El Parlamento de Cataluña retoma la ponencia de la Ley de Transparencia, aparcada por las últimas elecciones

CiU plantea impulsar la parte de la ley electoral que regula la administración electoral.

 Revista de Prensa. 29 Ene.2013. (Europa Press).-  El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, ha avanzado este martes que la federación propondrá este miércoles al resto de grupos la reapertura inmediata de la ponencia conjunta para aprobar una ley catalana de transparencia y derecho a la información pública, cuyos trabajos decayeron en la anterior legislatura tras el avance electoral.

 Como avanzó Europa Press este mes de enero, los partidos recuperarán los trabajos sobre esta norma para "poner al día" el redactado que ya tenían elaborado, y confían en que una vez reabierta la ponencia conjunta los trabajos no se dilaten demasiado.

El goteo de casos de corrupción en Cataluña y la presunta implicación en ellos de varios responsables políticos ha empujado a los partidos catalanes a acelerar la toma de medidas para combatir las irregularidades, por lo que en las ruedas de prensa de este martes todos han apostado por buscar mecanismos contra la corrupción.

   Antes de la intervención de Turull, el resto de grupos habían manifestado también la necesidad de atajar la proliferación de casos de corrupción, recuperando los trabajos para una ley electoral propia de Cataluña que incluya medidas para aumentar el control sobre los partidos y los cargos electos, y celebrando una cumbre anticorrupción entre todos los partidos.

   Turull ha apostado también por constituir cuanto antes la ponencia conjunta para una ley electoral catalana, y ha esbozado la posibilidad de que, si no hay acuerdo sobre el sistema electoral, sí se desarrolle por lo menos la parte referente a la creación de una administración electoral catalana.

   Esta parte, sobre la que sí se lograron consensos en la ponencia conjunta cerrada en falso hace dos legislaturas, podría aprobarse en como una ley a parte, y serviría para regular aspectos como el límite de gasto electoral y aumentar la fiscalización de los partidos durante las campañas electorales. 

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