Por Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- Cada 9 de diciembre (como
siempre sin tarjeta) se celebra el Día
Mundial contra la corrupción, impulsado por la ONU. No suele tener la
acogida que merece, quizás por ser la víspera del Día Internacional de los
derechos Humanos, de mayor tradición y reconocimiento. Sin embargo, esta
bitácora lleva ya una década realizando su modesta pero recurrente aportación
al tema.
Este año lleva el lema “Corrupción:
un impedimento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recordando que el
Objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible -acerca de las
sociedades inclusivas y en paz- busca reducir sustancialmente esa lacra. Los
citados objetivos, con 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible,
son ya de aplicación universal y deben guiar todos los Estados del mundo
durante los próximos 15 años.
Aprovechemos la efemérides
para elogiar la difícil labor de Transparency International que da visibilidad a muchas
acciones contra la corrupción en el mundo. Entre las últimas, el Premio contra la Corrupción 2016 otorgado al Equipo de
Trabajo del Caso Lava Jato, en Brasil. Una investigación de los fiscales comenzada
en 2014 como un trabajo local sobre blanqueo que acabó procesando y condenando
a algunos de los miembros más poderosos de la clase dirigente, política y
económica, de Brasil. Quizás sea oportuno apuntar aquí las grandes dificultades
que ha soportado en España la instrucción de los macro-procesos, con ingentes
diligencias de investigación; se ha intentado resolver en la reciente reforma
de la justicia criminal, permitiendo la división de los macro-juicios en otros
más pequeños, sin exigir su acumulación. También queda la cuestión del papel de
la fiscalía y su mayor protagonismo frente la tradición española del juez de
instrucción.
Cuanto más se lee la
prensa española, más se percibe corrupción
La preocupación por la
corrupción se ha disparado en España. La semana pasada hubo una interesante jornada sobre el tema en Sevilla, organizada
por la Cámara de Cuentas de Andalucía. Manuel Villoría, del capítulo español de
Transparencia Internacional, presentó así -con toda su crudeza- el
problema de nuestra persistente bajada en el ranking internacional que elabora
el organismo: ”En 2013 la situación para España empeoró notablemente: bajamos a
59 puntos, al puesto 40 y dentro de Europa nos han adelantado en el ranking de
menos corruptos Portugal y Polonia. En 2015 todavía ha sido peor.
En todo caso,
todavía tenemos más de 130 países por detrás. Esto nos llevaría a una
conclusión optimista: no estamos tan mal. Y a otra pesimista: "si nosotros somos
el 38-40, el mundo es un desastre”.
La ciudadanía tiene una
percepción muy crítica de la honestidad pública y el particularismo en algunos
ámbitos. A la pregunta ¿el sistema judicial en España persigue y castiga a los
culpables sin importar quiénes son?, Villoria recuerda que el número de
personas en desacuerdo (o muy en desacuerdo) alcanza más del 70% de los
encuestados. “Más alto es aún al apoyo a la percepción de particularismo en el
ámbito fiscal, pues ante la afirmación La gente acomodada recibe un trato
fiscal claramente más favorable que el recibido por el ciudadano medio, el 85%
está muy de acuerdo o de acuerdo”.
Durante su comparecencia hace unas semanas en el Parlamento
asturiano, se sorprendía Villoría de que en 2011-13 hubo más de cuatro mil
causas por delitos conexos con la corrupción pero sólo se han dictado 140
sentencias condenatorias por cohecho, 204 por malversación y una por tráfico de
influencias. Por ejemplo, en Italia, solo en 2011, hubo 802 condenados por los
delitos de “concussione” y corruzione”.
El caso de Portugal
¿Porqué nos ha superado
tan fácilmente Portugal? Ahora luce ese envidiable puesto 28 en la
clasificación mundial de percepción de la corrupción
que elabora Transparencia Internacional. Una de las razones es que
acometió, a finales de la década pasada, una reforma legislativa que creaba el Consejo de
Prevención de la Corrupción, en el seno del Tribunal de Contas -que da todo el apoyo operativo y lo
preside- pero integrando relevantes miembros del ejecutivo (como el
Internentor General del Estado) junto a representantes de la fiscalía o del
colegio de abogados. Una solución barata como el bacalhao
y realista como son los portugueses.
En cinco años de vida, más de 1.200 entidades públicas
aprobaron planes de prevención de riesgos de corrupción que mapean los riesgos
asociados a las acciones tomadas por cada entidad, presentados en términos de
probabilidad de ocurrencia y proponen las medidas preventivas adecuadas. Y los
deben publicar. Sirvan de ejemplo estos dos: por una parte, el Tribunal de
Contas aprueba el suyo, dando ejemplo como servicio público que
es. También puede verse el correspondiente a la Comisión del Mercado de Valores, cuyo documento es
accesible desde las primeras pestañas del portal institucional y os pongo un
pantallazo aquí: Leer+
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