jueves, 24 de agosto de 2017

Rafael Jiménez Asensio: La política como profesión (y II)

“El método democrático crea políticos profesionales a los que convierte después en administradores y ‘hombres de Estado’ amateurs” 
(Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Página Indómita, 2015)

“El clientelismo político resulta ser la única de las funciones claves que los partidos políticos siguen realizando (…) En los propios ámbitos institucionales de poder los actores tienden a ser políticos profesionales cada vez con más frecuencia” 
(P. Maier, Gobernar el vacío. La banalización de la democracia occidental, Alianza, 2015)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Ver La singularidad de la actividad política.-  La actividad de la política no deja de ofrecer singularidades sinfín. En primer lugar, como se ha visto, no hay en verdad una actividad política, sino muchas; aunque no es menos cierto que el político puro salta con facilidad de unas a otras con ese don de la ubicuidad del que parece estar dotado, dejando en no pocas ocasiones al descubierto déficits evidentes para gestionar políticamente con éxito determinadas funciones que asume a lo largo de su “carrera política”.

En segundo lugar, la actividad política presenta una especialización profesional muy singular y hasta cierto punto de enorme vaguedad en sus contornos. No cabe extrañarse que el cúmulo de “saberes heterogéneos” que se proyectan sobre la actividad política conformen una especie de bricolage, como enunció Christian Le Bart.

En tercer lugar, salvando los casos en que la dedicación a la política es marginal o se combina con otras actividades profesionales, lo cierto es que la complejidad de la actividad política requiere, por lo común, una dedicación plena, que en ocasiones desborda con claridad los horarios habituales de cualquier actividad profesional.

Y, en cuarto lugar, la continuidad en política parece ser una constante. Una vez entrado, nadie quiere salir. El libro comentado acredita como la edad de los políticos es muy avanzada (aunque en los últimos tiempos se ha producido un rejuvenecimiento, que ya amenaza por cierto “con instalarse” en la actividad). En España hay una generación de políticos que inició su andadura en la década de los ochenta (o antes) y que ya está jubilándose en el ejercicio de esa actividad. Muy pocos han retornado a su actividad profesional originaria, si es que la tenían. Ahora han entrado otros nuevos, sin fecha de caducidad. La historia se repetirá, de no poner remedio.

Qué se requiere acreditar para entrar en política
La cantera o procedencia de los políticos es un punto previo al análisis de cuáles son sus competencias. Y es aquí donde el sistema de reclutamiento muestra una porosidad pasmosa. No hay controles de entrada. Solo las percepciones, la ubicación, el oportunismo o el azar, cuando no las relaciones familiares o personales, sitúan a unos u otros en la carrera de salida o en el trampolín de la política. También en la salida.

Pero hay algo más importante: la entrada en política requiere voluntad. Quien mejor explicó este proceso fue Schumpeter. Como decía este autor, “el método democrático no selecciona a los políticos entre toda la población, sino únicamente entre aquellos elementos de la población que tienen vocación política”.

Quiénes van a gobernar o representarnos no deben acreditar, por tanto, ninguna competencia o conocimientos efectivo, tampoco ninguna titulación o formación específica. El principio democrático cubre tales deficiencias; al menos en apariencia. Pero también Schumpeter advirtió de la trascendental importancia que tiene “la idoneidad del material humano” para la política. Así afirmaba: “no es cierto que en una democracia los hombres tengan siempre la especie y la calidad de gobierno que desean o merecen”. Sin embargo, la eficiencia en los resultados de la acción política (especialmente de la acción de gobierno) debiera exigir (más en nuestros días) que a los responsables públicos se les demanden determinadas competencias y conocimientos institucionales. La política no reforzará su credibilidad si a ella sigue llegando la mediocridad social y no el talento.

El diagnóstico que se hace en el libro es certero y trasladable a España. Allí se dice: “Es evidente, desde el punto de vista sociológico, que la sociedad francesa dispone, particularmente en los estratos superiores, como todos los Estados-nación de Europa, de un potencial de competencia, experiencia, conocimiento experto y talento mucho mayor que el potencial que ofrece la jerarquía de los partidos a un nivel equivalente”. Diagnóstico demoledor: el talento de la sociedad no está en la política. La mediocridad invade sus filas, con excepciones siempre notables. No es un mal hispano, sino general. Pero hay que tomar nota.

