jueves, 24 de agosto de 2017

Rafael Jiménez Asensio: La política como profesión (y II)

“El método democrático crea políticos profesionales a los que convierte después en administradores y ‘hombres de Estado’ amateurs” 
(Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Página Indómita, 2015)

“El clientelismo político resulta ser la única de las funciones claves que los partidos políticos siguen realizando (…) En los propios ámbitos institucionales de poder los actores tienden a ser políticos profesionales cada vez con más frecuencia” 
(P. Maier, Gobernar el vacío. La banalización de la democracia occidental, Alianza, 2015)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Ver La singularidad de la actividad política.-  La actividad de la política no deja de ofrecer singularidades sinfín. En primer lugar, como se ha visto, no hay en verdad una actividad política, sino muchas; aunque no es menos cierto que el político puro salta con facilidad de unas a otras con ese don de la ubicuidad del que parece estar dotado, dejando en no pocas ocasiones al descubierto déficits evidentes para gestionar políticamente con éxito determinadas funciones que asume a lo largo de su “carrera política”.

En segundo lugar, la actividad política presenta una especialización profesional muy singular y hasta cierto punto de enorme vaguedad en sus contornos. No cabe extrañarse que el cúmulo de “saberes heterogéneos” que se proyectan sobre la actividad política conformen una especie de bricolage, como enunció Christian Le Bart.

En tercer lugar, salvando los casos en que la dedicación a la política es marginal o se combina con otras actividades profesionales, lo cierto es que la complejidad de la actividad política requiere, por lo común, una dedicación plena, que en ocasiones desborda con claridad los horarios habituales de cualquier actividad profesional.

Y, en cuarto lugar, la continuidad en política parece ser una constante. Una vez entrado, nadie quiere salir. El libro comentado acredita como la edad de los políticos es muy avanzada (aunque en los últimos tiempos se ha producido un rejuvenecimiento, que ya amenaza por cierto “con instalarse” en la actividad). En España hay una generación de políticos que inició su andadura en la década de los ochenta (o antes) y que ya está jubilándose en el ejercicio de esa actividad. Muy pocos han retornado a su actividad profesional originaria, si es que la tenían. Ahora han entrado otros nuevos, sin fecha de caducidad. La historia se repetirá, de no poner remedio.

Qué se requiere acreditar para entrar en política
La cantera o procedencia de los políticos es un punto previo al análisis de cuáles son sus competencias. Y es aquí donde el sistema de reclutamiento muestra una porosidad pasmosa. No hay controles de entrada. Solo las percepciones, la ubicación, el oportunismo o el azar, cuando no las relaciones familiares o personales, sitúan a unos u otros en la carrera de salida o en el trampolín de la política. También en la salida.

Pero hay algo más importante: la entrada en política requiere voluntad. Quien mejor explicó este proceso fue Schumpeter. Como decía este autor, “el método democrático no selecciona a los políticos entre toda la población, sino únicamente entre aquellos elementos de la población que tienen vocación política”.

Quiénes van a gobernar o representarnos no deben acreditar, por tanto, ninguna competencia o conocimientos efectivo, tampoco ninguna titulación o formación específica. El principio democrático cubre tales deficiencias; al menos en apariencia. Pero también Schumpeter advirtió de la trascendental importancia que tiene “la idoneidad del material humano” para la política. Así afirmaba: “no es cierto que en una democracia los hombres tengan siempre la especie y la calidad de gobierno que desean o merecen”. Sin embargo, la eficiencia en los resultados de la acción política (especialmente de la acción de gobierno) debiera exigir (más en nuestros días) que a los responsables públicos se les demanden determinadas competencias y conocimientos institucionales. La política no reforzará su credibilidad si a ella sigue llegando la mediocridad social y no el talento.

El diagnóstico que se hace en el libro es certero y trasladable a España. Allí se dice: “Es evidente, desde el punto de vista sociológico, que la sociedad francesa dispone, particularmente en los estratos superiores, como todos los Estados-nación de Europa, de un potencial de competencia, experiencia, conocimiento experto y talento mucho mayor que el potencial que ofrece la jerarquía de los partidos a un nivel equivalente”. Diagnóstico demoledor: el talento de la sociedad no está en la política. La mediocridad invade sus filas, con excepciones siempre notables. No es un mal hispano, sino general. Pero hay que tomar nota.

