"El incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección"

 "Con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo"

 

VP.com. Manuel Illueca. Investigador Ivie. A estas alturas de la crisis ha quedado suficientemente claro que la coyuntura económica tiene efectos significativos sobre los resultados electorales.

 

La situación asfixiante de muchas familias españolas, endeudadas al límite de sus posibilidades, con alguno de sus miembros en paro y, lo que es peor, sin perspectivas de mejoría a corto plazo, ha pasado una elevada factura a las opciones políticas mayoritarias.

 

 A izquierda y derecha, el votante golpeado por la crisis (en el bolsillo o en la conciencia ciudadana) busca refugio en los partidos minoritarios, que compiten por aportar ideas y -fundamentalmente- caras nuevas.

 

Por ello, no es extraño que, con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo. El gráfico que acompaña a este artículo, basado en datos de Eurostat para el periodo 1995-2012, muestra el déficit agregado de los municipios españoles a lo largo del ciclo electoral.

 

Mayor déficit en año de elecciones

 En el año en que se celebran las elecciones, los ayuntamientos registran un déficit promedio superior al 4% de los ingresos. La diferencia entre ingresos y gastos disminuye a un 2.5% entre uno y dos años antes de las elecciones, y apenas alcanza el 0.5% de los ingresos tres años antes de los comicios.

 

Un trabajo reciente de Balaguer y Brun (2013) muestra que la estrategia oportunista que reflejan estos datos sale a cuenta. La evidencia empírica aportada en este estudio, basada en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes para el periodo 2000-2007, revela que el incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección de los gobiernos locales.

 

Algo parecido observamos en otros países, con independencia de su grado de desarrollo económico. De hecho, distintos estudios han documentado casos similares en municipios portugueses, colombianos e italianos, y en algunas provincias canadienses, landers alemanes, y regiones de la República de la India.

 

En general, la literatura especializada señala que la utilización oportunista del presupuesto es propia de democracias jóvenes, donde la ciudadanía no dispone ni de la información suficiente ni de la formación necesaria para valorar debidamente la importancia de la austeridad presupuestaria. Se trata de sociedades con gobiernos poco transparentes en todo lo relacionado con la rendición de cuentas, con medios de comunicación poco implicados con la responsabilidad en la gestión de lo público, y una ciudadanía poco concienciada de las consecuencias del déficit público.

 

En democracias más consolidadas, los electores tienden a sancionar a los políticos que generan déficit de forma oportunista, por considerar que tales prácticas introducen volatilidad en la renta y el consumo de las familias, elevando gratuitamente el riesgo de los proyectos de inversión empresariales. De hecho, los políticos prefieren recortar el gasto y el déficit públicos antes de las elecciones, porque ello les reporta mayores beneficios electorales. En estas condiciones, la manipulación fiscal tiende a producirse en la composición y no tanto en la cuantía total del gasto público, programando en los años electorales transferencias o inversiones públicas dirigidas a los votantes más relevantes desde un punto de vista político..

 

Responsabilidad de los grandes

En España más del 70% de los concejales elegidos en las últimas elecciones municipales de 2011 militan en las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, por lo que corresponde a estos grandes partidos una importante cuota de responsabilidad en la utilización del presupuesto municipal para fines electorales. Un artículo elaborado por el Banco de Italia muestra que en ese país el uso oportunista del gasto público municipal tiende a producirse en los gobiernos locales ostentados por candidaturas cívicas, y no tanto en los gobiernos locales controlados por los partidos nacionales. Los autores argumentan que los partidos nacionales prefieren adoptar una visión a largo plazo y granjearse una imagen de solvencia económica ante su electorado. Los mecanismos de promoción interna dentro de la organización son utilizados ampliamente para disciplinar a los alcaldes menos responsables desde el punto de vista presupuestario.

 

Al parecer, esto no sucede en España, en parte porque el ciclo presupuestario del gasto no solo se produce a escala municipal, sino también en la Administración Central. Un estudio comparado, publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER), señala que España, Grecia, Portugal y Turquía son responsables del incremento anormal del gasto público de los gobiernos centrales registrado en los años electorales para el conjunto de los países de la OCDE.

 

Si el propio gobierno central desarrolla este tipo de prácticas, parece difícil exigir a los gobiernos locales un uso más responsable del presupuesto público. De hecho, la promoción interna de los alcaldes dentro de los partidos políticos españoles no parece guiada por su teórico respeto a la disciplina presupuestaria, sino fundamentalmente por los votos obtenidos en los comicios electorales. Se trata de ganar elecciones, y no tanto de eludir el déficit público.

 

En las actuales circunstancias, España no puede permitirse despilfarrar recursos públicos por el mero hecho de celebrar unas elecciones: el juego de inaugurar infraestructuras meses antes de las elecciones debe terminar. Aunque la situación financiera del país se ha estabilizado, debido al decidido apoyo del Banco Central Europeo, nuestra economía continúa debilitada y precisa que nuestros líderes políticos demuestren con hechos que están decididos a reducir el déficit público en los tres niveles de la administración. Nuestra responsabilidad como ciudadanos consiste en exigir una conducta respetuosa con las finanzas públicas, apartando de la gestión a aquellos que, por intereses espurios, ponen en peligro nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.

Penalicemos el despilfarro. Es nuestra responsabilidad.