Y no es una buena carta de presentación a ojos de la ciudadanía. Comienza a haber, en efecto, una brecha importante entre una sociedad con profesionales muy formados y una política plagada de diletantes o de personas con trayectorias profesionales inexistentes o limitadas. Es verdad que, cada vez en mayor porcentaje, los titulados universitarios o incluso los cuerpos de élite prodigan las nóminas de la política “profesional”. Pero ello en sí mismo no dice nada. Hoy en día se puede ser titulado universitario o doctor incluso y no añadir valor alguno a la política. Por otra parte, tan malo es que la política no atraiga talento como que se ocupe por altos funcionarios en clave corporativa y cierre sus ventanas a la sociedad. Además, según la teoría de las tijeras (Herzog), “cuanto más larga es la carrera política y más alcanza puestos de alto nivel, el político tiende a dejar la profesión originaria en el olvido”. Si pasa mucho tiempo, sencillamente la entierra.

La mediocridad política puede tener asimismo funestas consecuencias sobre el devenir de un sistema político-institucional. Una vez más, Schumpeter recordaba cómo el hundimiento de la República de Weimar se debió también a que sus “políticos estaban muy por debajo del nivel medio nacional, en algunos casos lastimosamente muy por debajo”. La nación alemana –a su juicio- tenía energía y capacidades, “pero los hombres de valía y de carácter desdeñaban la carrera política”. Ello facilitó que un “líder antidemócrata” (prototipo de la mentira, demagogia y calumnia, como lo describiera Sebastian Haffner) se apropiara literalmente del poder. No se trata de llegar a tales extremos, pero una clase política alejada del talento también puede producir daños colaterales notables y efectos perjudiciales. A la vista están algunos de ellos.

Qué competencias son necesarias para ejercer la “profesión política”
El presupuesto de la denominada “profesionalización” de la política es la dedicación temporalmente extensa y retribuida a esa actividad. Sin embargo, la política no ha sido siempre una actividad retribuida. En el primer liberalismo había un ideal positivo del político como persona dotada de grandes virtudes, educada, desinteresada, competente o volcada al interés general (ideal presente, por ejemplo, en El Federalista; o en la idea de “aristocracia representativa”, de la que hablara Bernard Manin). Pero pronto se fue imponiendo un estereotipo del político como persona marcada por la ambición personal desmesurada, corrupta y que asimila la acción política con una empresa de interés económico personal.

Este “tipo-negativo” de definición del político encuentra raíces fuertes en la literatura costumbrista, pero también en innumerables ensayos de los siglos XIX y XX. Las prácticas del spoils system, del clientelismo y de la corrupción alimentaron ese perfil oscuro de la política. Con la llegada de la democratización esa mala imagen tiende a atenuarse, pues se produce la entrada en los cargos públicos de personas de la clase trabajadora o profesionales de izquierda (más tarde de las mujeres y de otros colectivos desaventajados) que hacen de la política un compromiso y medio de transformación social. Pero este proceso y tan buenas ideas iniciales no evitarán que la ocupación de esos cargos se convierta en una meta para medrar personalmente, también de los recién llegados a esa política pretendidamente altruista. La obra de Michels es, a tal efecto, reveladora, pues su tesis sobre la oligarquía de los partidos políticos está construida sobre el funcionamiento del Partido Socialdemócrata. La “casta política” ya entonces era una realidad, también en la izquierda. Se decía, por ejemplo, que “ser elegido diputado se había convertido en un gagne-pain (medio de vida)”. Y así sigue siéndolo. Sea cual fuere el color de quien ocupe el escaño.

Darle la vuelta a un estereotipo tan arraigado no es tarea fácil, aunque se intente. Menos aún si no se hace nada. Lo cierto es que, como nos recuerda el libro comentado, “el profesional de la política se define también como un especialista, un hombre que practica una actividad particular y que, para ejercerla con éxito, debe poseer competencias y saberes específicos”.

Lo que no es fácil es identificar cuáles son esas competencias y saberes específicos, pues variarán en función del tipo de actividad política que se desarrolle. Aun así, un buen profesional de la política es aquel que dispone de una competencia política consagrada (habitualmente la experiencia, como decía Léon Blum), pero que siempre se combina con un compromiso político, con la defensa de una causa (“tener convicciones”) y con una actitud de servicio (es preciso “estar disponible”). Los valores y la ética pública también cotizan, aunque no pocos políticos los ignoren o desprecien.

Max Weber recogía tres cualidades decisivas que debía tener todo político: “pasión, sentido de la responsabilidad y sentido de la distancia (mesura)”. La pasión, como decía este autor, debe frenarse siempre con unas dosis evidentes de mesura: la pasión sin la responsabilidad no convierte a una persona en político. La clave está –concluía Weber- en cómo conjugar en la misma alma la pasión ardiente y el frío sentido de la distancia: “la política se hace con la cabeza, no con otras partes del cuerpo o del alma”, concluía.

