se podrá utilizar en contratos de obras de menos de dos millones o de suministro y servicios de menos de 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación mediante juicios de valor no superen el 25% del total. La licitación se publicará solo en el perfil del contratante y los plazos de presentación de proposiciones, adjudicación y formalización son más cortos y sencillos.

Eso sí, los negociados no desaparecen, se mantienen cuando haya otras razones: si solo se puede adjudicar a un empresario, en contratos secretos y reservados, si no funciona el procedimiento abierto, cuando no se pueden establecer los criterios de forma clara…

Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales tendrán obligaciones dentro de la nueva ley, impuestas por la directiva europea, siempre que la mayoría de su financiación sea pública y solo para los grandes contratos, con la excepción de aquellos destinados a las campañas. No tienen las mismas obligaciones que las administraciones públicas, pero deberán cumplir algunos requisitos, como establecer instruccions claras de contratación basadas en los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Además, deberán adjudicarlos contratos a la mejor oferta y contar con un perfil del contratante que publique licitaciones y adjudicaciones motivadas.

Los contratos menores, aquellos que se pueden adjudicar de forma directa sin pasar por todo el procedimiento de contratación, pasan de ser aquellos de menos de 50.000 euros en obras y 18.000 en servicios en suministros a los que no superen los 40.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Un nuevo organismo
La norma crea un nuevo organismo de supervisión, destinado a vigilar el cumplimiento de la ley y detectar prácticas corruptas. Eso sí, aunque se llama Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, su independencia solo está en el nombre y sobre el papel: sus miembros, funcionarios, serán nombrados por el Gobierno. Además, dependerá orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Podemos había pedido un nuevo organismo, pero más independiente; y Ciudadanos la creación de una sección dentro de la CNMC, sobre todo centrada en la vigilancia de la competencia.

Pero, además, durante la tramitación se han incluido algunas novedades importantes, muchas de ellas centradas en la obligación de publicar los informes que justifican las decisiones que se tomen. ¿Por qué se permite una modificación? ¿Cómo se justifica con una baja temeraria? ¿Quiénes deciden quién se lleva un contrato y basándose en qué? A partir de febrero de 2018, los contratos públicos deberán incluir esa información, junto a los nombres de todos los licitadores participantes, los informes previos o la composición de las UTE que se lleven contratos públicos.

Toda esa información se publicará en los perfiles del contratante de cada administración y en la Plataforma de Contratos del Sector Público de forma abierta, en formatos reutilizables y, como mínimo, por un periodo de cinco años. Pero, además, se podrán solicitar contratos anteriores vía solicitud de acceso a la información.

jueves, 19 de octubre de 2017

La gerencia pública a la palestra de la amenidad


José R. Chaves. Blog delaJusticia.com.- Tuve ocasión de ser invitado junto con el grandísimo Antonio Arias a las XXXV Jornadas de Gerencia Universitaria organizadas por la Universidad de Vigo (20,21 y 22 de Septiembre de 2017), y ofrecer al alimón una charla sobre los problemas de la gerencia pública, pero bajo un enfoque original y ameno, poco habitual.

Se trataba de analizar unas noticias insólitas en clave jurídica y mas que dar soluciones, mostrar las distintas perspectivas y riqueza de problemática de la gestión pública. Y lo intentamos, o mejor, lo disfrutamos….

Así, que agradeciendo vivamente la hospitalidad de la Universidad de Vigo y la espléndida organización de la Gerencia, donde no faltaron abrazos y francachelas entre debates de altura, pues os ofreceré un enlace al video de nuestra intervención: Sucedidos universitarios. Reflexiones a debate abierto.

Creo sinceramente que el tono abierto, distendido e interactivo de la ponencia, que nos esforzamos por ofrecer, es el que se necesita hoy día, superando la clásica lección magistral, ponencia o retahíla de datos, en que el profesor es más un libro vivo que lee sus propias reflexiones teóricas que un estimulante de mentes para solventar problemas reales.

Intervenciones en videos
Me tomo la vanagloria de parafrasear a La Codorniz: la ponencia más audaz para el público mas inteligente. Aquí está para general disfrute nuestra actuación

Y por supuesto muchos más videos con todas las intervenciones de grandísimos ponentes de las XXXV Jornadas están aguardando a quien se asome con curiosidad a la ciencia en formato vivo.

En suma, las tecnologías al servicio de la enseñanza, aunque no debemos caer en la idolatría de bits, clicks e imágenes, puesto que el poderío de un cerebro libre y sosegado con un libro es insuperable.

