miércoles, 28 de noviembre de 2012

Los altos funcionarios plantean alternativas para salir de la crisis y modernizar la gestión de las Administraciones Públicas

Fedeca, que agrupa a los funcionarios pertenecientes a los cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado, ha hecho público un documento titulado Plan de Medidas alternativas de Fedeca ante la crisis, en el presenta una serie de propuestas concretas para salir de la crisis y que afectan al funcionamiento y dimensionamiento de las administraciones públicas.

El documento, que contiene partes reivindicativas de carácter sindical, como corresponde a la naturaleza de esta federación de funcionarios, incluye el análisis de ocho grandes apartados susceptibles de mejora  (Función Pública, racionalización económica, medias tributarias y de Seguridad Social, Justicia, Gestión del patrimonio inmobiliario y contratación, TIC e Infraestructuras). En todos ellos se hace un diágnóstico, se ponen en evidencia disfunciones e ineficiencias y se proponen medidas alternativas.

 A lo largo de más de sesenta páginas, los asociados de Fedeca plantean medidas racionalizadoras y modernizadoras en la gestión pública que pueden resultar cuestionables pero que fundamentan en su exposición con las ventajas que conllevarían.

En materia de Función Pública -el apartado más amplio-  Fedeca pide mayor rigor   en  el acceso y profesionalidad en la gestión  desarrollando la función directiva y poniendo coto al personal eventual e interino. En aspectos concretos proponen la jubilación de los empleados públicos a los 65 años con prórroga voluntaria hasta los 67 frente a los 70 actuales. Asimismo, piden mayor flexibilidad en cuanto a incompatibilidades y una fusión de las mutuas existentes, sin integrarlas en el régimen general de la Seguridad Social.

En los restantes apartados -incluido el de Justicia- se hace un repaso de los aspectos a mejorar en la gestión pública, en algunos casos tratados con cierta ironía por el anacronismo que supone mantener servicios o prestaciones, como en el caso de gastos de sepelio (30 €)  que suponen a la Seguridad Social un gasto global de 6 millones anuales.



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