La política debe ser asimismo consciente de que –como apuntara Schumpeter- “la cualidades de inteligencia y de carácter que convierten a alguien en un buen candidato no son necesariamente las mismas que le convierten en un buen administrador”. La selección de las urnas no garantiza la buena gestión. Y si al frente de esta se ponen políticos (y no profesionales de la dirección) el fracaso (o la relativización del éxito) está garantizado. Un gestor político amateur puede ser calificado como una suerte de “juez sin carrera de Derecho” (o como un “diplomático sin inglés”), que “arruina a la burocracia y desalienta a los mejores elementos”. De eso sabemos mucho.

El político vive atado a “la tiranía de lo inmediato”. Y eso tiene serias consecuencias, pues con semejante enfoque alicorto no es capaz de desarrollar una visión estratégica y es la táctica sola lo que termina por ahogar la buena política. La política está cuestionada frontalmente. El intento de dignificar y legitimar la política encuentra, sin embargo, no pocas paradojas. Citaré dos de ellas.

La primera es cómo se “ingresa” en la actividad política: el compromiso político (“vocación”) y la precocidad han sido hasta ahora las notas dominantes. Y no ha habido, ni hay, premisas básicas para garantizar que la elección sea correcta en términos de competencia “profesional” para ser buen político. Esta debilidad no es fácil corregirla, aunque hay alternativas. No precisamente las primarias. La política no puede ser un coladero de oportunistas, “amiguetes” y advenedizos sin escrúpulos. Así se mata la política.

La segunda es la adquisición y desarrollo de competencias profesionales para ejercer con éxito la carrera política. El sistema se sigue basando (al menos aparentemente) en “la experiencia” como fuente de conocimiento, pero poco o nada se le añade a esa dimensión práctica. Las escuelas de formación de los partidos, como señalan los autores de este libro, representan un modelo totalmente agotado. Hay que reinventar la formación de cuadros para el desarrollo de competencias políticas e institucionales. Existen muchos programas formativos de políticos dirigidos a ganar elecciones y ninguno que enseñe realmente a gobernar las instituciones. Como dijo Innerarity, gobernar no cotiza en la política actual, solo ganar elecciones. Los partidos tienen totalmente abandonada (o mal enfocada) esta formación y la prueba evidente es que esos “políticos profesionales” desempeñan sus funciones la mayor parte de las veces como auténticos “amateurs”, cuando no con una desorientación notable que solo el paso del tiempo a veces atempera.

A modo de conclusión
Un dato relevante es que, como señala Michel Offerlé en el epílogo, la política es un oficio que se ha profesionalizado en su desempeño, pero a su vez ha sido negado como tal (esto es, no está reconocido socialmente o tiene un prestigio bajo mínimos); se trata de una pretendida actividad “profesional” que, contrariamente a todas las demás, no tiene ninguna regulación heterónoma, sino que el poder que de ella deriva no es sino temporal, se “toma” y se debe “dejar”. Perder las elecciones es el mayor drama del político profesional. Sin embargo, la mejor reforma –a juicio de este autor- “sería no desprofesionalizar totalmente la profesión política sino limitar sus modos de ejercicio e imponer un control ciudadano sobre su modo de ejecución”. Y el autor concluye: On peut rêver (se puede soñar).

La idea de control ciudadano sobre la política y los políticos ya se formuló a inicios del siglo XX por el filósofo Alain, quien –entre otras cosas- decía que “todo poder sin control enloquece” y que, por tanto, “la democracia sería, en este sentido, un esfuerzo constante de los gobernados contra los abusos del Poder”. Aunque en la época en que Alain escribió sus Propos el Estado de partidos era aún incipiente, el autor muestra en esa obra con claridad su rechazo a la organización de los partidos y su desconfianza hacia el ejercicio del poder (El ciudadano contra los poderes, Tecnos, 2016, pp. 162 y ss.).

Este control no se puede hacer, en ningún caso, desde la propia política, pues su sentido corporativo es manifiesto. Jouvenel recordaba, por ejemplo, lo siguiente: “Hay menos diferencias entre dos diputados, uno de los cuales es revolucionario y el otro no, que entre dos revolucionarios, uno de ellos diputado y el otro no, pues aquellos gozan de privilegios jurídicos y económicos que son intereses propios de la carrera política”. La preservación de los intereses comunes se convierte, así, en una suerte de leitmotiv de la corporación política, sea quien fuere el que la integre. Los partidos ahora son Estado, como decía Mair. De ahí las enormes dificultades de este proceso. La cuestión clave es quién y cómo puede controlar a la política.

