I Congreso Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción’

Valencia. 27 y 28 de Nov. 2014. Organizado por la Universidad Cardenal Herrera- CEU y la Asociación Valenciana de Polítólogos AVAPOL

 

Avapol- La sociedad española se está transformando, por ello una evaluación sobre los balances de la ‘calidad democrática’ de nuestro sistema, se hacen necesarios para comprender las nuevas demandas ciudadanas.

 La crisis económica de 2008, ha despertado la conciencia cívica de la ciudadanía y ha puesto en tela de juicio el sistema actual, de ahí la importancia para aprovechar este momento para impulsar un cambio en nuestra democracia. Es el momento de atajar todas las reformas pendientes que quedaron en la etapa de la transición a la democracia e innovar en materia de políticas públicas. 

 

La base para acometer esta gran transformación de nuestras instituciones y sociedad, consideremos que es el ‘buen gobierno’. Desde la esfera pública más cercana a los ciudadanos, que es la esfera local, es donde empieza este proceso. Un cambio en la forma de gobernar los territorios, junto con una mayor involucración de actores en el proceso de elaboración de políticas puede contribuir a regenerar nuestro sistema democrático y adaptarse a los cambios que exige la ciudadanía.

Escándalos

Por último, los escándalos de corrupción que han saltado a la luz en los últimos años han demostrando que nuestro país tiene un importante déficit de control y prevención de la ‘lucha contra la corrupción en España’. Ello ha contribuido a que la percepción de la profesión política tenga una muy baja consideración por parte de la ciudadanía española. El descontento y desafección de nuestra población respecto a nuestras instituciones es latente. Por ello el debate sobre la lucha contra la corrupción no lo podemos obviar, es la base para la calidad democrática, justicia social y desarrollo económico.

 

El ‘I Congreso Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción’, organizado por la Universidad Cardenal Herrera- CEU y la Asociación Valenciana de Polítólogos AVAPOL tiene como pretensión generar debate, análisis y propuestas ante los retos que exige la situación actual de los países occidentalizados.

 

Se trata de poner sobre la mesa la situación actual, retos y oportunidades, sobre las tres materias que compondrán los ejes de estudio:

 

-Calidad democrática -Buen gobierno-Lucha contra la corrupción 

 

Es por ello que los organizadores del congreso hacemos un llamamiento público a los especialistas, profesionales, cargos electos y académicos para proponer diferentes temas de análisis y debate, en forma de comunicaciones, que se podrán presentar durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014.

 

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Andrés Morey: ¿Son las autonomías el problema?

"La dirección administrativa en España bien es política o bien está politizada y siempre corresponde, como en toda organización, a personas y se desenvuelve dentro de un sistema, bien diseñado legalmente, o bien corrompido"
 

Tu Blog la Administración Pública. Andrés Morey. En estos momento que creo que cabe considerar como de crisis general, si bien parezca que sólo interesa políticamente hacer referencia a los aspectos económicos, las elecciones europeas han introducido un pequeño cambio y los partidos políticos que aspiran al poder proponen cambios constitucionales, principalmente en lo que se refiere a la organización del Estado.

Y es común que esa propuestas afecten al Capítulo III del Título VIII de la Constitución, ya que es común considerar que los problemas políticos actuales se solucionarían cambiando el actual y denominado como Estado de las Autonomías, en especial por lo que respecta a las Comunidades autónomas, sin perjuicio de las reformas que se puedan considerar respecto de la Administración Local.

 En estas propuestas hay dos vías distintas y contradictorias, una que propone avanzar hacia un Estado Federal que no se concreta o describe, pero que apunta a una reducción respecto del número de las actuales comunidades autónomas y a una asimetría entre los estados que las sustituyan. Esta postura considera, en el fondo que el problema político son los nacionalismos y que con el federalismo tendría solución. Son muchos los aspectos que no se desarrollan y, por tanto, mucho camino el que quedaría por describir y delimitar. La otra vía o propuesta, tiene una base más de carácter económico y considera que hay que reducir la administración autonómica o más bien regresar a un Estado centralizado. Sigo, pues, más detenidamente examinando esta postura, ya que es más próxima a los problemas administrativos que puedan existir en la actualidad. No obstante, es posible que se reiteren cuestiones ya analizadas en otras entradas, principalmente en la diez dedicadas a los males de la Administración española  y desarrolladas desde el 7

 de diciembre de 2012 a 20 de enero de este año 2014. Para completar y tener una visión más concreta de lo que aquí se va a tratar, la relectura de estas entradas puede ser ilustrativa y complementaria.

Motor del gasto público
En la segunda postura se considera que las Comunidades autónomas son el motor del gasto público y el incremento de éste exagerado y que si desaparecieran aquéllas este gasto se reduciría y la racionalidad en general se produciría con mayor seguridad. Retornamos, pues, a uno de los problemas más discutidos desde el siglo XIX a la actualidad: las ventajas e inconvenientes de la dicotomía entre centralización o descentralización, tema que también ha sido desarrollado detenidamente en este blog. Pero lo principal en este problema actual respecto de las autonomías es que éstas no son sólo una cuestión administrativa sino que lo es también y básicamente de carácter político, ya que la estructura de las Comunidades autónomas cuenta con instituciones de naturaleza política, en especial porque cuentan con Asambleas legislativas o un poder legislativo en el ámbito de sus intereses y subordinado al poder legislativo estatal o general y común.

 Con los límites que el propio concepto de la autonomía implica y de la estructura española del poder judicial, se puede decir que las comunidades autónomas son casi unos pequeños estados y que no se pueden considerar como tales por no ser soberanas. Pero es que hoy en día hay que revisar la idea que se tiene de la soberanía pues las organizaciones supra estatales la han cambiado y la subordinación de unos ordenamientos jurídicos a otros resulta ya algo normal. Este hecho hace que sea necesario considerar el verdadero alcance que tendría el poder legislativo de las comunidades autónomas y si es realmente necesario todo el aparato organizativo que ha surgido a su alrededor y cuáles son los intereses verdaderamente propios y particulares que pueden apoyar y justificar su existencia. Esta cuestión creo que hace que se hagan presentes más los aspectos administrativos de esta organización territorial del Estado. En resumen, a la vista de lo que resulta de lo antedicho, desde el punto de vista del gasto público o de la necesidad, es cierto que esta parte legislativa de las comunidades autónomas podría ser objeto de crítica y revisión y que su necesidad podría quedar en entredicho, pero es claro que para muchos ello implicaría una vuelta atrás y, por ello, hay un problema político de fondo y la necesidad de un cambio constitucional.

