¿Cómo se contrata al personal universitario en España?

El ex rector de la Juan Carlos I -G-Trevijano-, ahora  magistrado del Constitucional, tiene una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo fundada en la contratación irregular de profesores.

 

Blog ¿Hay Derecho?.-  Post: Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos. En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS.



Pedro Glez-Trevijano

 Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro González-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.

 

De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.

 

González-Trevijano y... la lotería

Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.

 

Raudo y veloz el ex rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.

 

Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

 

Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.

 

Masa crítica...y Podemos

Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).

 

Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.