Y no es una buena carta de presentación a ojos de la ciudadanía. Comienza a haber, en efecto, una brecha importante entre una sociedad con profesionales muy formados y una política plagada de diletantes o de personas con trayectorias profesionales inexistentes o limitadas. Es verdad que, cada vez en mayor porcentaje, los titulados universitarios o incluso los cuerpos de élite prodigan las nóminas de la política “profesional”. Pero ello en sí mismo no dice nada. Hoy en día se puede ser titulado universitario o doctor incluso y no añadir valor alguno a la política. Por otra parte, tan malo es que la política no atraiga talento como que se ocupe por altos funcionarios en clave corporativa y cierre sus ventanas a la sociedad. Además, según la teoría de las tijeras (Herzog), “cuanto más larga es la carrera política y más alcanza puestos de alto nivel, el político tiende a dejar la profesión originaria en el olvido”. Si pasa mucho tiempo, sencillamente la entierra.

La mediocridad política puede tener asimismo funestas consecuencias sobre el devenir de un sistema político-institucional. Una vez más, Schumpeter recordaba cómo el hundimiento de la República de Weimar se debió también a que sus “políticos estaban muy por debajo del nivel medio nacional, en algunos casos lastimosamente muy por debajo”. La nación alemana –a su juicio- tenía energía y capacidades, “pero los hombres de valía y de carácter desdeñaban la carrera política”. Ello facilitó que un “líder antidemócrata” (prototipo de la mentira, demagogia y calumnia, como lo describiera Sebastian Haffner) se apropiara literalmente del poder. No se trata de llegar a tales extremos, pero una clase política alejada del talento también puede producir daños colaterales notables y efectos perjudiciales. A la vista están algunos de ellos.

Qué competencias son necesarias para ejercer la “profesión política”
El presupuesto de la denominada “profesionalización” de la política es la dedicación temporalmente extensa y retribuida a esa actividad. Sin embargo, la política no ha sido siempre una actividad retribuida. En el primer liberalismo había un ideal positivo del político como persona dotada de grandes virtudes, educada, desinteresada, competente o volcada al interés general (ideal presente, por ejemplo, en El Federalista; o en la idea de “aristocracia representativa”, de la que hablara Bernard Manin). Pero pronto se fue imponiendo un estereotipo del político como persona marcada por la ambición personal desmesurada, corrupta y que asimila la acción política con una empresa de interés económico personal.

Este “tipo-negativo” de definición del político encuentra raíces fuertes en la literatura costumbrista, pero también en innumerables ensayos de los siglos XIX y XX. Las prácticas del spoils system, del clientelismo y de la corrupción alimentaron ese perfil oscuro de la política. Con la llegada de la democratización esa mala imagen tiende a atenuarse, pues se produce la entrada en los cargos públicos de personas de la clase trabajadora o profesionales de izquierda (más tarde de las mujeres y de otros colectivos desaventajados) que hacen de la política un compromiso y medio de transformación social. Pero este proceso y tan buenas ideas iniciales no evitarán que la ocupación de esos cargos se convierta en una meta para medrar personalmente, también de los recién llegados a esa política pretendidamente altruista. La obra de Michels es, a tal efecto, reveladora, pues su tesis sobre la oligarquía de los partidos políticos está construida sobre el funcionamiento del Partido Socialdemócrata. La “casta política” ya entonces era una realidad, también en la izquierda. Se decía, por ejemplo, que “ser elegido diputado se había convertido en un gagne-pain (medio de vida)”. Y así sigue siéndolo. Sea cual fuere el color de quien ocupe el escaño.

Darle la vuelta a un estereotipo tan arraigado no es tarea fácil, aunque se intente. Menos aún si no se hace nada. Lo cierto es que, como nos recuerda el libro comentado, “el profesional de la política se define también como un especialista, un hombre que practica una actividad particular y que, para ejercerla con éxito, debe poseer competencias y saberes específicos”.

