lunes, 21 de octubre de 2013

Renovales " La Reforma de las AAPP necesita la involucración efectiva de todas las administraciones y empleados públicos"

Revista Muface: Entrevista con Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de Presidencia y responsable del Informe CORA:
 
"El modelo de colaboración entre el sector público y privado para la prestación de la asistencia sanitaria que MUFACE articula está consolidado y ofrece numerosas ventajas"

Entrevista. ¿Cuáles son las líneas maestras del informe que ha elaborado la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)?

 La reforma que afrontamos tiene un carácter exhaustivo e integral. No se trata de proporcionar unas vagas orientaciones, sino de definir y desarrollar medidas que afectan a aspectos concretos y palpables de todos los ámbitos de la realidad administrativa.
Jaime Pérez Renovales
Para alcanzar un objetivo tan ambicioso se requiere, además de un trabajo riguroso, la confluencia de otros factores como el apoyo al máximo nivel, que se puso de manifiesto con la participación del presidente del Gobierno en las reuniones esenciales de la CORA y por el hecho de que la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración depende directamente de la vicepresidenta del Ejecutivo. En segundo término, es necesaria la aplicación de un mecanismo que asegure la ejecución de la reforma, con la creación de la oficina que acabo de mencionar y el establecimiento de unos calendarios de implantación de cada medida. En tercer lugar, la aceptación de la validez de muchas prácticas del sector privado y su incorporación a la gestión pública. Y, por último, la involucración efectiva en la reforma de todas las administraciones y empleados públicos.
 
El objetivo de esta reforma es alcanzar una "Administración más eficiente, cercana, fiable y transparente". ¿Cómo hacer realidad esa definición?

Para conseguir ese objetivo se ha realizado un análisis centrado en cuatro ejes: la identificación de las duplicidades administrativas, tanto entre diferentes administraciones públicas, como las interadministrativas; la eliminación de trabas burocráticas para lograr una mayor simplificación administrativa; la gestión centralizada de los servicios y medios comunes; y la revisión del marco institucional. Como conclusión el Informe CORA propone 217 medidas que se suman a todas las adoptadas desde el principio de la legislatura, como las relativas a la disciplina presupuestaria, la transparencia pública, la racionalización del sector público o la mejora de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
 
Duplicidades
La iniciativa del Gobierno también pretende establecer un sistema administrativo sin duplicidades. ¿Cuáles destacaría como las más llamativas en la actualidad? ¿Algunas supondrían entrar en conflicto con las comunidades autónomas?

En el ámbito de las duplicidades se han planteado 118 medidas, de las que siete tienen carácter horizontal y 111 carácter sectorial, dirigidas a la aplicación del principio "una Administración, una competencia". Varios ejemplos pueden ilustrar la orientación de estas medidas, como que en algunos supuestos la solución más eficiente puede ser la asunción de funciones de organismos autonómicos por los entes estatales, como en el caso del Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Estatal de Protección de Datos o la Agencia Estatal de Meteorología.
 
Por otra parte, el Informe CORA recomienda la supresión de 90 observatorios en diferentes áreas de las administraciones autonómicas, por su redundancia con otros. Finalmente, no siempre se ha apreciado la conveniencia de la supresión: mientras que las funciones de los 13 tribunales de cuentas autonómicos podrían ser asumidas por el estatal, no sería eficiente que, con la normativa hoy en vigor, el Consejo de Estado lo hiciera respecto de los informes de los 16 órganos consultivos equivalentes que existen en el ámbito autonómico.

En cuanto a los posibles conflictos que señala, no tienen por qué presentarse ya que todas las administraciones llevan tiempo involucradas en este propósito de racionalización, eficacia y ahorro de los recursos públicos. Instituciones tan emblemáticas como los defensores del pueblo autonómicos se han suprimido en tres comunidades, y otras cuatro, que lo tenían previsto en sus estatutos, no lo han llegado a crear.

También se ha señalado que para acometer dicha reforma es necesaria la implicación ciudadana. ¿Cómo piensan vincular a la ciudadanía en este proceso?

 La CORA ha desarrollado sus trabajos en colaboración con la sociedad. El propio informe señala que se constituyó un consejo asesor en el que han estado representados el Defensor del Pueblo, las organizaciones empresariales y representativas de empleados públicos (CC.OO., UGT, CSIF, FEDECA, CEOE-CEPYME), el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, el Instituto de Empresa Familiar, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y la Asociación Española de Empresas de Consultoría, cuyas valiosas aportaciones han servido para elaborar numerosas propuestas. Por otro lado, se abrió un buzón de participación ciudadana a través del que se han recibido 2.239 sugerencias que se han mostrado muy útiles para detectar materias susceptibles de mejora.

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