Así y todo, confesaré que también he explorado con éxito las nuevas tecnologías para preparar opositores y magistrados especialistas contencioso-administrativo…¡ a través de Skype, sin importar las distancias! ¡¡ Y estoy maravillado !!


NOTA.- Si alguien desea consultar videos breves sobre juristas, auditores y la cosa pública, recuerdo que aquí está la biblioteca con mis Tutoriales jurídicos, así como las entrevistas en forma de píldoras, todo ello accesible y gratuito a golpe de click.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Los sindicatos exigen que los funcionarios tengan subida por decreto ante la amenaza de congelación salarial en 2018

El Gobierno habla de congelación de los sueldos públicos en 2018 en el proyecto presupuestario que acaba de enviar a Bruselas y CCOO recuerda que en otros años con prórroga presupuestaria (1990 y 1996) se dieron subidas salariales a través de un real decreto

Revista de prensa. Diario.es- El  plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas contempla un escenario de prórroga presupuestaria y de contención del gasto que, entre otras cosas, supone la congelación del sueldo de los funcionarios el año que viene. Ni siquiera se contempla repetir la subida del 1% en los sueldos públicos que se produjo en 2017.

"Por el lado del gasto, la ratio se reduce de 2017 a 2018 hasta alcanzar el 40,6% del PIB, consecuencia de la contención del gasto público debido, en gran medida, al supuesto de congelación de los salarios públicos por tratarse de un escenario a política constante", asegura el texto, que prevé una rebaja de tres décimas en el crecimiento del PIB debido a las incertidumbres de la crisis catalana.

El documento enviado a la Comisión Europea en cumplimiento de los requerimientos comunitarios para controlar las cuentas públicas de los estados miembros no renuncia a poder aprobar unos presupuestos para 2018. Pero por el momento la situación política en Catalunya lo hace imposible, ya que el PNV no está dispuesto a volver a dar su apoyo en este trámite parlamentario mientras perdure el actual escenario de enfrentamiento. "El proceso de elaboración de los PGE para 2018 se encuentra en una fase muy avanzada, y es intención del Gobierno presentarlos, en cuanto la situación política lo permita", afirma el documento. 

Los sindicatos no lo aceptan
Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CCOO, asegura que "el escenario de congelación salarial es impensable" y que en sus conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública sus interlocutores siempre habían planteado que tendrían suficientes votos para poder aprobar los Presupuestos. "Si la situación política se complica por Catalunya será una derrota del Gobierno", asegura. 

En todo caso, afirma que si no hay un nuevo Presupuesto –algo que consideraría "negativo para toda la población", también en términos de convocatoria de plazas públicas o inversiones– esto "no condiciona que no haya incrementos salariales" para los funcionarios.

Según datos recopilados por el sindicato, se han producido cuatro prórrogas presupuestarias "y media" desde que se aprobó la Constitución: 1983, 1990, 1996 y 2011. La "media" (ya se estaban tramitando los nuevos presupuestos cuando se prorrogaron) sería la que se produjo en 2017. Las tres primeras ocasiones, con Felipe González en el poder, tuvieron lugar porque las elecciones generales se habían celebrado a finales del año anterior, al igual que ocurrió en 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno.

En estas cuatro ocasiones hubo reales decretos a finales de diciembre del año precedente en los que se "ahormaban" las prórrogas. En los años 1990 y 1996 se incluyó en estos reales decretos una subida salarial para los empleados públicos. Y esto es lo que CCOO cree que debería ocurrir también este año, en caso de prórroga: que se apruebe un real decreto que incluya la subida salarial pactada (la negociación sigue abierta). En 1983 no se mencionaba al personal de las administraciones públicas y en 2012 se estableció específicamente la congelación salarial. 

CSI-F también se opone a la congelación 
Por su parte, CSI-F ha manifestado "su más absoluto rechazo" al plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas. Afirman que "no reconocen" el supuesto de congelación salarial y entienden que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta.

El sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, "ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración". Recuerdan que la última oferta del Gobierno fue un incremento del 1,5% en los salarios más un 0,25% adicional en el caso de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico.

Si además el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018. "Reclamamos a Hacienda que retome lo antes posible el diálogo social y la negociación presupuestaria, de manera paralela a las actuaciones que se están llevando a cabo para resolver la crisis creada en Cataluña", afirman.

Prórroga de los despropósitos fiscales
El portavoz de Presupuestos de Podemos, Segundo García, cree que la prórroga presupuestaria "evidencia la debilidad política del gobierno del Partido Popular y su incapacidad para formar una mayoría parlamentaria suficiente como consecuencia de su trágica gestión de la crisis política en Cataluña". Recalca que esta "nefasta gestión" no sólo tiene costes políticos, sino también económicos: se pospone la incertidumbre y se prorrogan unos PGE que no ayudan a que la recuperación llegue a los hogares españoles.