Lo que no es fácil es identificar cuáles son esas competencias y saberes específicos, pues variarán en función del tipo de actividad política que se desarrolle. Aun así, un buen profesional de la política es aquel que dispone de una competencia política consagrada (habitualmente la experiencia, como decía Léon Blum), pero que siempre se combina con un compromiso político, con la defensa de una causa (“tener convicciones”) y con una actitud de servicio (es preciso “estar disponible”). Los valores y la ética pública también cotizan, aunque no pocos políticos los ignoren o desprecien.

Max Weber recogía tres cualidades decisivas que debía tener todo político: “pasión, sentido de la responsabilidad y sentido de la distancia (mesura)”. La pasión, como decía este autor, debe frenarse siempre con unas dosis evidentes de mesura: la pasión sin la responsabilidad no convierte a una persona en político. La clave está –concluía Weber- en cómo conjugar en la misma alma la pasión ardiente y el frío sentido de la distancia: “la política se hace con la cabeza, no con otras partes del cuerpo o del alma”, concluía.

La política debe ser asimismo consciente de que –como apuntara Schumpeter- “la cualidades de inteligencia y de carácter que convierten a alguien en un buen candidato no son necesariamente las mismas que le convierten en un buen administrador”. La selección de las urnas no garantiza la buena gestión. Y si al frente de esta se ponen políticos (y no profesionales de la dirección) el fracaso (o la relativización del éxito) está garantizado. Un gestor político amateur puede ser calificado como una suerte de “juez sin carrera de Derecho” (o como un “diplomático sin inglés”), que “arruina a la burocracia y desalienta a los mejores elementos”. De eso sabemos mucho.

El político vive atado a “la tiranía de lo inmediato”. Y eso tiene serias consecuencias, pues con semejante enfoque alicorto no es capaz de desarrollar una visión estratégica y es la táctica sola lo que termina por ahogar la buena política. La política está cuestionada frontalmente. El intento de dignificar y legitimar la política encuentra, sin embargo, no pocas paradojas. Citaré dos de ellas.

La primera es cómo se “ingresa” en la actividad política: el compromiso político (“vocación”) y la precocidad han sido hasta ahora las notas dominantes. Y no ha habido, ni hay, premisas básicas para garantizar que la elección sea correcta en términos de competencia “profesional” para ser buen político. Esta debilidad no es fácil corregirla, aunque hay alternativas. No precisamente las primarias. La política no puede ser un coladero de oportunistas, “amiguetes” y advenedizos sin escrúpulos. Así se mata la política.

La segunda es la adquisición y desarrollo de competencias profesionales para ejercer con éxito la carrera política. El sistema se sigue basando (al menos aparentemente) en “la experiencia” como fuente de conocimiento, pero poco o nada se le añade a esa dimensión práctica. Las escuelas de formación de los partidos, como señalan los autores de este libro, representan un modelo totalmente agotado. Hay que reinventar la formación de cuadros para el desarrollo de competencias políticas e institucionales. Existen muchos programas formativos de políticos dirigidos a ganar elecciones y ninguno que enseñe realmente a gobernar las instituciones. Como dijo Innerarity, gobernar no cotiza en la política actual, solo ganar elecciones. Los partidos tienen totalmente abandonada (o mal enfocada) esta formación y la prueba evidente es que esos “políticos profesionales” desempeñan sus funciones la mayor parte de las veces como auténticos “amateurs”, cuando no con una desorientación notable que solo el paso del tiempo a veces atempera.

A modo de conclusión
Un dato relevante es que, como señala Michel Offerlé en el epílogo, la política es un oficio que se ha profesionalizado en su desempeño, pero a su vez ha sido negado como tal (esto es, no está reconocido socialmente o tiene un prestigio bajo mínimos); se trata de una pretendida actividad “profesional” que, contrariamente a todas las demás, no tiene ninguna regulación heterónoma, sino que el poder que de ella deriva no es sino temporal, se “toma” y se debe “dejar”. Perder las elecciones es el mayor drama del político profesional. Sin embargo, la mejor reforma –a juicio de este autor- “sería no desprofesionalizar totalmente la profesión política sino limitar sus modos de ejercicio e imponer un control ciudadano sobre su modo de ejecución”. Y el autor concluye: On peut rêver (se puede soñar).