Difícil, en efecto, renovar la política cuando ella monopoliza los cauces y palancas para que ese proceso se lleve a cabo. Tras su evidente desmoronamiento y pérdida de confianza, la tendencia actual de la política es renovar su imagen, hacerla más transparente, regular las incompatibilidades y conflictos de interés e intentar así legitimar “su profesión”. En suma, se pretende mejorar su deteriorada imagen como “clase política” (según expresión de Mosca) o “clase gobernante” (Mair). Pero las resistencias “corporativas” (sobre todo de “los aparatos” de los partidos, lugar donde recala la mediocridad más temeraria) son intensas. Hay muchas personas instaladas o recién instaladas que no quieren modificar el statu quo, pues ello podría significar el que sean expulsados de esa profesión “de” la que viven, tras haber accedido jóvenes “para hacer política” (y algunos haberse hecho mayores en ella). No se trata tanto de limitar mandatos o regular incompatibilidades estrictas, pues ello apenas vale de nada si se puede saltar de una actividad a otra de la política sin solución de continuidad. La rotación permanente entre la política y la vida social o profesional es la clave del proceso de renovación. Un camino que nadie quiere emprender.

Una vez más se muestran las complejidades de regular una actividad tan singular. Pero no le den más vueltas, no se transformará realmente la sociedad si la política no mejora de forma gradual y sustancialmente las cualidades del material humano que a ella se dedica. La política debe huir de la mediocridad si no quiere ser ahogada en sus brazos. Y eso solo depende de la política, los partidos y sus líderes (si realmente lo son). Tal como decía Jeremy Bentham, solo por amor al gobierno y por perfeccionar el sistema de la administración, "es por lo que sea desea verlo en las manos más hábiles y más puras” (Tratado de los sofismas políticos, Leviatán, Buenos Aires, 2012, p. 184).

miércoles, 23 de agosto de 2017

Los funcionarios piden regular la denuncias contra la corrupción en las Administraciones Públicas

El 84% de los funcionarios murcianos están a favor de poder denunciar la corrupción sin recibir represalias

Revista de prensa. La Opinión de Murcia.- La gran mayoría de empleados de la Administración pública regional considera importante que la futura Ley de Buen Gobierno de la Región de Murcia, que el Ejecutivo de Fernando López Miras pretende sacar adelante en lo que queda de legislatura, contemple la regulación del régimen de denuncias sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y otras medidas de protección para los denunciantes.

Así se desprende al menos de la encuesta realizada a los funcionarios realizada por la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, dentro del proceso de consulta pública, puesto en marcha por la consejera Noelia Arroyo, para el diseño de las políticas que llevará a cabo su departamento en estos dos años. En la consulta participaron un total 612 trabajadores públicos, lo que supone un 7% del total de la plantilla. Un dato con el que el Gobierno regional está contento, pues es el más exitoso de los que se han realizado hasta el momento.

Según esta encuesta, un 84% de los encuestados, casi nueve de cada diez, pedían la regulación de un régimen de protección para aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su trabajo, puedan apreciar algún delito contra la corrupción sin temor a recibir represalias laborales por ello.

Puertas giratorias
Era uno de los aspectos que más preocupaban a los que participaron en el proceso, según los datos que constan en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma, donde también dejaban patente la necesidad de regular las llamadas 'puertas giratorias', con una clara definición del régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica. Esto preocupaba al 90% de empleados públicos que participaron en el proceso de la Consejería de Transparencia.

Asimismo, los funcionarios también son partidarios de que la Ley de Buen Gobierno contemple mecanismos para que un cargo público no lo pueda ocupar cualquiera. Un 89% de los encuestados consideraba importante o muy importante que la futura normativa establezca unas condiciones de ideonidad que debe reunir una persona antes de ser nombrado para un cargo político, que además estará sometido por ley al cumplimiento de una serie de principios éticos que ya definiría la norma autonómica.

En los resultados de la encuesta llama también la atención comprobar que un 78% pide que en la Ley de Buen Gobierno quede perfectamente definida la regulación del Ejecutivo en funciones, estableciendo las reglas de la actuación en el caso de traspaso de poderes. Y es que los empleados públicos de la Comunidad han trabajado ya con tres gabinetes distintos en los tres últimos años, como consecuencia de la convulsión política vivida en la Región. Muchos funcionarios se han visto movidos de una consejería a otra en función del reparto de competencias que haya realizado el presidente de turno.