García recalca asimismo que en su proyecto enviado a Bruselas el Gobierno confía todo el cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas (2,3% del PIB en 2018) al propio ciclo y a la demanda externa, cuando el análisis de la coyuntura muestra que el entorno internacional podría dejar de tirar de la economía. 

martes, 17 de octubre de 2017

Portales de Transparencia de Grandes Ciudades: conclusiones

La puntuación obtenida en el ITA parece no tener ningún tipo de correlación con el consumo ni con el derecho de acceso. Esto se explicaría porque el modelo de Transparencia Internacional parece más orientado a la disponibilidad de contenido que a la facilidad de acceso y consumo del mismo
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Analítica Web Pública blog. Sergio Jiménez.- Pues ya está. Acabamos el estudio de portales de transparencia de grandes ciudades. Han sido unos meses de esfuerzo, certificados, navegadores, formularios, notificaciones y más. Por otro lado, gracias que no es el primer estudio, se ha podido encontrar algo más y evitar algunos problemas de aquel. Del mismo modo, han aparecido algunos adicionales, entre los que destaca la aún mayor falta de datos. Si ya había muchas lagunas en la escala autonómica, en la local son oceanos. Sin embargo, la diversidad del mundo local y de su naturaleza política creo que compensa con un mayor conocimiento de la Transparencia. Y no me refiero solo a los portales en sí mismo, sino a elementos sociales y políticos en los que estos son un elemento más.

Web de Transparencia de Donosti.
Por si acabas de llegar al final de la película, te recuerdo que puedes seguir el culebrón de este estudio desde su planteamiento, las observaciones generales de los portales, el análisis pormenorizado de los mismos y la naturaleza de sus respuestas. También puedes ver el informe del año anterior sobre Comunidades Autónomas.

Clasificando los portales de transparencia de Grandes Ciudades
El primer punto a señalar es que he procedido a una nueva clasificación de las ciudades estudiadas. Esta clasificación está destinada a entender el comportamiento de diversos factores en el uso del portal.  Algunos de ellos corresponden a los portales y otros al entorno.

Estructura del portal
Clasificación de los portales. Hemos optado por dos parámetros de clasificación.
-El diseño del portal. Observamos si la articulación de diseño y contenidos en el portal son los de la web municipal. Si es así hay una mayor identificación, pero es más complicado gestionar (y navegar) en la estructura web. Previsiblemente, estos portales  tendrán un uso menor que los independientes.

-Modelo de consulta. Analizamos si se precisa o no de un certificado digital para ejercer el derecho de acceso. En casi todos los casos en los que es necesario, el ejercicio de derecho de acceso se realiza a través de la sede electrónica del municipio. Esto es así en todos los tipos de diseño que lo hacen.

En función de esta categoría tenemos tres tipos de portales:
-Portales “stand-alone”. Se trata de portales separados del portal del ayuntamiento. La consulta se hace en el propio portal sin obligación certificado. Son los casos de Madrid o Zaragoza. Bilbao lo tiene así, pero requiere certificado.

-Portales “integrados”. Son los portales que tienen una integración total con el del ayuntamiento. Son un  apartado dentro de la web municipa. El derecho de acceso se ejecuta desde la sede del ayuntamiento. Es el caso de Murcia, Sevilla o Valladolid, por poner tres ejemplos. Existen dos integrados que no requieren certificado, Valladolid y Alicante.

-Portales mixtos. Tienen una estructura independiente pero  el derecho de acceso se ejerce en la sede electrónica. Son los casos de Barcelona, Valencia o Málaga.

Población del municipio
Una de las ideas del estudio es que la población incide de manera directa en el uso del portal. Más allá de una audiencia potencial mayor,  el volumen de gestión y de geometrías flexibles del público  influyen. Por un lado es normal que un mayor volumen de lo gestionado genere más consultas. Además, la mayor población permite mayor circulación de usuarios y la creación de más tejido social. Hemos clasificado los portales en:

-Más de 1  millón de habitantes. La separación corresponde más a una idea de separarlas del resto de portales al ser solo 2. No creemos que esta cantidad aporte datos relevantes.
-Entre un millón y 500.000 habitantes. Son Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.
-De 300.000 a 500.000. Es el colectivo más amplio. Comprende Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba y Valladolid.
-Menos de 300.000. Son solo 3, pero muy homogéneas en magnitudes. Se trata de Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat.

Para mantener la comparabilidad hemos trabajado en la medida de lo posible en métricas constextualizadas. Vistas por mil habitantes al mes, consultas por 100000 habitantes, etc.