La idea de control ciudadano sobre la política y los políticos ya se formuló a inicios del siglo XX por el filósofo Alain, quien –entre otras cosas- decía que “todo poder sin control enloquece” y que, por tanto, “la democracia sería, en este sentido, un esfuerzo constante de los gobernados contra los abusos del Poder”. Aunque en la época en que Alain escribió sus Propos el Estado de partidos era aún incipiente, el autor muestra en esa obra con claridad su rechazo a la organización de los partidos y su desconfianza hacia el ejercicio del poder (El ciudadano contra los poderes, Tecnos, 2016, pp. 162 y ss.).

Este control no se puede hacer, en ningún caso, desde la propia política, pues su sentido corporativo es manifiesto. Jouvenel recordaba, por ejemplo, lo siguiente: “Hay menos diferencias entre dos diputados, uno de los cuales es revolucionario y el otro no, que entre dos revolucionarios, uno de ellos diputado y el otro no, pues aquellos gozan de privilegios jurídicos y económicos que son intereses propios de la carrera política”. La preservación de los intereses comunes se convierte, así, en una suerte de leitmotiv de la corporación política, sea quien fuere el que la integre. Los partidos ahora son Estado, como decía Mair. De ahí las enormes dificultades de este proceso. La cuestión clave es quién y cómo puede controlar a la política.

Difícil, en efecto, renovar la política cuando ella monopoliza los cauces y palancas para que ese proceso se lleve a cabo. Tras su evidente desmoronamiento y pérdida de confianza, la tendencia actual de la política es renovar su imagen, hacerla más transparente, regular las incompatibilidades y conflictos de interés e intentar así legitimar “su profesión”. En suma, se pretende mejorar su deteriorada imagen como “clase política” (según expresión de Mosca) o “clase gobernante” (Mair). Pero las resistencias “corporativas” (sobre todo de “los aparatos” de los partidos, lugar donde recala la mediocridad más temeraria) son intensas. Hay muchas personas instaladas o recién instaladas que no quieren modificar el statu quo, pues ello podría significar el que sean expulsados de esa profesión “de” la que viven, tras haber accedido jóvenes “para hacer política” (y algunos haberse hecho mayores en ella). No se trata tanto de limitar mandatos o regular incompatibilidades estrictas, pues ello apenas vale de nada si se puede saltar de una actividad a otra de la política sin solución de continuidad. La rotación permanente entre la política y la vida social o profesional es la clave del proceso de renovación. Un camino que nadie quiere emprender.

Una vez más se muestran las complejidades de regular una actividad tan singular. Pero no le den más vueltas, no se transformará realmente la sociedad si la política no mejora de forma gradual y sustancialmente las cualidades del material humano que a ella se dedica. La política debe huir de la mediocridad si no quiere ser ahogada en sus brazos. Y eso solo depende de la política, los partidos y sus líderes (si realmente lo son). Tal como decía Jeremy Bentham, solo por amor al gobierno y por perfeccionar el sistema de la administración, "es por lo que sea desea verlo en las manos más hábiles y más puras” (Tratado de los sofismas políticos, Leviatán, Buenos Aires, 2012, p. 184).

miércoles, 23 de agosto de 2017

Los funcionarios piden regular la denuncias contra la corrupción en las Administraciones Públicas

El 84% de los funcionarios murcianos están a favor de poder denunciar la corrupción sin recibir represalias

Revista de prensa. La Opinión de Murcia.- La gran mayoría de empleados de la Administración pública regional considera importante que la futura Ley de Buen Gobierno de la Región de Murcia, que el Ejecutivo de Fernando López Miras pretende sacar adelante en lo que queda de legislatura, contemple la regulación del régimen de denuncias sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y otras medidas de protección para los denunciantes.

Así se desprende al menos de la encuesta realizada a los funcionarios realizada por la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, dentro del proceso de consulta pública, puesto en marcha por la consejera Noelia Arroyo, para el diseño de las políticas que llevará a cabo su departamento en estos dos años. En la consulta participaron un total 612 trabajadores públicos, lo que supone un 7% del total de la plantilla. Un dato con el que el Gobierno regional está contento, pues es el más exitoso de los que se han realizado hasta el momento.

Según esta encuesta, un 84% de los encuestados, casi nueve de cada diez, pedían la regulación de un régimen de protección para aquellos funcionarios que, en el ejercicio de su trabajo, puedan apreciar algún delito contra la corrupción sin temor a recibir represalias laborales por ello.