Asimismo, destaca el gran número de aportaciones libres realizadas por los trabajadores de la Administración regional que han completado la totalidad de la encuesta, que constaba de cuatro apartados (Transparencia, Participación, Datos Abiertos y Buen Gobierno) y 33 preguntas. En total, se han obtenido 460 aportaciones, entre las que sobresalen las realizadas sobre Transparencia, con 191 (42% del total), seguidas de Participación, con 100 aportaciones (22 % del total), según fuentes de la Comunidad. 

martes, 22 de agosto de 2017

Fernando Castro: Administración electrónica municipal

Otro post de interés: Por Rafael Jiménez Asensio. blog La Mirada Institucional. La política como profesión

Por Fernando Castro Abella. Blog EsPúblico.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos anuncia que, cuando se produzca su plena aplicación, habremos llegado a la tierra prometida de la administración electrónica, despidiéndonos del obsoleto desierto de la burocracia tradicional. Pero la citada Ley es un poco fanfarrona y presume más de lo que en realidad es.

Subasta electrónica en el Ayto de Gijón
De un lado se atribuye el mérito de la implantación de la administración electrónica, si bien fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que consagró el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones. Otra cosa es que ese derecho no se haya respetado en diversas, por no decir abundantes, ocasiones. Esperemos que ahora sí se cumpla en todo caso.

De otra parte parece obviarse que la nueva Ley, como no podía ser menos, respeta el derecho de los ciudadanos a relacionarse de modo personal con la Administración. Ciertamente no es cosa de exigir a nuestros ancianos menos adaptados a las nuevas tecnologías que se pongan a aprender el uso de dispositivos electrónicos.

Los pequeños ayuntamientos
Pero hay una zona oscura en la implantación de la interconexión ciudadanos-administraciones, la de los pequeños Ayuntamientos. Cierto es que la Ley aventura soluciones, pero la inquietud es si serán realmente operativas el próximo octubre.

En España, de los 8125 municipios existentes (según el padrón a 1 de enero de 2016), sin considerar Entidades Locales Menores, 4955 (61%) no alcanzan los 1000 habitantes, llegando hasta los 6825 (84%) los Ayuntamientos de poblaciones inferiores a los 5000 habitantes. Como es lógico los recursos económicos de esta gran mayoría de Ayuntamientos son bastante limitados, a pesar de las excepciones de pequeñas Entidades con gran riqueza. Y la limitación económica suele llevar aparejada limitación de recursos, tanto humanos como tecnológicos.

Confiamos en que en su momento estará plenamente disponible el Registro Electrónico General en todos los Ayuntamientos, bien por su creación, bien, en la mayoría de los casos, por su adhesión al del Estado. Pero si de verdad queremos llegar a la tierra prometida de la Administración Electrónica, no es suficiente, es imprescindible además que las calderas de la asistencia a Municipios de Diputaciones y Comunidades Autónomas trabajen a pleno rendimiento.

Las Entidades Locales van a tener que hacer un esfuerzo importante para contar con la tecnología adecuada, tanto en equipos como en aplicaciones. Y para ello necesitarán ayuda, financiera y en asesoramiento. Hemos visto a Ayuntamientos dotarse de soluciones a medida carísimas, desarrolladas por prestigiosos consultores, que para el tamaño de Administración en que se aplicaba funcionaban bastante peor que otras de uso corriente mucho más económicas. También hemos visto soluciones chapuceras que pretendían implantarse por la vía de ponerse el sello de una marca de prestigio en otros ámbitos municipales.

Retos 
Pero el reto no es solo inversor. También es fundamental el desarrollo de unos planes adecuados y suficientes de formación del personal de la Administración Local. Y en este aspecto es importante que la formación sea efectiva. No es suficiente con obligar a los funcionarios a asistir a charlas o a pasar unos autotest que se hagan en comandita sin control efectivo de la evaluación. Es necesario asegurarse que la cultura electrónica cala en el personal.

Y para llegar a buen puerto en esta singladura es necesario que haya un líder, un abanderado de la Administración Electrónica en cada Ayuntamiento y que se dote a dicha persona de verdadero poder de decisión en la materia. Y para ello no servirá un Alcalde con apoyo mayoritario popular pero sin conocimientos tecnológicos avanzados. Ni un técnico de primer nivel sin capacidad de transmitir a los demás conocimientos y, sobre todo, entusiasmo.

lunes, 21 de agosto de 2017

El Gobierno quiere involucrar a 60.000 policías locales en la lucha contra el yihadismo

La mesa de evaluación de la amenaza terrorista ha rechazado recurrir al Ejército y ha optado por potenciar la seguridad en toda España recurriendo a los agentes municipales

Revista de prensa. VozPopuli.- El Gobierno recurrirá a los más de 60.000 policías locales que trabajan en los 8.124 municipios españoles para aumentar la seguridad de los españoles frente a los ataques yihadistas. Y especialmente en las zonas turísticas y más concurridas.