Composición del gobierno local
Este tercer eje lo tengo en cuenta por dos motivos. El primero porque consideramos que puede ser un indicio de la confianza política que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, un ayuntamiento con mayoría absoluta consolidada posiblemente genere menos inquietudes. Por otro lado,  un gobierno en minoría o en coalición impulsa un debate político en el que cualquier problema que pueda aflorar por la vía de los portales es rentable políticamente. Existe la posibilidad de que un debate político más activo genere más consultas. Hemos clasificado en Mayoría absoluta. Son ayuntamientos en los que se gobierna en: 

-Mayoría absoluta de un partido. Son Murcia y Málaga
-Gobierno en Coalición. Son los gobiernos de Valencia, Córdoba, Alicante y Palma
-Gobierno en minoría. Son los casos más frecuentes. Un partido gobierna en solitario pero necesita apoyos para conseguir la mayoría en el pleno.

Cuadro sinóptico de portales analizados

Principales conclusiones sobre los portales de Transparencia de  grandes ciudades.
Lo que no hemos podido saber
Lo primero a señalar es lo que no hemos logrado averiguar por la pobreza de datos de la mayoría de los portales. Tenemos dos puntos flojos por la falta de historial: la evolución del consumo de los portales y el detalle pormenorizado de las preguntas realizadas al mes. Además, en varios casos no pudimos preguntar, los que no han respondido, y los que han respondido a medias, los datos están muy limitadas.

Esto quiere decir que tenemos unos pocos datos, que los hemos armonizado y transformado para poder compararlos. Parte de las conclusiones del estudio parecen sólidas (con estos pocos datos). En los casos en los que no, tratamos de buscar una explicación razonable que permita explicarlos. Sin embargo, lamentablemente, lo incompleto de los datos invita a la cautela a la hora de analizar los datos.

Población, redes sociales, transparencia y derecho de acceso.
En primer lugar hablemos de los aspectos demográficos y de uso de las redes sociales. En lo que respecta a esta materia tenemos que:

-Habitantes y uso del portal. El número de habitantes no tiene una correlación especialmente estrecha con el volumen visitas. Sin embargo, si hay una correlación alta entre la población y el volumen de consultas. Esto podría avalar el hecho de que una mayor población genera un aumento de temas de interés.

-Correlación de población con el uso del portal y el derecho de acceso

-Población y redes sociales. Una de nuestras ideas era compara el uso de los portales y del derecho de acceso con la interacción digital con el municipio. Para ello consultamos sobre el seguimiento del Ayuntamiento en Facebook y Twitter. Pese a que prácticamente nadie nos respondió, hemos recurrido a la información en redes para hacer el cálculo. Hay una correlación importante entre la población de un municipio y su seguimiento en Twitter, no así en Facebook. Los municipios con un importante contenido turístico tienen una mayor proporción de seguidores en Facebook. Esto da que pensar una mayor audiencia externa.

Redes sociales y uso del portal. Twitter tiene una correlación muy alta con el total de preguntas realizadas y el ratio de conversión. Sin embargo no es así cuando corregimos por número de habitantes. Esto puede indicar que la correlación es más fuerte si sacamos del contexto la población. Más seguidores de twitter significa más preguntas. En otro orden de cosas, en municipios de menos de 500.000 habitantes, el volumen de usuarios y ratio de preguntas por usuarios tiene una importante correlación con Facebook. Podríamos decir que Twitter es un mejor indicador para grandes núcleos metropolitanos, pero pierde en ciudades de menor tamaño.

Correlación entre población, redes sociales y uso del portal
La derecho de acceso y composición de gobierno.

En cuanto a la composición de gobierno, nos hemos centrado en el volumen de preguntas. Hemos excluido el número de visitas por las carencias para comparar determinados grupos de portales. Encontramos lo siguiente:

-El volumen de consultas por cada 100.000 habitantes es mayor en municipios con gobiernos en minoría llegando casi a 1 consulta.

-El ratio de conversión de los portales de Ayuntamientos en minoría es más alto también. Sin embargo, el porcentaje de preguntas desestimadas parcial o totalmente es mayor en gobiernos de coalición. En los gobiernos en mayoría absoluta el volumen de preguntas y de respuestas parcial o totalmente denegatorias es mínimo.

Comparativa del derecho de acceso según la composición del gobierno local
Esto apuntaría a que el derecho de acceso y tiene una relación con la confianza mayoritaria del electorado y la estabilidad política. Los gobiernos en minoría generan un mayor volumen de preguntas. Sin embargo, el número de respuestas denegatorias en colación podría apuntar a un uso de  oportunidad política del portal.De nuevo, tenemos pocos datos para saberlo.
El diseño del portal y su uso.

