La Comunidad de Madrid se reúne con la Mesa sectorial para buscar una salida al conflicto de la sanidad pública madrileña

El gobierno regional sigue son sus planes privatizadores a los que se oponen todos los colectivos profesionales

Revista de Prensa. Europa Press. 8.1.2013. La Consejería de Sanidad y los sindicatos de la Mesa Sectorial (SATSE, CC.OO., CSIT-UP, UGT, AMYTS y USAE), además de CSIF, volverán a reunirse este miércoles para analizar las propuestas alternativas de ahorro que plantean estas organizaciones al Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario.

  Por otro lado, también se retomarán durante la mañana del miércoles las negociaciones con el Comité Coordinador Profesional, que integra a diversos colectivos profesionales de la sanidad, para examinar sus propuestas alternativas de ajuste de gasto.

   Esta será la quinta reunión que mantienen los representantes de la Consejería y los sindicatos, la segunda después de la aprobación de la Ley de Medidas de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2013, y el principal escollo que mantienen ambas partes sigue centrándose en los planes de externalización de los seis nuevos hospitales y 27 centros de Atención Primaria.

   En este sentido, los sindicatos de la Mesa Sectorial sostiene en su documento de propuestas alternativas (que implica a su juicio un ajuste de 510 millones de euros) que la retirada de la externalización de la gestión sanitaria produce ahorro, mientras que el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty se opone a esa tesis.

   Fuentes de las organizaciones sindicales han manifestado que las negociaciones continúan sin avances esenciales y que los sindicatos siguen decididos a "oponerse con todas sus fuerzas al plan privatizador" de centros y, pese a que ya tiene cobertura legal por la aprobación de la Ley de Medidas de Acompañamiento.

   Según los sindicatos, el proceso de externalización puede suponer "regalar" 33,5 millones de euros al año a las empresas adjudicatarias de la externalización. También entienden que esta medida cuenta con el rechazo de la mayoría de los 75.000 empleados que componen el personal sanitario y que puede repercutir en la calidad asistencial.

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