Pero quizá esto no resultaría un problema si la realidad no fuera la del gasto público desorbitado que la organización territorial del Estado español ha producido en estos años desde la Constitución española de 1978 y si este gasto es producto de esta organización o no y si es cierto que el problema económico nace de la misma y en especial de las comunidades autónomas. Y aquí en este punto, al margen, de la cuestión apuntada respecto del verdadero alcance de la organización  política que he señalado, es donde hay que centrarse, pues desde el punto de vista administrativo parece que la descentralización era y es una necesidad evidente y que tanto ha de desarrollarse sea con una centralización política como con una descentralización de este tipo. Y, entonces, la pregunta es si como organización administrativa las comunidades autónomas son las responsables del gasto y el problema actual y creo que la respuesta ha de ser que no. Este tipo de organización administrativa no es en sí misma  la causa y que ésta hay que buscarla en los responsables de dirigirla o en los que tienen la responsabilidad política de diseñar su organización, sus estructuras y las políticas públicas a desarrollar y la aprobación de los presupuestos correspondientes y control del gasto público. Surge, pues, como causa, el gobierno y no la administración.
 

Sistema corrompido

La dirección administrativa en España bien es política o bien está politizada y siempre corresponde, como en toda organización, a personas y se desenvuelve dentro de un sistema, bien diseñado legalmente, o bien corrompido. El gasto crece si se gobierna mal o se diseña una administración que no es tal, sino que sirve a los intereses de partidos y burócratas no profesionales y que ha de sostener estructuras burocráticas de organizaciones no propiamente administrativas, sino de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y otros intereses subvencionados con fines espurios y no públicos estrictamente. Y este es el problema básico en España, se ha corrompido el sistema y las organizaciones están al servicio de los intereses de los partidos políticos y de las instituciones por ellos dominadas, sean las que sean. La inmoralidad se ha asentado en todos los ámbitos y ante ella ninguna organización resulta racional o adecuada y mientras ella exista no hay reforma que valga. La verdadera reforma está en su erradicación y en la regeneración moral de los poderes del Estado. Los males los conocemos, falta la voluntad de hacerlos desaparecer y es necesaria la elección de los que sean capaces técnica y moralmente de realizar el cambio.

No, no es el sistema diseñado legalmente la causa, son las personas que lo dirigen los responsables y las instituciones que las mantienen y lo hacen en su beneficio propio. Los cambios que se proponen no son el remedio si persiste la corrupción, la inmoralidad y la apropiación de lo público por los intereses bastardos. Nadie nos habla de esta reforma, nadie propone algo que nos haga ver que, dentro de la legalidad existente o si se quiere con los cambios más necesarios, la vergüenza actual desaparecerá y hombre íntegros y partidos limpios nos dirigirán y administrarán, sin utopías y demagogias engañosas. Nadie, de los que han sido titulares del poder y del gobierno, reconoce ninguna responsabilidad, nadie plantea la regeneración. No son las autonomías el problema, aunque sean un problema entre otros muchos.

Repasen las entradas antes indicadas y verán el cúmulo de males que existen y que, aunque se atribuyan a nuestra Administración pública, realmente lo son políticos y sociales.

Competencia pide a la Administración General del Estado un mayor fomento de la transparencia

La Administración General del Estado debe dar ejemplo fomentando la competencia en los concursos públicos que convoque.

 

 Blog esPublico.com. Es la conclusión que se extrae de los últimos informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que ha hecho una serie de recomendaciones para que la Administración haga más transparentes y tenga más criterios de competencia en la concesión de los servicios de limpieza y telecomunicaciones.

 

Por echar un vistazo a los relacionados con las telecomunicaciones, los documentos destacan que en 2012 el gasto en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ascendió a cerca de 1.500 millones, de los que una cuarta parte fueron directamente inversión en teleco. Por ello propone que se cambien algunas de las viejas costumbres que se venían haciendo en la concesión de estos concursos. Por ejemplo: solicita que se hagan más lotes de adjudicación, con el objetivo de que haya más compañías que puedan presentarse y trabajar con la Administración General del Estado.

 

Menos de 4 años

 Además reclama que los tiempos de contratación sean inferiores a los cuatro años más dos de prórroga, ya que produce un cierre en el mercado, generando situaciones de falta de competencia. Y por último, solicita que la AGE no acepte ofertas de servicios integradoras porque de esta manera se pueden producir situaciones de subsidio que ayuden a las operadoras a encubrir pérdidas en determinados segmentos.

 

En cuanto a la contratación de empresas de limpieza, la CNMC considera positivo que se busque el mayor ahorro posible a la hora de contratar estos servicios. Sin embargo, insta a la Administración a que no menoscabe los principios de libre competencia y conurrencia en la presentación de los concursos. Por eso hace una serie de recomendaciones:

• Que el criterio geográfico no sea el preponderante a la hora de distribuir los lotes. A su juicio es mejor emplear un criterio de número de eficios afectados y la superficie.
• Analizar la proporcionalidad, necesidad y mínima restricción a la hora de otorgar las prórrogas de los contratos.

• Reclama nuevos métodos que ayuden a comprobar la solvencia de una empresa, que no sea solo el haber trabajado con anterioridad para otras administraciones.
• Cuestiona el que se imponga un número de horas mínimas en los servicios, ya que considera que esto puede afectar de lleno a la libertad de organización empresarial.
• Valora positivamente que se entregue información a las empresas concurrentes sobre la situación del personal que tendrá que ser subrogado en caso de que logre hacerse con alguno de los concursos.

Franciso Longo: Transparencia sin "masterchef"

"En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica"

 

El Periódico. Francisco Longo. Esade. Dos fenómenos de nuestro tiempo están ejerciendo sobre las administraciones públicas una presión desacostumbrada. Por una parte, la tecnología las impulsa a producir y manejar voluminosos conjuntos de datos cuyo procesamiento adquiere un interés social creciente. Por otra, una sociedad crítica y enojada con los comportamientos políticos desconfía cada vez más de quienes la gobiernan. La confluencia de ambos fenómenos ha hecho crecer la oposición a las prácticas opacas y la demanda de transparencia.

 

Nunca antes los poderes públicos habían manejado tanta información, y nunca se habían visto tan urgidos a ponerla a disposición de los ciudadanos. Leyes de transparencia de última generación y consejos independientes de supervisión han aparecido en diversos países. Académicos, think tanks y organismos internacionales como la ONU o la OCDE han extendido los enfoques de gobierno abierto. Diversos rankings miden los avances en esta dirección.