Diseño y derecho de acceso. Los portales con diseños “stand-alone” tienen un mayor número de preguntas por 100.000 habitantes y ratio de conversión. En términos de conversión los portales en solitario tienen también un porcentaje muy superior a los mixtos. Los portales integrados no podemos hacer una comparativa, dado que ha sido imposible tener datos de tráfico en su mayoría. El porcentaje de preguntas desestimadas es similar también en stand-alone y mixtos y algo menor en los integrados.

Comparativa de consumo de portales y ratio de conversión por tipo de portal
El uso de certificados. La no necesidad de certificados aumenta enormemente las preguntas tanto en términos de población como de conversión. Sin embargo, el número de preguntas desestimadas también es mucho mayor. Esto da que pensar que la necesidad de certificado es un coste para el usuario. Sin embargo, la ausencia de este coste, que supone más posibilidad de recibir preguntas, no necesariamente supone más preguntas adecuadas a este tipo de portales. Es decir, si tiene un usuario certificado es más probable que no puede preguntar por trámites personales (o no se suele responder sobre ellos). Del mismo modo, la restricción de preguntas que supone el certificado permite abordar más rápidamente las respuestas y evitar el silencio administrativo.

Incidencia del uso de certificados para la tramitación del derecho al acceso a la información pública

El Indice de Transparencia de los Ayuntamientos. La puntuación obtenida en el ITA parece no tener ningún tipo de correlación ni con el consumo, ni con el derecho de acceso. Esto quiere se explicaría porque el modelo de Transparencia Internacional parece más orientado a la disponibilidad de contenido que a la facilidad de acceso y consumo del mismo.

Un breve resumen: lo que aprendimos de los portales de transparencia de las Grandes Ciudades.
Podemos resumir en los siguientes puntos.
-La población influye en el uso de los portales, en términos no lineales. Un aumento lineal de población tiene un efecto escalar en el uso de los portales.

-El uso de los portales tiene una relación con la interacción digital con las instituciones. Esta relación es más firme en twitter para ciudades muy  grandes y mayor con Facebook en las medianas.

-Los sistemas políticos estables tienen una menor probabilidad de uso del derecho de acceso. Aquellos con más inestabilidad tienen más posibilidades de recibir preguntas no siempre amparadas por la Ley.

-Los portales diseñados específicamente para esta materia generan un mayor uso del derecho de acceso que los integrados en el Ayuntamiento.

-La necesidad de certificado supone un menor número de consultas en el portal.

 -Sin embargo, eso no significa necesariamente que sean preguntas amparadas por la Ley o que se puedan tramitar.

-La valoración en el ITA no tiene una relación con el uso de los portales por la ciudadanía.

Estas hipótesis carecen de datos para avanzar más, al menos de momento. Sin embargo, si ayudan a entender un poco más del uso de estos portales. Sin embargo, lo que si es una continuidad es la falta de análisis del elementos sobre el que pivotan los portales de transparencia. Debemos asumir que nuestro sistema será todo lo transparente que permitan estos.

Otro post de interés: Según Civio, el Portal de Transparencia infla sus estadísticas

lunes, 16 de octubre de 2017

Democratización y exhibición de la identidad nacional española

"El proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista"

Por Ignacio Molina. Blog Agenda Pública.- Aún no sabemos si estas semanas convulsas serán consideradas en el futuro como parteaguas de nuestra historia reciente. El relato independentista desea subrayar el 1 de octubre como hito en la ruptura entre una gran parte de la sociedad catalana y la idea de España.

Sin embargo, los acontecimientos recientes han sido más complejos y en muchos casos nada favorecedores de la narrativa soberanista. No sólo la huida empresarial o el rechazo europeo e internacional a la secesión unilateral forman también parte de este otoño caliente, sino otros desarrollos políticos visibles en la masiva manifestación del 8 de octubre en Barcelona, la profusión de rojigualdas en los balcones, la audiencia televisiva del discurso del Rey, o la celebración este jueves del Día Nacional.

La bandera nacional
Al margen del impacto de todo esto sobre el procés, surge ahora otra pregunta de fondo interesante: ¿Hasta qué punto estamos asistiendo a un punto crítico que cambie la relación, hasta ahora más bien complicada, que tienen los españoles con su identidad nacional y sus símbolos?

