Además a nivel nacional, hay 1.380 funcionarios menos en la Administración de Justicia
Revista de prensa. El Confidencial. Se puede llamar "reorganización", "ajuste" o "recorte". Pero el dato es igual de elocuente. En los últimos cinco años, dos de cada tres provincias españolas han disminuido el personal autonómico dedicado a la docencia no universitaria y al sistema de salud.
Entre julio de 2009 y julio de 2014 los funcionarios regionales dedicados a la enseñanza no universitaria han bajado en 28 de las 43 provincias de las que hay información [descargue aquí la base de datos], incluyendo las plazas que han quedado vacantes y que no han sido repuestas. Se trata de una información que las mismas comunidades remiten a Hacienda, pero sin utilizar una metodología común en su recogida y tratamiento. Por ello, no está disponible para todos los sectores de todas las comunidades.
Es suficiente, sin embargo, para afirmar que Jaén, Cáceres y Madrid son las provincias donde más estragos han hecho los recortes regionales a la enseñanza pública. La capital cuenta hoy con un 7% de profesores y maestros menos que en 2009. Es decir, el "ahorro" en este sector ha llegado a cambio de renunciar a 3.760 profesionales en toda la Comunidad.
En Cáceres, la disminución ha sido parecida. Jaén, sin embargo, ha sido la provincia más golpeada de toda España: en cinco años ha perdido el 10% de profesionales públicos en este sector. En términos absolutos, se trata de 1.100 profesores menos. La otra cara de la moneda la representan los datos del País Vasco: entre sus tres provincias, en 2014 hay 9% de profesores más que cinco años antes.
Un caso emblemático de la falta de coordinación entre comunidades y Hacienda lo representan los datos de La Rioja. Según el registro del personal, Logroño habría perdido el 21% de sus docentes. Sin embargo, la cifra se debe a que, desde 2012, en esta autonomía los profesores interinos cobran en junio, y los datos se remiten a Hacienda en julio. Por ello, se hace imposible la comparación con la fecha anterior.
Menos sanidad, más Mossos
En la misma línea, en el caso de la Sanidad, sólo se puede efectuar la comparación para 38 de las 52 provincias españolas. Entre ellas, 26 tienen hoy menos funcionarios que hace cinco años. También en este ámbito, las comunidades donde más se ha recortado son las de Madrid y Andalucía.
En la capital, en estos cinco años se ha recortado el 9% del personal médico. O, lo que es lo mismo, se ha prescindido de 6.670 trabajadores autonómicos en los hospitales y ambulatorios públicos. En Granada y Málaga el color político regional es el opuesto, pero los datos son parecidos. La bajada ha sido respectivamente del 8% y del 7%. Debido a los ajustes en la contabilización de efectivos, no es posible realizar la comparación con Castilla La Mancha, Valencia y Cataluña, las otras comunidades más pobladas, en el período analizado.
En esta última comunidad, eso sí, es posible comprobar cómo han crecido las fuerzas de seguridad, que son de competencia autonómica. La Generalitat ha aumentado el número de Mossos d'Esquadra en un 13%. A modo de comparación, cabe destacar que en la educación no universitaria el número de profesores ha bajado un 1,2% en el mismo período.
Hachazo a consejerías y justicia
Sólo doce comunidades tienen transferidas competencias de Administración de Justicia. En concreto, se encargan de dotar a juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para su funcionamiento. En el caso andaluz, el recorte de personal se ha hecho efectivo en todas las provincias, al contrario que en Cataluña, donde ha aumentado en todas. A nivel nacional, hay 1.380 funcionarios menos en este ámbito.
Pero el mayor batacazo se lo han llevado los funcionarios que trabajan en las consejerías autonómicas o en otros organismos públicos regionales. Aquí, de media, un lustro de recortes se ha llevado por delante el 14% de funcionarios de las 43 provincias analizadas.
El récord, este sentido, se lo lleva María Dolores de Cospedal. En Castilla- La Mancha, según los datos de Hacienda, se ha prescindido de 7.600 funcionarios que trabajaban en las consejerías o sus organismos autónomos, una disminución del 39%.
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