Los grandes sindicatos de las Administraciones Públicas, CSIF, UGT y CC.OO, también se oponen a la reforma local

CSIF pide al MAHAP elaborar un catálogo de servicios que no pueden privatizarse y  crear un Registro de Cargos de confianza en Ayuntamientos y Diputaciones. CCOO ve un peligro de ajuste de personal. 

El sindicato CSI-F ha enviado al Ministerio de Hacienda y AA.PP. sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que también fueron trasladadas al Grupo  Socialista, en el marco de la ronda de contactos  iniciada por el sindicato, y que  pretenden "garantizar la calidad de los servicios públicos, la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales del cerca de medio millón de empleados públicos que trabajan en estas administraciones."



Entre las propuestas destacan la creación de un Registro General de Personal Eventual y Asesores  y un catálogo de servicios públicos no externalizables.

En el primero "quedaría reflejada el perfil del puesto, el servicio real que prestan en los Ayuntamientos, las retribuciones, etcétera. CSI-F además propone que estos puestos se cubran preferentemente con empleados públicos de las diferentes administraciones como ocurre con los subdelegados del Gobierno garantizando así los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la Administración". 

En cuanto a los servicios que no podrán privatizarse, el sindicato " sigue echando en falta un verdadero pacto de Estado por las Administraciones Públicas para que el modelo de gestión y las condiciones de los empleados públicos no esté al vaivén de los diferentes cambios de Gobierno". Leer más

CC.OO en defensa del empleo público

Por lo que respecta a CC.OO, este sindicato "considera que la reforma que propone el Gobierno supone un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, sin información ni evaluación del impacto real tanto en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, como en el empleo asalariado afectado" .

Desmantelamiento de servicios para UGT

Según la valoración que hace UGT del anteproyecto aprobado por el Gobierno en febrero pasado, la reforma local provocará un desmantelamiento de los servicios públicos que ahora prestan los entes locales. Eso provocará un  deterioro en la calidad de los servicios que prestan los ayuntamientos "y  vendrá por una doble vía. En primer lugar por el hecho de que estos pasen a ser prestados por otra administración que desconoce, por su lejanía, "la realidad y las necesidades de los vecinos", y por otra parte, porque la reforma permite que aquellos servicios que no sean "rentables económicamente" pasen a ser privatizados con la consiguiente pérdida de calidad y con subida de tasas y precios y el consiguiente aumento del paro en dichos sectores".