 

La transparencia no es ya solo -siendo esto muchísimo- cuestión de calidad democrática. En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica. La aparición de ecosistemas de programadores, desarrolladores y aplicadores de esa información permite la creación de productos con alto valor potencial de mercado. El éxito de la llamada economía colaborativa se asienta en parte sobre el acceso a esos datos y la posibilidad de su procesamiento y explotación. Por otra parte, de la interacción público-privada construida sobre esos recursos pueden desprenderse importantes mejoras de calidad y eficiencia de los mismos servicios públicos. Son escenarios propicios a la coproducción. El portal Data.gouv.fr del Gobierno francés anima a los usuarios a enriquecer y mejorar los datos disponibles e incluso a introducir datos nuevos.

 

Retórica

La primera reacción de las instituciones ante estas nuevas expectativas sociales es, aparentemente, positiva. Todos los partidos incluyen en sus programas las iniciativas de transparencia y los gobiernos multiplican sus anuncios en ese sentido. No es oro, sin embargo, todo lo que reluce. Con frecuencia, las proclamas se quedan en mera retórica. El programa del PSOE en el 2004 contenía ya la promesa de una ley de transparencia homologable con nuestro entorno europeo que nunca llegó a promulgarse, y la aprobada hace pocos meses a iniciativa del Gobierno del PP ha recibido serias críticas de insuficiencia.

 

 El cambio se hace incómodo para unas administraciones acostumbradas a disponer de la información como si fuera propia. Recientemente saltaba a los medios que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha había hecho desaparecer de su «portal de transparencia», probablemente para maquillar sus listas de espera, miles de citas de resonancias magnéticas pendientes.

 

Y es que la tentación de cocinar los datos sigue asaltando a los gobiernos. Tanto el temor a mostrar la realidad como sus tradiciones de opacidad y hasta la misma obsesión por los rankings les incitan a producir PDF previamente condimentados según el interés de quien manda, o según las preferencias de algunos comensales con acceso a los medios. En este contexto, sorprende la audacia de una experiencia local próxima y reciente.

 

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Gavá puso en marcha su nuevo portal de datos abiertos (Gavaobert.gavaciutat.cat). Soportado por una plataforma Socrata, similar a las de algunas de las principales ciudades norteamericanas, su filosofía es que cualquiera con conocimientos básicos de ofimática pueda trabajar por su cuenta los datos y compartir con quien desee los resultados.

 

 Quien lo visite comprobará que le resulta fácil, por ejemplo, acceder a datos de ejecución del presupuesto hasta el nivel de gasto más desagregado (factura), saber quiénes son los proveedores del ayuntamiento, o lo que se paga por IBI o cualquier otro tributo municipal. En definitiva, puede disponer de la misma información económico-financiera que cualquier concejal. Pero lo más importante no es el contenido sino el origen de los datos: es información en crudo, extraída de modo automático del aplicativo municipal de contabilidad, sin intervención humana alguna.

Radiografía de la función pública española

El 40% de los empleados públicos españoles supera los 50 años

 

Revista de prensa. El Confidencial. Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la 'multinacional del desempleo'–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.

 

Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de trabajadores en la 'cosa pública' no ha dejado de bajar, hasta el punto de haber desaparecido 192.977 puestos de trabajo –universidades no incluidas– en la Administración.

 

Adelgazados pero viejos

Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de Hacienda, la peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas (sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.) Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF, denuncia que "muchos de los puestos de trabajo que se han destruido han sido de personal interino de Sanidad y Educación, personal que es necesario, y eso ha provocado una merma evidente en la calidad del servicio".

 

Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado por personas que superan la barrera de los 50 años. Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por debajo del 13% (uno de cada ocho).

 

El pasado 21 de julio el diario El País publicó un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas "de racionalización y mejora del gasto público". El escrito compilaba todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de déficit, como la "eliminación de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas", la "contención de ofertas de empleo público y no reposición de efectivos" o la "limitación a la incorporación de personal interino", entre otras.

 

Tal y como se observa en el interactivo superior, si tomamos una muestra aleatoria de 100 trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20 personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5 en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3), trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones (1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).

 

El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92 S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No tiene sentido”.

 

¿Sobran o faltan?

Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los 15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa británica DTZ en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el número de empleos "de oficina" de esa misma región. Así, según ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos "de oficina" son desempeñados por funcionarios.

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.

 

Los políticos –se queja Borra– acaban por transmitir el mensaje de que hay muchos empleados públicos. Y pese a que "se llegó al acuerdo para que se nos hiciese una evaluación de productividad", afirma el presidente del CSIF, "han pasado siete años, dos gobiernos de dos colores distintos, y nadie ha hecho nada. Necesitamos un auténtico plan de recursos humanos, pero es que ningún gobernante se ha planteado nunca modernizar la administración pública como una cuestión principal".

Ley electoral: la reforma municipal equivocada

"El gobierno no sólo estaría apelando a un populismo mayoritarista como solución mágica (y completamente inútil) para males reales, sino que además lo hace para regalarse a sí mismo un buen puñado de alcaldías"

 

Blog Politikon:  Dos de los temas recurrentes en Politikon en general (y en “La Urna Rota” en particular) son los problemas de corrupción en los gobiernos municipales en España, y que las reformas electorales no son soluciones mágicas.

 

Los ayuntamientos en los años de la burbuja fueron una de las principales fuentes de casos de corrupción en nuestro país: los pelotazos urbanísticos, amiguismos y politización de muchas corporaciones locales se repitieron con deprimente frecuencia, señal de un diseño institucional deficiente.

 

El gobierno de Rajoy, en un extraño ataque de reformismo democrático, ha decidido que era hora de mejorar la gobernanza del sistema municipal español, y ha decidido hacerlo con una reforma de la ley electoral. La idea, según ellos, es promover la rendición de cuentas democrática en los ayuntamientos haciendo que los ciudadanos escojan directamente a los alcaldes, haciendo el sistema más transparente y evitando el bochornoso espectáculo de coaliciones, transfuguismos y sonadas deserciones de concejales bajo la promesa de una recalificación o dos.

 

Me gustaría criticar la substancia de la ley, hablando sobre el mecanismo específico que nuestros líderes han decidido para introducir este cambio. De forma bastante lamentable esto no va a ser posible, ya que el PP es de la opinión que uno puede cambiar las reglas del juego en unos comicios democráticos meses antes de las elecciones sin hacer público el contenido de la reforma hasta el último momento. Están barajando una variedad de fórmulas de implementación, están dispuestas a enseñarlas al resto de grupos parlamentarios cuando hayan acabado por decidir algo, y están dispuestos a aprobarlo ellos solitos, sin el más mínimo debate, para que entre en vigor justo antes de las elecciones.