Así lo acordó la mesa de evaluación de la amenaza terrorista reunida ese sábado por la mañana de forma extraordinaria y que fue presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en rueda de prensa ha informado de que ha aceptado la decisión de los responsables de la lucha antiterrorista.

Ayuntamiento de Barcelona, ciudad víctima
del último atentado terrorista
En la reunión, los responsables de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza consideraron de forma unánime que debía mantenerse la actual situación de alerta 4.

De esta forma, el Ejecutivo central evita aumentar el nivel de alerta antiterrorista, y no despliega a las Fuerzas Armadas por las calles españolas ni restringe el tráfico aéreo. Fuentes policiales habían asegurado que la decisión de elevar a cinco la alterna antiterrorista sólo se podría haber tomado al tener conocimiento de un posible atentado de carácter "inminente".

Cooperación con las fuerzas estatales
Las policías locales de los municipios españoles, a excepción de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se encargan principalmente de la protección de autoridades locales, vigilancia o custodia de edificios municipales y la ordenación del tráfico en el núcleo urbano. Sin embargo, los municipales pueden colaborar y cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención de los delitos y vigilar los espacios públicos.

Para involucrar a las policías locales,el ministro Zoido ha anunciado que convocará las juntas locales de seguridad para analizar los riesgos con la intención de "incorporar, dentro de su competencias, las cualidades de estos cuerpos para desarrollar las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista" y valorar la adopción de "medidas pasivas de seguridad".

Asimismo, el ministro ha estimado "conveniente" que los ayuntamientos analicen y estudien en las juntas de seguridad la posibilidad de establecer medidas físicas de protección para evitar acciones terroristas, como la colocación de bolardos o maceteros, tal y como recomendó la Policía las pasadas Navidades.

De 10.631 agentes en 2015 a casi 17.000 
Una prueba de la potencial importancia de lo que supondría la incorporación de los Policías Locales en la lucha antiterrorista son las cifras de municipales en Cataluña. Según los datos oficiales de la Generalitat, los municipios de esta Comunidad tenían en 2014 un total de 10.631 policías en plantilla.

Sólo en Barcelona había 2.745 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, seguidos por los 377 de los policías adscritos en la Urbana de l’Hospitalet del Llobregat. En enero de 2016 el número de Mossos d'Esquedra era de 16.869. 

La decisión de movilizar a los municipales de toda España se conoce después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya remitido a la Policía y a la Guardia Civil un oficio para extremar las medidas de seguridad tras los atentados de Cataluña y aumentar los controles en plazas, paseos marítimos y zonas peatonales.

Según el oficio, al que ha tenido acceso Efe, los ataques en Barcelona y Cambrils (Tarragona) "ponen en evidencia la gravedad que la amenaza terrorista supone contra la seguridad pública y hacen necesario extremar las medidas policiales de prevención y reacción"

Añade que este tipo de atentados mediante atropello masivo de personas en vía pública pone de manifiesto que sus autores "eligen como objetivos entornos urbanos especialmente vulnerables por la presencia masiva de ciudadanos españoles y extranjeros".

Por todo ello, insta a establecer dispositivos de seguridad "específicos y reforzados en todos aquellos lugares en los que se produzca una elevada concentración de personas, poniendo especial énfasis en zonas de afluencia turística".

Los agentes tendrán que intensificar los controles aleatorios de personas y vehículos en lugares de máxima aglomeración, con especial atención a plazas, paseos marítimos y calles peatonales, entre otros, a la vez que se incrementará la presencia de vehículos policiales en puntos estratégicos de esas zonas, como entradas, salidas o intersecciones.

Asimismo, la circular pide que se refuercen los dispositivos específicos de reacción tendentes a reducir el impacto y/o continuidad de posibles acciones terroristas y que se intensifiquen los controles policiales en la zona fronteriza hispano-francesa.

El oficio hace hincapié en la necesidad de incrementar los cauces de colaboración con las policías locales para incorporar las capacidades de estos cuerpos a las medidas del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

sábado, 19 de agosto de 2017

Contratación: A vueltas con la motivación en la contratación administrativa (II)

"La conclusión es clara: el incumplimiento de la obligación de motivación es una alegación errónea de las empresas demandantes"

Por Francisco Sosa Wagner.- Blog EsPúblico.- Quedaron resaltadas en el comentario anterior a esta sentencia de 4 de julio de 2017 (Tribunal de Justicia europeo con sede en Luxemburgo, asunto T-392/15) las precisiones que acerca de la motivación en los procedimientos de otorgamiento de contratos realiza el juez. La conclusión a la que se llega en el caso particular analizado es que no se ha producido tal falta de motivación por parte de la Agencia encargada de la adjudicación del contrato y por ello las empresas demandantes no solo pierden el pleito sino que además son condenadas en costas. Un fracaso en toda regla.