Una investigación del politólogo Jordi Muñoz mostró hace pocos años que el proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista. Al margen de las diferencias lógicas entre el modo en que las distintas sensibilidades ideológicas interpretan la nación, la mayor parte de las élites y en torno al 80% de los ciudadanos han ido convergiendo en un patriotismo de adhesión a la Constitución de 1978 y los principios allí consagrados (lo que incluye el reconocimiento de la pluralidad territorial interna aun sin cuestionar el carácter unitario de España).

Al menos hasta 2012, la normalización de los símbolos españoles en determinados ámbitos había avanzado mucho. Piénsese en cómo la inmensa mayoría de los ciudadanos los acepta en las celebraciones deportivas o en las instituciones. No obstante, si bien solo sectores marginales rechazan la bandera en un ayuntamiento o en un éxito de la selección de fútbol, lo cierto es que su exposición en actos políticos y sociales ha seguido siendo muy limitada. El motivo es doble.

El primero está conectado con residuos de connotación negativa que la misma idea de España sigue despertando entre sectores de la izquierda e incluso liberales. No es algo excepcional pues otros países con pasado dictatorial -como Alemania, Italia o Japón- también han experimentado esa incomodidad y, por consiguiente, un uso público comedido de cualquier alarde patriótico. La segunda limitación tiene que ver con la existencia de fuertes identidades alternativas en varias comunidades autónomas que han estado además gobernadas casi ininterrumpidamente por partidos nacionalistas. Tampoco es una particularidad exclusiva de España pues otras democracias –como Bélgica, Canadá o Reino Unido- experimentan una contestación similar a sus símbolos en partes de su territorio.

Pero lo que sí es característico de España es que la debilidad sea doble (ideológica y periférica) y, sobre todo, que en los últimos años ambas se hayan intensificado por la aparición casi simultánea de dos fenómenos políticos que cuestionan radicalmente el lento proceso de reconciliación con la bandera, el himno o el Día Nacional. Por un lado, la aparición de Podemos y su renuncia a la transición democrática como mito fundante de una identidad nacional democrática. Por el otro, y en contraste con lo que últimamente pasa en el País Vasco, la pretensión del nacionalismo catalán de rechazar e incluso expulsar del espacio público cualquier elemento que represente España.

Desafío 

La intensificación del desafío soberanista ha provocado en las últimas semanas una evidente reacción en toda España. Para un gran segmento de la ciudadanía (incluyendo, desde luego, los núcleos urbanos de Cataluña) la situación les anima a dejar de reprimir públicamente un orgullo en el que se combina la reivindicación constitucional con elementos más culturales como el idioma español o la historia común. En la medida que el conflicto siga siendo intenso, esta tendencia puede aumentar y consolidarse en sectores de la sociedad (jóvenes y progresistas) que, tras 40 años de democracia, no entienden la estigmatización de los símbolos de España. Si ese fuera el caso, no deja de ser paradójico que el independentismo haya contribuido a culminar el proceso de hacer atractiva la identidad nacional española hasta el punto de animar a exhibirla como nunca antes se había hecho.

sábado, 14 de octubre de 2017

15 de Noviembre. Plazo para el curso de Título de Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno

En enero de 2018 dará comienzo esta 3.ª edición del Título Experto (enero-julio 2018). La preinscripción online está abierta hasta el día 15 de noviembre.   Pulse aquí para acceder a más información.

INAP.- Desde su lanzamiento en 2016, el Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de TI-España ha formado en integridad a más de 80 profesionales tanto del sector público como del privado, ampliando sus conocimientos y red de contactos. 

Este programa es la única titulación en España que se centra en tres áreas necesariamente interconectadas: 1) Cumplimiento normativo y ética empresarial; 2) Ética pública y prevención de la corrupción en el sector público; 3) Transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto.

Los destinatarios del programa son directivos de empresas, fundaciones y asociaciones, así como responsables de departamentos de Compliance, Transparencia y Ética, Asesoría Jurídica, Gobierno Corporativo, Auditoría interna, RSC/Sostenibilidad, RRHH, Comunicación y Relaciones Institucionales. En el sector público, el programa se dirige a personal directivo tanto de administraciones como de empresas públicas, en particular de las áreas de contratación, subvenciones y ayudas. También resulta de interés para otros profesionales como abogados, consultores y auditores.

En la selección de los alumnos se busca incorporar distintos perfiles de directivos y componer una mezcla adecuada de sector público y privado. Igualmente, el cuerpo de profesores integra a profesionales e investigadores de altísimo nivel y con gran reputación en las materias de cumplimiento normativo, transparencia y prevención de la corrupción.

El Título Experto representa un programa idóneo para ser integrado en los planes de formación de las empresas y de las Administraciones Públicas y está diseñado para satisfacer todas las exigencias normativas nacionales e internacionales sobre formación en estos ámbitos.