 

Calidad de gobierno

Si la idea es mejorar la calidad de gobierno de nuestros municipios haciendo que los votantes puedan tener un control más directo sobre quién es el alcalde, me temo que el PP anda bastante confundido. Como hemos comentado por aquí repetidamente (y discutimos en detalle en “La Urna Rota“) las leyes electorales son importantes, para muchas cosas, pero tienen una influencia muy limitada en la calidad de los gobiernos que salen de ellas. Las reglas con la que traducimos votos en representación política pueden afectar la competición electoral, la cantidad de partidos con representación o la organización interna de los partidos, pero tienen un peso muy limitado en qué hacen los políticos una vez llegan al poder.

 

El motivo es que los votantes, en general, son bastante torpes castigando a los políticos corruptos en las urnas, especialmente a nivel municipal.  La literatura es bastante clara en este aspecto (aquí tenéis un artículo de Jorge recogiendo multitud de estudios al respecto, que discutimos en detalle en nuestra tertulia), así que confiar en la rendición de cuentas tienen escasas posibilidades de solucionar el problema. Aunque el temor de los políticos a perder el cargo en las urnas es algo saludable, la calidad del gobierno, sobre todo a nivel municipal, depende mucho más de los incentivos a los que se enfrenta en político y a los corsés y límites institucionales que limitan su capacidad de maniobra.

 

En el caso español, nuestro gran problema es la enorme discrecionalidad que tiene un alcalde para tomar decisiones, y la extraordinaria politización del sistema de toma de decisiones. Hemos enlazado este artículo de Victor Lapuente unas doscientas veces, pero es más relevante que nunca en este debate. Si queremos que los ayuntamientos estén mejor gobernados, más que cambiar cómo escogemos en el alcalde, es profesionalizar la gestión municipal y quitarle de en medio para decisiones de carácter técnico. Cambiar la ley electoral para mejorar la calidad de los gobiernos locales es como utilizar un martillo para apagar un incendio: algo podrás hacer, pero no es la herramienta adecuada para arreglar el problema.

 

Por supuesto, todo esto sería concediendo el beneficio de la duda a Rajoy y creyendo que sus pretensiones reformistas son completamente sinceras. Como comentaba Pablo el otro día, es perfectamente aceptable querer echar adelante una reforma electoral. Hay otros países europeos que utilizan sistemas en teoría parecidos a la reforma que se supone quiere impulsar Rajoy, aunque no sean demasiado habituales. Como comentaba también Pablo, lo que es bastante más extraño y mucho menos aceptable es acometer un cambio tan fundamental de las reglas del juego con estas prisas e improvisación, y más impulsando una reforma que favorece al partido que está impulsándola de forma exagerada. La reforma se encamina a intentar dificultar un tipo de gobierno perfectamente democrático y funcional, las coaliciones, que son la base de la inmensa mayoría de sistemas parlamentarios con representación proporcional. Las prisas, secretismos y la voluntad de echar todo el proceso adelante sin ningún debate ni consenso debería dejar claro que la intención no es mejorar la gobernanza a nivel local, sino manipular las reglas descaradamente para autofavorecerse.

 

La reforma de Rajoy sería, en este caso, no sólo inútil, sino casi irresponsable. El gobierno no sólo estaría apelando a un populismo mayoritarista como solución mágica (y completamente inútil) para males reales, sino que además lo hace para regalarse a sí mismo un buen puñado de alcaldías.

 

¿Pucherazo?

El procedimiento seguido por el PP para manipular el juego a su favor sería completamente legal, pero en esta clase de reformas la legalidad no es lo único que importa. Uno de los principios básicos de cualquier régimen democrático es que todo el mundo pueda participar bajo las mismas reglas y con la misma probabilidad de victoria. Cuando un partido intenta utilizar una mayoría puntual, una victoria electoral conseguida en un determinado momento para autootorgarse una ventaja legislativa a largo plazo lo que está haciendo es utilizar la voluntad de los votantes de ayer para restringir la capacidad de decisión de votantes futuros. Está rompiendo as reglas del juego.

 

Sea cual sea el contenido de la reforma, el PP no debería ni siquiera plantearse aprobarla en solitario, y desde luego, no debería entrar en vigor hasta pasadas estas elecciones municipales. Ahora mismo no podemos decir que sea un pucherazo, pero está peligrosamente cerca.

     

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Novedad editorial: Reforma del Régimen Local

Domingo Zaballos: “¿Qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”

Blog espublico. Francisco Sosa Wagner : Decía Francisco Umbral, en una de sus agudas reseñas bibliográficas, que “hay libros que pesan más de lo que enseñan”, una forma bien literaria de descalificar la obra de un autor. Pues bien la que ha coordinado ese infatigable entusiasta de la Administración local que es el magistrado Manuel J. Domingo Zaballos referida a la reforma del régimen local (en Thomson Reuters Aranzadi, 2014) es justamente de las que enseñan más de lo que pesan. Y pesa bastante por el tipo de papel que utiliza la editorial.

Las leyes de Administración local, tanto las que produce el Estado como las que salen de los parlamentos regionales, son un filón para los estudiosos que bucean en ellas como entomólogos a la búsqueda de nuevos insectos o el microbiólogo que toma el microscopio para anunciar al mundo el descubrimiento de algún microbio relevante y de prestigio. Se advierte en esas obras sobre Administración local cómo se reiteran asuntos ya sabidos, de puro sobados, pero   también cómo se alumbran nuevas perspectivas y se avanzan nuevas soluciones a viejos problemas.

¿Nueva función publica local?

El libro que lleva la firma general de Domingo Zaballos acoge las de muchos autores de forma que se combina el trabajo académico de catedráticos bien conocidos con el de profesionales de la Administración local que también tienen bien instalados sus apellidos en la nómina de las personas a las que es preciso leer cuando de achaques locales se trata. Y quien quiera un análisis completo de la ¿nueva? función pública local ahí tiene las aportaciones precisamente de Domingo (páginas 637 a 729) para saciar cumplidamente su curiosidad.

En otro de los capítulos del libro, el propio Domingo analiza el problema de “¿qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”.

El art. 149.3

La respuesta debería ser simple por aplicación de la cláusula de prevalencia contenida en el articulo 149. 3 de la Constitución. Pero resulta que está redactada de forma confusa, al contrario de lo que ocurre con análogo precepto en la Ley Fundamental alemana cuyo artículo 31 no deja lugar a las dudas: “el derecho federal quiebra el derecho de los Länder”. Quiebra o rompe, no simplemente “prevalece”, verbo que el constituyente alemán expresamente descartó como sabemos los estudiosos del derecho público de aquél país.