El asunto de fondo era la valoración de las ofertas «anormalmente bajas». A tal respecto el juez europeo recuerda que el órgano de contratación, si entiende que una oferta incurre en esta sospecha, ha de ponerlo en conocimiento de la empresa para que esta formule las precisiones adecuadas destinadas a justificar sus precios y especialmente ha de acreditarse el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección del empleo y de las condiciones laborales que se hallen vigentes allí donde haya de ejecutarse el contrato.

Más una precisión vinculada al hecho de que el licitador disfrute de una ayuda pública. Esta circunstancia no será causa suficiente para rechazar la oferta a menos que el licitador, beneficiario de esa ayuda, no pueda demostrar que la misma fue obtenida «de modo definitivo y de acuerdo con los procedimientos y decisiones precisados en la reglamentación de la UE en materia de ayudas estatales».

¿Qué se entiende por oferta «anormalmente baja»? Inútil tratar de encontrar una definición en las disposiciones del Reglamento financiero, tampoco en el «de aplicación». Invocando una jurisprudencia conocida, el juez contesta de manera simple pero razonable que «debe apreciarse con relación a la composición de la oferta y con relación a la prestación de que se trate».

En este caso, la Agencia adjudicataria es acusada por las empresas licitadoras demandantes de haber incumplido la obligación de motivación. Pero, como ya he adelantado, no comparte esta idea el Tribunal porque, si bien es verdad que tales licitadoras habían solicitado una motivación específica para los dos lotes en que se descomponía el contrato (escrito de 8 de julio de 2015), lo cierto es que, sin esperar a que la Agencia contestara, y pese «a que los plazos para la interposición del recurso no suponían un obstáculo para ello», las empresas interponen ya directa -y precipitadamente- el recurso que esta sentencia analiza.

El juez considera que la respuesta de la Agencia dada el 24 de julio de 2015, donde se sostiene que la oferta no es anormalmente baja, se acomoda a un plazo «razonable» por el conjunto de circunstancias que caracteriza una situación excepcional en el sentido que ya ha sostenido el mismo Tribunal en sentencias anteriores y donde se admite la toma en consideración por el juez de información aportada «durante el procedimiento judicial» (sentencia de 20 de mayo de 2009 VIP Car Solutions/Parlamento T-89/07, EU T: 2009, 163, 76 y sgs). Porque es verdad que, no dándose esta circunstancia excepcional, la cuestión de si se ha cumplido o no la obligación de motivación «debe, en principio, examinarse en función de la información de que disponen los demandantes, como muy tarde, en el momento de interposición del recurso» (según jurisprudencia consolidada y citada en el apartado 74 de esta sentencia ahora por mí comentada).

Bajas anormales
La Agencia -en su escrito de 24 de julio de 2015- analiza los precios para los dos lotes llegando a la conclusión de que «tenemos pruebas concluyentes de que las ofertas financieras no eran anormalmente bajas». El juez «comprende» las razones por las que la Agencia no consideró que las ofertas seleccionadas presentaran icto oculo un carácter anormalmente bajo. Y además añade «que las demandantes pudieron impugnar el carácter suficiente de esta motivación y, además, hicieron uso de esta posibilidad».

La conclusión es clara: el incumplimiento de la obligación de motivación es una alegación errónea de las empresas demandantes.

Pero, atención, porque el Tribunal añade: «es preciso recordar que en el contexto de un motivo basado en la falta de motivación, las eventuales impugnaciones respecto al carácter fundado de esa motivación no pueden ser examinadas por el Tribunal dado que [conforme a nuestra jurisprudencia] la cuestión del cumplimiento de la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE debe distinguirse de la cuestión del carácter fundado de la motivación». La jurisprudencia que invoca el juez es básicamente la contenida en las sentencias de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/ BCE T-553/11 y de 28 de junio de 2016, T-652/14, ambas por cierto no publicadas, según indicación que se contiene en el apartado 80 de esta sentencia traída hoy a este Blog).

Perdón, señor juez de Luxemburgo, con humildad de simple catedrático, me atrevo a decirle que el artículo 296 por usted invocado se limita a establecer, en su párrafo segundo, el principio de motivación de los actos administrativos. Lo que usted hace -e hicieron sus colegas en las sentencias de 2014 y 2016- es introducir una sutileza jurídico-procesal que no se corresponde con la letra de ese precepto. Y además me pregunto ¿a quién beneficia? Estamos -dicho sea con todos los respetos- más bien ante un enredo, un garbuglio si se me permite recurrir a la expresión famosa usada por don Bartolo en Las Bodas de Fígaro mozartianas.