Puertas giratorias
Era uno de los aspectos que más preocupaban a los que participaron en el proceso, según los datos que constan en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma, donde también dejaban patente la necesidad de regular las llamadas 'puertas giratorias', con una clara definición del régimen de incompatibilidades y los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración autonómica. Esto preocupaba al 90% de empleados públicos que participaron en el proceso de la Consejería de Transparencia.

Asimismo, los funcionarios también son partidarios de que la Ley de Buen Gobierno contemple mecanismos para que un cargo público no lo pueda ocupar cualquiera. Un 89% de los encuestados consideraba importante o muy importante que la futura normativa establezca unas condiciones de ideonidad que debe reunir una persona antes de ser nombrado para un cargo político, que además estará sometido por ley al cumplimiento de una serie de principios éticos que ya definiría la norma autonómica.

En los resultados de la encuesta llama también la atención comprobar que un 78% pide que en la Ley de Buen Gobierno quede perfectamente definida la regulación del Ejecutivo en funciones, estableciendo las reglas de la actuación en el caso de traspaso de poderes. Y es que los empleados públicos de la Comunidad han trabajado ya con tres gabinetes distintos en los tres últimos años, como consecuencia de la convulsión política vivida en la Región. Muchos funcionarios se han visto movidos de una consejería a otra en función del reparto de competencias que haya realizado el presidente de turno.

Asimismo, destaca el gran número de aportaciones libres realizadas por los trabajadores de la Administración regional que han completado la totalidad de la encuesta, que constaba de cuatro apartados (Transparencia, Participación, Datos Abiertos y Buen Gobierno) y 33 preguntas. En total, se han obtenido 460 aportaciones, entre las que sobresalen las realizadas sobre Transparencia, con 191 (42% del total), seguidas de Participación, con 100 aportaciones (22 % del total), según fuentes de la Comunidad. 

martes, 22 de agosto de 2017

Fernando Castro: Administración electrónica municipal

Otro post de interés: Por Rafael Jiménez Asensio. blog La Mirada Institucional. La política como profesión

Por Fernando Castro Abella. Blog EsPúblico.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos anuncia que, cuando se produzca su plena aplicación, habremos llegado a la tierra prometida de la administración electrónica, despidiéndonos del obsoleto desierto de la burocracia tradicional. Pero la citada Ley es un poco fanfarrona y presume más de lo que en realidad es.

Subasta electrónica en el Ayto de Gijón
De un lado se atribuye el mérito de la implantación de la administración electrónica, si bien fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que consagró el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones. Otra cosa es que ese derecho no se haya respetado en diversas, por no decir abundantes, ocasiones. Esperemos que ahora sí se cumpla en todo caso.

De otra parte parece obviarse que la nueva Ley, como no podía ser menos, respeta el derecho de los ciudadanos a relacionarse de modo personal con la Administración. Ciertamente no es cosa de exigir a nuestros ancianos menos adaptados a las nuevas tecnologías que se pongan a aprender el uso de dispositivos electrónicos.

Los pequeños ayuntamientos
Pero hay una zona oscura en la implantación de la interconexión ciudadanos-administraciones, la de los pequeños Ayuntamientos. Cierto es que la Ley aventura soluciones, pero la inquietud es si serán realmente operativas el próximo octubre.

En España, de los 8125 municipios existentes (según el padrón a 1 de enero de 2016), sin considerar Entidades Locales Menores, 4955 (61%) no alcanzan los 1000 habitantes, llegando hasta los 6825 (84%) los Ayuntamientos de poblaciones inferiores a los 5000 habitantes. Como es lógico los recursos económicos de esta gran mayoría de Ayuntamientos son bastante limitados, a pesar de las excepciones de pequeñas Entidades con gran riqueza. Y la limitación económica suele llevar aparejada limitación de recursos, tanto humanos como tecnológicos.

Confiamos en que en su momento estará plenamente disponible el Registro Electrónico General en todos los Ayuntamientos, bien por su creación, bien, en la mayoría de los casos, por su adhesión al del Estado. Pero si de verdad queremos llegar a la tierra prometida de la Administración Electrónica, no es suficiente, es imprescindible además que las calderas de la asistencia a Municipios de Diputaciones y Comunidades Autónomas trabajen a pleno rendimiento.