En España, el asunto fue históricamente discutido, durante la II República, con ocasión del magno pleito de la ley catalana de cultivos ante el Tribunal de garantías constitucionales. La Constitución había establecido en su artículo 21 que “el derecho del Estado prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos”.

Nuestro actual artículo 149.3 señala hoy que las normas del Estado “prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de éstas”. Se trata de una norma de colisión que presupone que las dos normas en concurso están actuando de acuerdo con su propia esfera de atribuciones. Ahora bien, preciso es admitir -y lamentar- que el Tribunal Constitucional haya sido remiso a la hora de invocar esta regla de la prevalencia y se haya refugiado, de acuerdo con el lenguaje serpenteante que a veces cultiva, en expresiones ambiguas como “título prevalente” (sentencias 56 y 57/1983) u otras un poco indefinidas y en esta actitud ha permanecido hasta cuando ha emitido su juicio sobre el Estatuto de Cataluña (sentencia 31/2010). Podríamos decir que la regla de la prevalencia no ha sido vista con buenos ojos por la mayoría de los magistrados constitucionales pues, como ha dicho uno de ellos “ni siquiera ha sido deconstruida en el sentido derridiano del término, sino que simplemente ha sido olvidada en nuestra jurisprudencia” (Rodriguez-Zapata, voto particular a la sentencia 247/2007).

Una adversidad -la respaldada por la jurisprudencia constitucional española- que gravita sobre un sistema como el nuestro, necesitado, por la fragmentación que padece, del ponderado manejo de los mecanismos garantizadores de la unidad.

Por eso, los conflictos en este espacio local están servidos. Para gozo de cuantos gustan del enredo jurídico.

Reforma del Régimen Local.           La Ley de racionalización y sostenibilidad de las administración local: veintitrés estudios. Varios autores. Coordinado por Manuel J. Domingo Zaballos

Reseña: La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre).
Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas.

Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal –secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo–. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores).

La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos.

El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.

El 70% de litigios entre Estado y CCAA acaban en acuerdo antes de llegar a Tribunal Constitucional

 Según declaró J. Ignacio Romero en el curso titulado: "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión".

 

Revista de Prensa. EFE. Santander, 19 ago.- El director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero, ha afirmado que el 70 % de la litigiosidad entre Estado y comunidades autónomas por cuestiones competenciales acaban en acuerdo previo antes de llegar al Tribunal Constitucional.



Palacio de la Magdalena, sede de la UIMP en Santander

En concreto, ha reconocido que a pesar de la "muy alta" conflictividad registrada en esta legislatura por la difícil situación económica, las Comisiones Bilaterales de Cooperación son eficaces.

 

"Soy partidario de evitar el conflicto en todo lo posible", ha resaltado Romero y ha añadido que "el principio de lealtad institucional existe y está funcionando bien desde un punto de vista técnico".

 

En este sentido, ha defendido el "trabajo técnico" de los funcionarios nacionales y autonómicos para la preparación de las conferencias sectoriales que sirven de órganos de coordinación para los consejeros y los ministros de cada ramo.

 

Estas declaraciones las ha realizado durante su participación en el seminario "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión", que se está desarrollando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

 

"Toda  reforma de las AAPP  se reduce al final a una política de personal"

 

Romero ha centrado el resto de su intervención en la labor realizada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), y ha afirmado que "toda gran reforma de la Administración Pública se reduce al final a una política de personal".

 

En esta línea, ha recordado que ya se ha procedido a un "proceso de simplificación" que ha afectado más de cincuenta organismos y entes públicos.

Romero ha destacado otras futuras actuaciones como el proyecto de reforma de la Ley sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas para la "unificación" de las personalidades jurídicas de las diferentes administraciones pública.

 

Además, ha añadido también que se está preparando una nueva regulación para las fundaciones del sector público que vaya más allá de la actual normativa.

Los regalos institucionales de los ministerios sortean la crisis

El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros.

 Revista de prensa. EP. 17.8.2014.- Cinco ministerios llevan repartidos más de 15.000 regalos institucionales desde el comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy, entre los que destacan botellas de aceite de oliva, bolígrafos con el anagrama oficial y relojes. Los obsequios más caros son los bastones de mando grande otorgados por Interior y por cada uno se pagó 165 euros.
 

En las respuestas parlamentarias recogidas por Europa Press, el Gobierno no ofrece datos de todos los ministerios y solamente están desglosados los gastos relacionados con los regalos institucionales de Agricultura, Empleo, Interior, Economía y Presidencia, mientras que Hacienda precisa que "hasta la fecha" no ha adquirido ninguno.

 En las contestaciones al diputado socialista José Zaragoza, el importe de los regalos institucionales de estos ministerios asciende a 72.607,39 euros, aunque Interior y Empleo sólo ofrecen datos del año 2014 y no de toda la legislatura. Según señala el Ejecutivo, los diferentes regalos institucionales se imputan a las partidas y conceptos relativos a actos institucionales y atenciones protocolarias y representativas del Gobierno de España.

Aceite de oliva

 El Ministerio de Agricultura es el que más ha gastado en regalos oficiales con una cuantía de 42.853,64 euros. Este importe es el resultado de las 10.816 botellas de aceite --cuyo precio por unidad está entre los 2,5 y los 5 euros, dependiendo del tamaño del envase-- que este departamento compró a las cuatro empresas ganadoras del Premio alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra en la última campaña 2012/2013.

De este modo, Agricultura representa más de la mitad de la cuantía global gastada por el Gobierno en este sentido al mismo tiempo que ha adquirido el mayor número de regalos institucionales. Todo ello, a sabiendas de que todavía no están contabilizadas las botellas del aceite galardonado en la campaña 2013-2014 que el Gobierno tiene pensado comprar para "promocionar" al secto

 Además de estas botellas de aceite, destacan los 3.000 bolígrafos con el anagrama institucional adquiridos por Presidencia --a un precio medio de menos de un euro-- por los que pagó 2.910 euros en total, y los 50 relojes de entre 134 y 140 euros que ha regalado el departamento que encabeza Soraya Sáenz de Santamaría en estos años para premiar a trabajadores recién jubilados y a empleados con más de 25 años de antigüedad en el Boletín Oficial del Estado.