Hasta ahora, el retorno para aquellas empresas e instituciones que han decidido incluir este programa en su Plan de Formación Anual ha sido doble: por un lado, el fortalecimiento de las competencias y la profundización de conocimientos de sus profesionales para actuar en todo momento guiados por principios de buen gobierno y con una ética empresarial argumentada y sólida, y, por otro, las propuestas de mejora concretas, especialmente a través de la aplicación práctica de los proyectos finales elaborados por los alumnos.

El programa completo, metodología, fechas y horarios de clase así como la composición del claustro docente pueden consultarse aquí.

Vídeo promocional.

Más información en: programa.experto@transparencia.org.es /Tlf: 91 134 42 76

jueves, 12 de octubre de 2017

Carles Ramió: ¿Se acerca el fin de los funcionarios?

 "La Administración pública no puede estar descontextualizada de la aparición de nuevas formas de contratación, acordes con el auto empleo y la especialización creciente"

Por Carles Ramió.- Blog EsPúblico.- El vínculo jurídico de los empleados públicos es proceloso: funcionarios, laborales, interinos, laborales temporales e incluso personal becario. A ellos hay que añadir los puestos de carácter político como son los altos cargos y los eventuales. 

Actualmente la distribución de los vínculos profesionales es totalmente caótica dando lugar a que puestos de trabajo con las mismas competencias sean ocupados arbitrariamente por funcionarios, laborales, interinos o laborales temporales. Es decir, profesionales que desempeñan exactamente la misma función pero que poseen derechos, obligaciones y expectativas muy diferentes y, en su mayoría, injustificadas. El modelo viene a representar una matriz con dos dimensiones: personal funcionario versus personal laboral y personal fijo versus personal temporal.  Ambas dimensiones no están ordenadas: idénticos perfiles profesionales tanto para funcionarios como para laborales, y personal temporal (como es el caso de los interinos) que a pesar de ser excepcional en volumen y tiempo hay administraciones públicas que poseen más del 25 por ciento de sus empleados que son interinos y un número nada despreciable de los mismos tiene más de 20 años de permanencia en la interinidad. Solo la Administración pública admite oxímoros como un interino que, en la práctica, es permanente. Esta mezcla y desorden de vínculos jurídicos injustificados es el resultado de no poseer ningún modelo conceptual y de recibir el impacto de modas, con filias y fobias, de cada momento histórico. Es obvio que la Administración pública del presente y del futuro debe ser mucho más ordenada a nivel de vínculos jurídicos siguiendo los siguientes cinco principios:

Un volumen muy reducido de personal con un estatuto especial (funcionarios): ser funcionario implica poseer un estatuto especial, con derechos y obligaciones distintas al del resto de los empleados. Para que se pueda aplicar un régimen especial debería argumentarse mediante elementos profundos y muy bien justificados. Es errónea esta la concepción clásica de que lo usual es que en la Administración pública trabajen funcionarios y, en cambio, excepcional que existan laborales. Lo normal debería ser justo lo inverso: en la Administración pública, al igual que en el sector privado, prestan sus servicios el personal laboral y solo para situaciones excepcionales, en las que se requiere de una protección especial, deben ser ocupados por funcionarios. Para que un puesto de trabajo sea catalogado como de funcionario debería implicar uno de estos dos requisitos: a) puestos de trabajo asociados a funciones de autoridad (jueces, fiscales, policía, fuerzas armadas, personal penitenciario, inspectores de hacienda, etc.); b) puestos de trabajo que están muy próximos o adheridos a los puestos de carácter político de la Administración y que , por tanto, deben gozar de una protección especial para evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad y las tendencias clientelares potencialmente asociados al poder de carácter político. Estos funcionarios, la mayoría puestos de elevado nivel y de mando en la estructura administrativa (también puestos de carácter auxiliar que ejercen funciones de secretaria administrativa o similar de apoyo a los cargos políticos) deben estar protegidos para que puedan defender sus posiciones técnicas y de neutralidad institucional. Los  puestos de trabajo que se encuentren dentro de estos dos supuestos deben ser ocupados por funcionarios y el resto por laborales. Esta distribución implicaría que al menos el 80 por ciento de los empleados públicos deberían ser laborales y solo un reducido segmento funcionarios. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que el personal sanitario o docente sean funcionarios (estatutarios y funcionarios docentes) ya que estos colectivos ni ejercen funciones de autoridad (vinculados a las competencias de soberanía y de coerción de la Administración pública) y, además, están totalmente alejados de los puestos de carácter político.