Escribí en la parte primera de este comentario que entrábamos, con esta sentencia, en el territorio del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y vemos cómo, a la vista de un caso concreto, este se descompone en mil matices otorgándole un carácter irisado que lo hace al tiempo técnicamente complejo y políticamente apasionante. No es extraño porque en el lenguaje del Derecho sus vocablos son amasados por actores muy diversos: legisladores, jueces, abogados, litigantes … Y lo hacen al mismo tiempo y, lo que es más inquietante, usándolos casi siempre como armas de combate.

viernes, 18 de agosto de 2017

Los concejales de Madrid capital podrán ser sancionados si no cumplen la ordenanza de transparencia

Los ediles deberán aportar información si no quieren ser apercibidos públicamente y abonar incluso  una sanción

Revista de prensa. EP.- Los concejales de los cuatro grupos del Ayuntamiento de Madrid tendrán que publicar su agenda y los regalos protocolarios que reciban desde este jueves, cuando entra en vigor la ordenanza de Transparencia, aprobada hace un año.

Los concejales deberán aportar esta información si no quieren ser apercibidos públicamente y se podría imponer una sanción por parte de la comisión de seguimiento de la ordenanza.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Foto Jorge París.
En esa comisión también estará presente el Consejo Estatal de Transparencia y el futuro director de la Oficina municipal contra la Corrupción. Entre todos decidirán las sanciones a imponer a quienes no cumplan con las obligaciones que marca la ordenanza, que incluso pueden llegar a proponer el cese de directores generales.

Al respecto, Ahora Madrid, PSOE y Cs comenzaron a hacer pública sus agendas antes de la entrada en vigor de la ordenanza.

También tendrán que publicarse en el portal de Gobierno Abierto las atenciones protocolarias siguiendo lo ya aplicable a todos los ediles de gobierno, titulares de órganos directivos y empleados del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

Así, los obsequios considerados muestras de cortesía no podrán superar los 50 euros y no se podrán aceptar más de tres de una misma persona física o jurídica al año.

Contratos menores y huella normativa
Los contratos (también los menores) actualizados, la trazabilidad de las decisiones con la huella normativa (que ya se ha empezado a publicar), la reutilización de la información municipal sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita y las demás obligaciones de publicidad activa. Todo ello forma parte de los 54 artículos de la primera ordenanza de Transparencia de Madrid, la primera de España.

La ordenanza incluye igualmente el registro obligatorio de lobbies, aunque no entrará en vigor este mes de agosto. Sus líneas fundamentales recibieron luz verde en el Pleno en la sesión de junio y desde entonces ha empezado a correr el plazo dado de seis meses para la puesta en marcha del registro, que se activará antes de final de año.

Además, el Ayuntamiento se compromete con la ordenanza a dar la información que solicite la ciudadanía, que la podrá solicitar con un simple correo electrónico dada la escasa implantación del DNI electrónico.

jueves, 17 de agosto de 2017

Cinco ciudades norteamericanas en el Top 10 de las más tecnológicas con San Francisco a la cabeza


Universia.- ¿Qué es una Smart City? Entendemos por ciudades inteligentes a aquellas que aplican las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su infraestructura, para ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida, y alcanzar un desarrollo sostenible utilizando sus recursos de la mejor forma posible.  

De acuerdo a los expertos, en los próximos 35 años dos terceras partes de la población mundial se ubicará en zonas urbanas, lo que implica un desplazamiento de más de 2.500 millones de personas y un progresivo abandono de las zonas rurales. Las ciudades que ofrezcan mayores atractivos y posibilidades de crecimiento serán las que reciban la mayor parte de esta población, por lo que Business Insider ha intentado anticiparse a este proceso estableciendo un ranking de las ciudades más tecnológicas del mundo. El ranking consideró el número de startups, patentes per cápita o número de smartphones de las ciudades.

Si lo que quieres es desconectar, alejarte de las pantallas y relajarte en un entorno natural… quizá no sea conveniente que visites estas ciudades. Pero si lo que quieres es conocer los últimos hitos de la tecnología, y radicarte en un sitio que busca la innovación constante, entonces este listado te servirá para encontrar tu lugar en el mundo.

Dominadas por la Tecnología en cada uno de sus aspectos, con impresionantes construcciones y servicios adaptados a las últimas tendencias, estos centros urbanos destacan como los más tecnológicos del mundo:

1.-San Francisco. USA
2.-Nueva york. USA
3.-Londres. RU
4.-Los Angeles. USA
5.-Seúl. Corea del Sur
6.- Taipei. Taiwán
7.-Boston. USA
8.-Singapur
9.-Toronto. Canadá
10.- Chicago. USA