 En total, el Ministerio de Presidencia ha gastado 11.067 euros desde 2012, donde también se han cargado 80 láminas por un precio global de 521 euros, 10 corbatas y 10 pañuelos de señora por una suma de 583 euros, y una encomienda de la Orden del Mérito al Trabajo por la que pagó 183 euros.

 El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros, lo que supone un coste por unidad de 165 euros. También compró 21 bastones pequeños por un total de 1.278 euros, a un precio unitario de 60,88 euros.

 

Condecoraciones

 La partida total de este Ministerio alcanza los 15.635,45 euros, ya que incluye los 950 estuches de condecoraciones para las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004, por un coste total de 9.770 euros, entre otros objetos.

Desde Economía y Competitividad, se indica que una cesta de flores costó 150 euros mientras que 20 láminas, cuyo importe medio es de 54 euros, supusieron un gasto total de 1.080 euros. Todo esto, sumado a otros objetos como botellas de aceite y de vino más los 55 libros que Economía regaló en el periodo 2012-2013, resulta una cifra de 2.455,76 euros desembolsados por este departamento.

 

Por último, con los datos aportados por el Gobierno, el Ministerio de Empleo es el que menor gasto registra por regalos institucionales, con tan sólo 595 euros en total tras adquirir 17 bandejas grabadas a un precio unitario de 35 euros.

12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE las aprobó formalmente 

 

El documento contiene 12 pautas a tener en cuenta en el desarrollo de Estrategias de Administración Digital por parte de los países. Su objetivo es que las Administraciones se acerquen a sus ciudadanos y empresas haciendo uso de las nuevas tecnologías, ampliamente arraigadas en la Sociedad.

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE adoptó formalmente el documento de Recomendaciones para el desarrollo de Estrategias Administración Digital, con el objetivo de conseguir acercar a las Administraciones a sus ciudadanos y empresas. El documento fue desarrollado por el Grupo de Administración Electrónica de la OCDE, dependiente del Comité de Gobernanza Pública. 

En él se separan los conceptos de Administración Electrónica y Administración Digital. Así, señala el documento, la Administración Electrónica se refiere al uso de las TIC para mejorar el funcionamiento de la Administración, mientras que la Administración Digital hace uso de las tecnologías digitales en un sentido más amplio (tecnologías móviles, dispositivos, análisis de datos, etc.) con el fin de que la Administración aporte valor a la sociedad. La Administración Digital ha de integrarse en las estrategias de modernización de las Administraciones.

El documento contiene las siguientes 12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital:
 

1.- Incluir una mayor transparencia, apertura e inclusión de los procesos y operaciones de la Administración.

2.- Impulsar el compromiso y la participación de colaboradores públicos, privados y el conjunto de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y en el diseño y provisión de servicios públicos.

3.-Arraigar en el sector público una cultura basada en los datos.
4.- Establecer un marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad digital y la preservación de la privacidad, así como adoptar medidas de seguridad efectivas.

5.- Atraer el apoyo y compromiso político para el desarrollo de las Estrategias de Administración Digital.

6.-Asegurar el uso coherente de tecnologías digitales en las distintas áreas políticas y en los diferentes niveles de Administración

7.-Establecer marcos efectivos de organización y gobernanza para coordinar la implementación de las Estrategias de Administración Digital en los distintos niveles de Administración

8.-Fortalecer la cooperación internacional con otras Administraciones.

9.-Disponer de modelos de negocio claros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones en la implementación de la Estrategia de Administración Digital

10.-Reforzar las capacidades institucionales para gestionar y monitorizar de manera sistemática la implementación de los proyectos a abordar.

11.-Contratar tecnología de manera innovadora, adecuada al nuevo uso que se hace de ella.

12.-Garantizar que los marcos de regulación, tanto aplicables a políticas sectoriales, como los transversales, tienen en cuenta las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.

Finalmente, se encomienda al Comité de Gobernanza Pública, en colaboración con el Comité de Políticas Económicas Digitales, el seguimiento y monitorización de la implementación de estas Recomendaciones en los Estados Miembro en un plazo máximo de 3 años.

PODEMOS se plantea evaluar a los emplead@s públic@s

Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.

 

Revista de prensa. Vozpópuli. 12.8.2014.- Los simpatizantes del partido de Pablo Iglesias debaten sobre una reforma de la función pública. Reclaman pruebas de aptitud tras "cinco o siete años" en un mismo puesto. Abogan por cursos de formación y reciclaje para los que suspendan los test. Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.

Podemos Oviedo. Tomado de Voz Populi.

La tormenta de ideas (brainstorming) ciudadanas en que ha convertido Podemos la confección de su programa electoral para las próximas citas no amaina ni se toma un respiro por vacaciones. La red creada por el partido de Pablo Iglesias continúa poniendo sobre la mesa propuestas arriesgadas, ideas que las formaciones tradicionales no se atreven a sugerir, pero que están presentes en las conversaciones de una calle que pide cambios y regeneración democrática a gritos. Una de las últimas iniciativas que han generado más expectación, y a la vez opiniones cruzadas, entre los seguidores de Podemos es la de revisar la capacidad de los funcionarios "acomodados en su puesto de trabajo sin haber avanzado en sus conocimientos".

 

Evaluaciones periódicas

La postura más compartida por los militantes del partido del círculo es aquella que ve necesidad de realizar evaluaciones periódicas a los empleados públicos (hablan de someterse a ellas tras "cinco o siete años" en un mismo puesto) pero sin llegar a la expulsión o sanciones severas en caso de no superar dichas pruebas. En dichas situaciones, la mayoría se decanta por contrarrestar esa pérdida de aptitud con la realización de cursos de formación y otros planes de reciclaje. Una visión que resume esta afirmación de un simpatizante: "Las oposiciones que se pasan en la pública, se pasan diariamente en la privada. No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes".

 

En cambio, hay quienes van más allá y dejan la puerta abierta a penalizaciones. En esta línea, un funcionario en excedencia que trabaja en un organismo europeo apuesta por "un sistema que permita premiar a los buenos (no a los que hacen su trabajo, sino a los que hacen más que lo que deberían o sus resultados son mejores de lo que se espera de él), y uno que degrade a los malos". Según comenta, en la institución europea donde está destinado hay una evaluación "transparente e independiente anual", que lleva aparejada una puntuación. Y tras varias evaluaciones positivas, añade, se puede ascender (horizontalmente), lo que equivale a mayor sueldo. Por contra, precisa, si los resultados son negativos ocurre lo contrario, "e incluso te pueden echar".