Las Entidades Locales van a tener que hacer un esfuerzo importante para contar con la tecnología adecuada, tanto en equipos como en aplicaciones. Y para ello necesitarán ayuda, financiera y en asesoramiento. Hemos visto a Ayuntamientos dotarse de soluciones a medida carísimas, desarrolladas por prestigiosos consultores, que para el tamaño de Administración en que se aplicaba funcionaban bastante peor que otras de uso corriente mucho más económicas. También hemos visto soluciones chapuceras que pretendían implantarse por la vía de ponerse el sello de una marca de prestigio en otros ámbitos municipales.

Retos 
Pero el reto no es solo inversor. También es fundamental el desarrollo de unos planes adecuados y suficientes de formación del personal de la Administración Local. Y en este aspecto es importante que la formación sea efectiva. No es suficiente con obligar a los funcionarios a asistir a charlas o a pasar unos autotest que se hagan en comandita sin control efectivo de la evaluación. Es necesario asegurarse que la cultura electrónica cala en el personal.

Y para llegar a buen puerto en esta singladura es necesario que haya un líder, un abanderado de la Administración Electrónica en cada Ayuntamiento y que se dote a dicha persona de verdadero poder de decisión en la materia. Y para ello no servirá un Alcalde con apoyo mayoritario popular pero sin conocimientos tecnológicos avanzados. Ni un técnico de primer nivel sin capacidad de transmitir a los demás conocimientos y, sobre todo, entusiasmo.

lunes, 21 de agosto de 2017

El Gobierno quiere involucrar a 60.000 policías locales en la lucha contra el yihadismo

La mesa de evaluación de la amenaza terrorista ha rechazado recurrir al Ejército y ha optado por potenciar la seguridad en toda España recurriendo a los agentes municipales

Revista de prensa. VozPopuli.- El Gobierno recurrirá a los más de 60.000 policías locales que trabajan en los 8.124 municipios españoles para aumentar la seguridad de los españoles frente a los ataques yihadistas. Y especialmente en las zonas turísticas y más concurridas.

Así lo acordó la mesa de evaluación de la amenaza terrorista reunida ese sábado por la mañana de forma extraordinaria y que fue presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en rueda de prensa ha informado de que ha aceptado la decisión de los responsables de la lucha antiterrorista.

Ayuntamiento de Barcelona, ciudad víctima
del último atentado terrorista
En la reunión, los responsables de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza consideraron de forma unánime que debía mantenerse la actual situación de alerta 4.

De esta forma, el Ejecutivo central evita aumentar el nivel de alerta antiterrorista, y no despliega a las Fuerzas Armadas por las calles españolas ni restringe el tráfico aéreo. Fuentes policiales habían asegurado que la decisión de elevar a cinco la alterna antiterrorista sólo se podría haber tomado al tener conocimiento de un posible atentado de carácter "inminente".

Cooperación con las fuerzas estatales
Las policías locales de los municipios españoles, a excepción de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se encargan principalmente de la protección de autoridades locales, vigilancia o custodia de edificios municipales y la ordenación del tráfico en el núcleo urbano. Sin embargo, los municipales pueden colaborar y cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención de los delitos y vigilar los espacios públicos.

Para involucrar a las policías locales,el ministro Zoido ha anunciado que convocará las juntas locales de seguridad para analizar los riesgos con la intención de "incorporar, dentro de su competencias, las cualidades de estos cuerpos para desarrollar las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista" y valorar la adopción de "medidas pasivas de seguridad".

Asimismo, el ministro ha estimado "conveniente" que los ayuntamientos analicen y estudien en las juntas de seguridad la posibilidad de establecer medidas físicas de protección para evitar acciones terroristas, como la colocación de bolardos o maceteros, tal y como recomendó la Policía las pasadas Navidades.

De 10.631 agentes en 2015 a casi 17.000 
Una prueba de la potencial importancia de lo que supondría la incorporación de los Policías Locales en la lucha antiterrorista son las cifras de municipales en Cataluña. Según los datos oficiales de la Generalitat, los municipios de esta Comunidad tenían en 2014 un total de 10.631 policías en plantilla.

