En una de esas comparecencias, la presidenta de la Asociación de Archiveros de las AA.PP, Rosana de Andrés, advirtió que con los medios actuales será imposible atender las demandas de información que cursen los ciudadanos en aplicación de la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. "Estamos en cuadro", ha resumido en un momento de su intervención ante la Comisión Constitucional, según informó Europa Press.
Revista de Prensa. Europa Press. 20.3.2013. De Andrés, uno de los cuatro expertos que ha comparecido este miércoles ante la comisión encargada de tramitar la citada norma, ha hecho hincapié en que el factor humano es insustituible por la tecnología para garantizar entre otras cosas la cadena de custodia ininterrumpida de los documentos públicos, imprescindible para su fiabilidad. Por eso, ha denunciado que la reciente externalización de determinados servicios en los archivos públicos, además de aumentar los gastos, ha "roto la cadena de custodia pública".
La funcionaria ha reclamado rango orgánico para la Ley de Transparencia y ha criticado la actual "dispersión normativa" en materia archivística y ha reclamado una ley de ámbito nacional que vele por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la información pública y acabe con el "desorden" que impera en muchos archivos, con documentos en "cuartos de baño" o colocados por "azar".
Por último, ha abogado por regular el acceso a cualquier tipo de información obrante en cualquier tipo de archivo, incluidos los históricos, porque no se puede hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos del archivo en el que esté la información que demandan.
Desde la Coalición Fundación Pro Acceso, Elisa de la Nuez, ha defendido que la ley afecte a todas las instituciones públicas, incluida la Casa del Rey pero ha alertado de que la norma no será la panacea puesto que en España más que cultura de la transparencia lo que existe es una "cultura de la opacidad" por parte de los poderes públicos. De la Nuez ha defendido que el organismo encargado de velar por la protección del derecho de acceso a la información sea independiente y cuente con el poder suficiente para implementar de forma rápida y consistente el derecho de acceso a la información en todo el territorio. A su juicio, sería recomendable sumar el mismo organismo las competencias de protección de datos y las correspondientes a la transparencia y acceso a la información pública.
Lobbies
En nombre del Foro por la Transparencia, que agrupa a varias empresas, su portavoz, Joan Navarro, ha apostado por aprovechar la Ley de Transparencia para regular las relaciones entre los grupos de interés ('lobbies') y el Ejecutivo, además del Legislativo.
El modelo debe ser, según su organización, el vigente en la legislación comunitaria. En este sentido, ha pedido medidas "audaces" para luchar contra la transparencia porque "a más transparencia, menos corrupción y más confianza en la política".
El representante de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Antonio Ruiz Salgado, ha reclamando que el ámbito de aplicación subjetivo se amplíe "a todos los poderes públicos y personas físicas o jurídicas que ejercen funciones públicas o actúan financiadas con fondos públicos". Respecto a las limitaciones al acceso a la información en aras de la protección de datos personales y la propiedad intelectual e industrial, ha abogado por garantizar el acceso a esos documentos escondiendo los datos 'sensibles' "con una sencilla operación de ocultación".
También ha remarcado que la jurisprudencia establece que, el ámbito medioambiental, se puede acceder a informes finalizados "aún cuando no haya terminado el procedimiento administrativo", lo que debe recogerse en la nueva ley. Además, ha apostado por ampliar la tabla de infracciones, tipificando como tal la desestimación infundada de una petición de acceso o la no respuesta a una solicitud en el plazo legal.
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