 

Degradar

En este contexto, otro seguidor de Podemos se muestra en contra de la expulsión, pero reclama una especie de sanción similar al "demérito" que ya aparece recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "No me perece ni conveniente ni prudente (la expulsión)", sostiene, pero sí cree que "un funcionario que ha perdido la cualificación para el desempeño de una actividad debe ser degradado hasta el cargo y situación donde ese funcionario pueda desempeñar su tarea". El artículo 96.1 del EBEP contempla como sanción por falta grave (la que prescribe a los dos años) la figura del demérito, que "consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria".

 

De otro lado, también surgen voces que rechazan estos planteamientos y muestran su indignación con todo lo que sea establecer un mayor control sobre los funcionarios. Aquí, un activista señala que el "haber 'aprobado un examen', en la inmensa mayoría de los casos (enchufados aparte), supone a los funcionarios meses, a veces años, de preparación, y por supuesto eso debe darles derecho a una estabilidad laboral". En este sentido, el mismo simpatizante lamenta que muchos ignoren que "ya existe un régimen sancionador y un catálogo de derechos y deberes de los funcionarios". "Sólo es necesario aplicarlo y punto", apostilla. Leer+

Los vascos ya realizan telemáticamente el 40 por ciento de los trámites ante las administraciones públicas

El 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos.

 

Revista de prensa. E:P. 11.8.2014. Dos de cada cinco trámites administrativos que se realizan ante las administración vasca se pueden ejecutar íntegramente por Internet, según los datos del Índice de Sofisticación Electrónica de 2013, una estadística gestionada por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.

 

Este índice mide la evolución y principales características de la administración electrónica desde la perspectiva de la oferta en el conjunto de las administraciones y empresas públicas vascas.

 

 En función de esta estadística, el 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos, el 15,6% a las diputaciones forales, el 13% al Gobierno vasco, mientras que el 12,7% restante corresponde a otras entidades públicas como organismos autónomos, Universidad o sociedades públicas.

 

En conjunto, la administración electrónica ha aumentado entre 2012 y 2013 su Índice de Sofisticación en 4,3 puntos porcentuales, de manera que se ha pasado a ofertar el 39,4% de las gestiones administrativas completamente on-line.

 

En función de este estudio, dos de cada cinco trámites se pueden realizar de manera íntegra por Internet, el 37,1% permiten descargar los formularios precisos o también cumplimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 23,6% restante se ofrece información.

 

El Gobierno vasco y los organismos autónomos son las entidades más dinámicas en administración electrónica en la comparativa entre 2012 y 2013, con un aumento de 7,3 puntos el Índice de Sofisticación y de 7,2 puntos, respectivamente.

 

 Las sociedades públicas aumentan 5,8 puntos porcentuales, seguidas de ayuntamientos con 4,5. La Universidad pública y las diputaciones los entes que menos crecen, con 2,1 y 2,3 puntos, respectivamente.

 

Guipúzcoa a la cabeza

Las administraciones públicas guipuzcoanas permiten tramitar por Internet de forma completa el 43,4% del total de procedimientos y trámites ofertados. Le sigue Bizkaia, con un 37,6%, y finalmente Álava, con un 25,3%.

 

  Según ha explicado el Ejecutivo vasco, Álava, el territorio "más retrasado" en facilitar a sus empresas y ciudadanía las gestiones con las administraciones, es el que más crece en el último año, gracias a la evolución de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 

De este modo, el crecimiento en el Índice de Sofisticación alcanza en Álava los 6,9 puntos porcentuales, Bizkaia 5,2 y 2,4 puntos Gipuzkoa.

 

La Diputación de Gipuzkoa dobla en 2013 su nivel de sofisticación electrónica con respecto a las otras dos, ya que el 63,1% de sus trámites y procedimientos ofertados se pueden tramitar completamente on-line, si bien sufre un retroceso de 8,6 puntos con respecto a 2012.

 

El Índice de Sofisticación es del 34,2% en el caso de la Diputación de Álava, tras un incremento de 10,8 puntos, y el 33,6% en la de Bizkaia, que crece en 3,7 puntos en un año.

 

 El Ayuntamiento de Bilbao sigue encabezando el listado de las capitales con mayor nivel de digitalización, aunque San Sebastián y Vitoria-Gasteiz crecieron más el último año.

 

 En concreto, el Ayuntamiento donostiarra experimenta un aumento de 13,8 puntos, hasta alcanzar un Índice de Sofisticación del 48,7%. El de Vitoria-Gasteiz crece 11,4 puntos porcentuales (con un nivel del 33,5%) mientras que el de Bilbao, pese a que es el que más aumenta entre 2010 y 2013, pierde 3,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 50,7%.

 

Dos de cada tres trámites asociados a impuestos y tasas pueden gestionarse de forma completamente electrónica (66,4%), con un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales con respecto a 2012. Las gestiones para solicitar servicios ocupa el segundo puesto en 2013, con un 61% y un crecimiento de 3,2 puntos. Los trámites asociados a sanciones alcanzan el 58,7% con una ligera bajada de 3,2 puntos.

 

Los procedimientos incluidos en el apartado de autorizaciones, obtención de carnés y tarjetas consiguen el mayor crecimiento con 8 puntos porcentuales, alcanzando un 26,6% de Índice de Sofisticación. Certificados y visados también superan la media de crecimiento con 5,8 puntos porcentuales y un Índice del 41,3%.

 

 En el último año, el Gobierno vasco ha centrado sus esfuerzos "más en trámites registrales", con un incremento de su Índice de Sofisticación de 17,6 puntos, que en ayudas y subvenciones, con 8 puntos más.

  

Por su parte, las diputaciones forales los concentran en la tramitación electrónica de impuestos y tasas, que aumentan 5,1 puntos, mientras que los ayuntamientos realizan un desarrollo mayor en reclamaciones y denuncias (9,2 puntos más), en certificados y visados (9,1 más) y en autorizaciones, carnés y tarjetas (8,1 puntos más).

Lecturas de verano sobre el regenaracionismo

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Por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano. Nuestra normalmente apática sociedad civil se moviliza periódicamente para exigir cambios institucionales que nos acerquen más a Europa (no hablamos aquí de los que buscan imitar a nuestros arruinados primos venezolanos). Desgraciadamente, estos momentos suelen acabar mal: el primero de ellos, articulado alrededor de los ilustrados y la Constitución de Cádiz, sufrió el exilio tras el regreso de Fernando VII. El segundo, el regeneracionismo de Costa y Ortega, murió con la Guerra Civil.

