La norma obliga a todos los poderes del Estado y al conjunto de las Administraciones Públicas a contestar cualquier petición de información de cualquier ciudadano que no entre en conflicto con otro interés protegido.
Se incluyen penas de prisión y una reforma de la normativa electoral para sancionar con la inelegibilidad a los gestores públicos infractores.
El Consejo de Ministros aprobo el pasado viernes la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Asimismo, se aprobo un Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal "que castigará conductas de la autoridad o funcionario público que voluntariamente puedan causar un perjuicio económico a sus respectivas entidades públicas".
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