Los colectivos judiciales en pie de guerra

Los abogados se concentran este lunes, los secretarios judiciales se manifiestan el día 19 y los jueces protestan el 23 de noviembre.

 Revista de Prensa. MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -  Las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, han puesto en pie de guerra a jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales, que han anunciado concentraciones durante este mes de noviembre ante las sedes judiciales y el departamento ministerial.

   

Alberto Ruiz Gallardón,
ministro de Justicia



Estos colectivos demandan unánimemente que el Ministerio escuche sus valoraciones y propuestas para mejorar la Administración de Justicia y poner fin al "colapso" y la "sobrecarga de trabajo" que a diario se encuentran en los juzgados y tribunales.

  

Mientras el volumen de litigiosidad aumenta en los órganos jurisdiccionales, España cuenta con 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de los países de nuestro entorno, según un reciente informe del Consejo de Europa.

  

 A este respecto, los togados critican la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringirá el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes, que rondan los 1.200, y conllevará un "sobresfuerzo" más a los titulares.

  

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) también ha suscitado el malestar de los miembros de la Carrera Judicial que han visto reducidos sus días de asuntos propios y consideran que debilita su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

  

 Respecto a los días de permiso, los secretarios judiciales también quieren recuperar los días de asuntos propios, que han pasado de nueve a tres días. Otra de sus principales reivindicaciones radica en un nuevo régimen disciplinario, un marco de negociación propio o un catálogo de enfermedades profesionales.

  
El proyecto que dispara las tasas judiciales también ha recogido el amplio rechazo de los colectivos al considerar que "crea una Justicia de ricos y otra de pobres" y dificulta el acceso del ciudadano a este servicio público.

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