 

Una de las pocas cosas buenas de la brutal crisis económica ha sido el renacimiento de estos anhelos en un nuevo regeneracionismo. Los miembros de este movimiento, cada uno con sus propios matices, comparten una idea común: regenerar nuestra nación para construir una España más democrática, más moderna, más próspera y más justa. A diferencia de los movimientos anteriores, los nuevos regeneracionistas disfrutan de una novedosa herramienta, Internet, que les permite llegar a muchos españoles y aspirar a no terminar como sus antecesores. Por ejemplo, varios grupos se han reunido alrededor de blogs colectivos que analizan nuestra realidad con independencia y claridad.

 

Quizá sea el verano de 2014, ante la eclosión del populismo demagógico, del enconamiento del rupturismo en Cataluña y del desconcierto del partido en el Gobierno (imaginen, ¡hasta el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática!), un buen momento para repasar esas ideas y ofrecer una guía de lectura del nuevo regeneracionismo.

 

Empezamos por los más sorprendentes miembros de este movimiento. El blog Hay derecho y el libro del mismo nombre (Ediciones Península, 2014), firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, analizan el profundísimo deterioro del Estado de derecho en España que subyace a todos nuestros problemas. La sorpresa viene por ser los autores del libro notarios y abogados del Estado. ¿Qué hace un grupo de altos funcionarios en la vanguardia reformista? Parece difícil de creer que autores que podrían vivir tranquilamente ganando mucho dinero puedan tener el valor y la independencia para decir lo que saben a riesgo de perjudicar su carrera profesional. Y, sin embargo, lo hacen. El libro es extremadamente valiente e informado, con brutalmente claros análisis de las causas y consecuencias de la impunidad de nuestros altos cargos y ejecutivos. No leerán ustedes análisis más profundos, por ejemplo, de la escandalosa prescripción del delito de César Alierta, de la corrupción de nuestras instituciones y de la importancia del derecho para tratar de enderezar las cosas. A nosotros, que vemos los toros desde la barrera que concede trabajar en universidades anglosajonas, nos impresiona el valor de los autores que escriben cosas que, desgraciadamente, en España no se pueden decir.

 

 Porque una de las características de España es cuánto de lo que todo el mundo sabe (es decir, los cenáculos de Madrid) no se cuenta en ningún sitio en alto, sobre Gowex, sobre Bankia o sobre la financiación de los partidos. El arma secreta del éxito de Occidente durante ya varios siglos ha sido el imperio de la ley, la invención más importante de nuestra civilización. Los autores de Hay derecho explican mejor que nadie cómo este imperio de la ley se ha disuelto en España y cómo debemos de traer nuestro Estado del derecho del exilio en el que vive.

 

El segundo colectivo importante es el formado por un grupo de jóvenes investigadores y profesionales agrupados en el blog Politikon y que han publicado La urna rota: La crisis política e institucional del modelo español (Debate, 2014). La mayoría de los miembros de Politikon son científicos sociales con intereses en política y sociología. Como tales, escriben un libro analítico y basado en la evidencia empírica, pero ameno y entretenido. Su argumento principal (similar al que nosotros hemos apuntado en otras ocasiones) es que nuestra crisis es el producto de una combinación de malas instituciones y una burbuja inmobiliaria que lo permitió todo. Las malas instituciones vienen de unos partidos cerrados y monolíticos, un sistema electoral que impide el control interno (los miembros de los partidos no quieren perder su puesto en las listas) o externo (el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario), una Administración pública muy politizada y de la ausencia de cuerpos intermedios (prensa, asociaciones privadas, etcétera) que sirvan de contrapeso a los partidos. La burbuja trajo crédito fácil que dejó a los políticos hacer y deshacer con total olvido del futuro y sin consecuencias en el corto plazo. Lo que diferencia a Politikon y a La urna rota de muchos otros autores es la claridad en presentar reformas posibles sin caer ni en la tentación de prometer milagros ni en la desesperanza, como le gusta decir a uno de los autores, de culparlo todo a que “España esta llena de españoles”. Los miembros de Politikon entienden muy bien que todo sistema político y electoral encara problemas y contradicciones, pero que existen alternativas a nuestras instituciones que, cuidadosamente diseñadas, traerían mejoras marginales.

 

El tercer libro del buen regeneracionista, Qué hacer con España (Destino, 2013), es de César Molinas, el pionero del nuevo regeneracionismo. Su artículo del 10 de febrero de 2009 en Expansión presentando una agenda de reformas para España y su influyente artículo en EL PAÍS del 9 de septiembre de 2012 desarrollando una teoría de la clase política española han sido trabajos clave en la gestación del movimiento. El libro es una lúcida exposición de las causas últimas de nuestra aparente incapacidad para crear instituciones modernas al servicio de los ciudadanos. El problema, según Molinas, es la falta de voluntad de nuestras élites. Estas élites, que disfrutan de jugosas rentas extraídas del resto de la sociedad, se resisten a poner en marcha cambios hacia la democracia y la transparencia que limitarían su capacidad de exprimir nuestro capitalismo castizo.

Cuarto libro

El cuarto libro, quizás el de objetivos más concretos, pero no por ello menos importantes, es ¿Hacienda somos todos?: Impuestos y fraude en España, de Francisco de la Torre (Debate, 2014), un brillante joven inspector de Hacienda que entiende como pocos los entresijos de nuestras cuentas públicas. De la Torre repasa nuestro sistema fiscal, los mitos y leyendas que existen con respecto al mismo, los problemas de recaudación y fraude que sufrimos, y propugna una reforma fiscal que vaya mucho más lejos que el maquillaje de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.

 

Terminamos con una mención breve a nuestro trabajo, pues nos consideramos miembros de este nuevo regeneracionismo. Juntos contribuimos regularmente al blog económico NadaEsGratis, inicialmente bajo el paraguas de FEDEA y ahora gestionado de manera independiente por la asociación Nada es Gratis, cuyos autores somos economistas académicos. Nuestras reflexiones sobre la crisis económica y las reformas necesarias están reflejadas en el libro Nada es gratis (Destino, 2011), bajo el seudónimo colectivo Jorge Juan. Uno de nosotros ha escrito recientemente un libro, El dilema de España (Península, 2014), que refleja en muchos casos ideas que hemos desarrollado conjuntamente y con otros autores del blog, y que presenta una agenda regeneracionista concreta de reformas económicas, políticas y educativas necesarias para hacer de España un país comparable a las sociedades más avanzadas de la Europa del Norte.

 Esperamos que esta lista de seis libros sirva a los españoles, incluidos a los más ilustrados de nuestros políticos (que en nuestra experiencia existen en todos los partidos), para plantear una ambiciosa agenda de reformas que transforme a España en la nación que todos soñamos.

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