Laborales vs funcionarios
La gran mayoría de los empleados públicos deberían ser laborales: el punto anterior supone que la mayoría de los empleados públicos deberían ser personal laboral. En este caso habría que aprovechar toda la flexibilidad que aporta la regulación laboral de los trabajadores sin ningún tipo de cortapisa previa que limitara esta elasticidad. Es decir, un tipo de empleados que tanto en la teoría como en la práctica tendrían idénticos derechos y obligaciones que los trabajadores del sector privado. A nadie se le escapa las ventajas de esta opción para la organización de la Administración pública a la hora de redefinir plantillas y reasignar al personal en función de las necesidades de cada momento. No hay que renunciar a ningún elemento de plasticidad organizativa que aporta el régimen laboral. Al contrario, hay que aprovecharlo en aras a la eficacia y a la eficiencia de las políticas y de los servicios públicos. De esta manera la Administración pública podría trabajar por proyectos sin ningún tipo de problema ni de cortapisa. Este colectivo solo tendría dos características especiales y distinticas con relación al sector privado por prestar sus servicios en la Administración pública: primera, el proceso selectivo sería totalmente meritocrático y, por tanto, basado en los principios de igualdad, capacidad y mérito. La segunda especificidad no sería formal sino tácita: la estabilidad de facto en el empleo. En el mundo laboral contemporáneo el gran problema es la estabilidad en el empleo (durante el año 2017 el 25 por ciento de los contratos laborales tuvieron una duración de una semana o menos) pero el sector público, mucho más estable y menos contingente en términos absolutos, puede garantizar en la práctica una estabilidad de carácter casi vitalicia. Este sería el gran aliciente para que perfiles profesionales más competitivos accedieran a superar un proceso público de carácter meritocrático. No se trata en absoluto de mimetizar la actual estabilidad de carácter mineral del personal laboral público. 

El nuevo personal laboral estará sujeto a las contingencias (funciones anacrónicas que implican la supresión de determinados puestos de trabajo, despidos en situaciones muy excepcionales de crisis como la iniciada en el 2008, robotización, etc.) del mismo modo que un empleado del sector privado. Pero a nadie se le escapa que las situaciones de despido por motivos exógenos suelen ser en la Administración pública muy excepcionales y de carácter muy reducido. Obvio que queda la puerta abierta a despidos, objetivables y con todas las garantías jurídicas, por comportamientos sancionables o por muy bajo rendimiento profesional. La idea es que la Administración pública del futuro debería comportarse como una empresa socialmente responsable con sus empleados. Sin paternalismos de carácter político, corporativo o sindical pero si pactando con sus empleados que si ellos actúan con profesionalidad y están abiertos a un continuo reciclaje tienen asegurada una vinculación laboral de carácter permanente.

Fin de la temporalidad 
La supresión de la temporalidad estructural: Un sistema flexible y contingente de función pública debería dejar totalmente de lado la temporalidad estructural de la que adolecen actualmente muchas administraciones públicas. Los sistemas de selección, aunque meritocráticos, deberían ser muy fluidos (ver capítulo 6) y ya no habría argumentos para justificar sistemas de precarización artificial del empleo público.

La inevitable entrada en el sistema público del autoempleo: Finalmente, la Administración pública no puede estar descontextualizada de la aparición de nuevas formas de contratación, acordes con el auto empleo y la especialización creciente. «No imagino a la administración pública contratando community managers por oposición.  De hecho, se trata de incorporar figuras que no existen en la administración actual, por lo que el sistema tradicional no bastará para la selección. Tampoco resultará adecuado el sistema de acceso actual para valorar la capacidad de trabajar en equipos de alto rendimiento. Nuevos perfiles, nuevas necesidades, nuevas realidades. El auto empleo parece la tendencia, y la Administración no podrá mantenerse al margen. El profesional cualificado no trabajará para un solo empleador. La Administración tendrá que contratar profesionales muy cualificados de manera puntual, sin vincularse a una relación a largo plazo» (Anson, 2017).

 En este sentido, no consideramos que en el futuro la opción del auto empleo pueda ser mayoritaria en Administración pública pero sí que debería estar también presente para el desarrollo de proyectos concretos y esporádicos. También puede ser una opción muy útil para organizaciones públicas diminutas (ayuntamientos, algunos organismos autónomos, etc.) que pueden compartir entre ellas a profesionales muy específicos y cualificados que opten por el auto empleo.


Comunicado de  Fedeca sobre la situación en Cataluña. La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) subrayó el  miércoles 11 de octubre su "firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho, con la Constitución en su cúspide, y de toda la legalidad que emana de ella", además de su "inquebrantable lealtad a todas las instituciones del Estado".