La Región de Murcia cuenta con un plan de lucha contra la "economía irregular" que coordina a la Administración regional con la nacional, y también con los ayuntamientos de 5 municipios que se han sumado ya a la iniciativa.
Así lo ha indicado el día 15 de mayo de 2013 ante el pleno de la Asamblea Regional de Murcia el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, que ha recordado que este plan se aprobó en junio de 2012 y entró en funcionamiento en septiembre con el consenso de los agentes sociales y económicos de la región y de la federación de municipios.
El plan funciona a través de un protocolo interno de intercambio de información entre las diferentes consejerías con funciones relacionadas con tributos, industria y trabajo, y de otro protocolo de colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos.
Hasta el momento se han sumado al plan 5 ayuntamientos (Cieza, San Javier, Alhama de Murcia, Mazarrón y Jumilla), si bien la intención de la Consejería es la que de que se unan próximamente" el mayor número de localidades" posible para hacerlo más eficaz.
Según ha indicado, los últimos informes del cuerpo de técnicos de Hacienda cifran la economía sumergida en la región en un 24 por ciento de su PIB (7 comunidades tienen cifras superiores).
Entre las medidas que recoge el plan, ha subrayado la creación de una "vía directa" de comunicación de las denuncias, y ha animado a quienes conozcan casos de economía sumergida a denunciarlos ante la Inspección de Trabajo, ya que es importante "incentivar el rechazo social" hacia esas prácticas.
Aunque es pronto para hacer un "balance cuantitativo del impacto" del plan, ha indicado que desde su puesta en funcionamiento se han recogido datos identificativos de unas 1.500 empresas a través de los ayuntamientos, y unos 7.000 desde las consejerías, que se han remitido ya a la Inspección de trabajo para que proceda al cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social.
La oposición ha valorado positivamente el Plan ya que la economía sumergida es un "problema grave e importante". Así, se ha referido a iniciativas nacionales como la amnistía fiscal que "no castiga a los defraudadores, sino que les hace pagar menos que quienes siguieron la ley", o a algunas prácticas permitidas en la reforma laboral que "abren la puerta" a prácticas irregulares. La economía sumergida "amenaza la supervivencia de los servicios públicos", y ha recordado que la reducción de la economía sumergida en un 10 por ciento "haría innecesarios los recortes".
Se ha indicado además que con esa reducción de la economía sumergida las arcas españolas tendrían unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros, 1.550 millones adicionales en el caso de la Región de Murcia. La" economía ilegal es un problema crónico" que según los expertos no se ha abordado con la suficiente contundencia a lo largo del tiempo.
Se destaca que no se hayan sumado los principales ayuntamientos de la comunidad autónoma, como son los de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina del Segura, que "deberían ser los primeros" en colaborar con esta tarea al ser los de mayor población y actividad económica.
Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, ha considerado, es una necesidad a nivel nacional dado que en el periodo 2007-2011, ha indicado, el Ministerio de Hacienda calcula que se perdieron ingresos por valor de 70.000 millones de euros, en buena medida por el aumento del fraude.
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