Sólo en Barcelona había 2.745 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, seguidos por los 377 de los policías adscritos en la Urbana de l’Hospitalet del Llobregat. En enero de 2016 el número de Mossos d'Esquedra era de 16.869. 

La decisión de movilizar a los municipales de toda España se conoce después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya remitido a la Policía y a la Guardia Civil un oficio para extremar las medidas de seguridad tras los atentados de Cataluña y aumentar los controles en plazas, paseos marítimos y zonas peatonales.

Según el oficio, al que ha tenido acceso Efe, los ataques en Barcelona y Cambrils (Tarragona) "ponen en evidencia la gravedad que la amenaza terrorista supone contra la seguridad pública y hacen necesario extremar las medidas policiales de prevención y reacción"

Añade que este tipo de atentados mediante atropello masivo de personas en vía pública pone de manifiesto que sus autores "eligen como objetivos entornos urbanos especialmente vulnerables por la presencia masiva de ciudadanos españoles y extranjeros".

Por todo ello, insta a establecer dispositivos de seguridad "específicos y reforzados en todos aquellos lugares en los que se produzca una elevada concentración de personas, poniendo especial énfasis en zonas de afluencia turística".

Los agentes tendrán que intensificar los controles aleatorios de personas y vehículos en lugares de máxima aglomeración, con especial atención a plazas, paseos marítimos y calles peatonales, entre otros, a la vez que se incrementará la presencia de vehículos policiales en puntos estratégicos de esas zonas, como entradas, salidas o intersecciones.

Asimismo, la circular pide que se refuercen los dispositivos específicos de reacción tendentes a reducir el impacto y/o continuidad de posibles acciones terroristas y que se intensifiquen los controles policiales en la zona fronteriza hispano-francesa.

El oficio hace hincapié en la necesidad de incrementar los cauces de colaboración con las policías locales para incorporar las capacidades de estos cuerpos a las medidas del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

sábado, 19 de agosto de 2017

Contratación: A vueltas con la motivación en la contratación administrativa (II)

"La conclusión es clara: el incumplimiento de la obligación de motivación es una alegación errónea de las empresas demandantes"

Por Francisco Sosa Wagner.- Blog EsPúblico.- Quedaron resaltadas en el comentario anterior a esta sentencia de 4 de julio de 2017 (Tribunal de Justicia europeo con sede en Luxemburgo, asunto T-392/15) las precisiones que acerca de la motivación en los procedimientos de otorgamiento de contratos realiza el juez. La conclusión a la que se llega en el caso particular analizado es que no se ha producido tal falta de motivación por parte de la Agencia encargada de la adjudicación del contrato y por ello las empresas demandantes no solo pierden el pleito sino que además son condenadas en costas. Un fracaso en toda regla.

El asunto de fondo era la valoración de las ofertas «anormalmente bajas». A tal respecto el juez europeo recuerda que el órgano de contratación, si entiende que una oferta incurre en esta sospecha, ha de ponerlo en conocimiento de la empresa para que esta formule las precisiones adecuadas destinadas a justificar sus precios y especialmente ha de acreditarse el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección del empleo y de las condiciones laborales que se hallen vigentes allí donde haya de ejecutarse el contrato.

Más una precisión vinculada al hecho de que el licitador disfrute de una ayuda pública. Esta circunstancia no será causa suficiente para rechazar la oferta a menos que el licitador, beneficiario de esa ayuda, no pueda demostrar que la misma fue obtenida «de modo definitivo y de acuerdo con los procedimientos y decisiones precisados en la reglamentación de la UE en materia de ayudas estatales».

¿Qué se entiende por oferta «anormalmente baja»? Inútil tratar de encontrar una definición en las disposiciones del Reglamento financiero, tampoco en el «de aplicación». Invocando una jurisprudencia conocida, el juez contesta de manera simple pero razonable que «debe apreciarse con relación a la composición de la oferta y con relación a la prestación de que se trate».

En este caso, la Agencia adjudicataria es acusada por las empresas licitadoras demandantes de haber incumplido la obligación de motivación. Pero, como ya he adelantado, no comparte esta idea el Tribunal porque, si bien es verdad que tales licitadoras habían solicitado una motivación específica para los dos lotes en que se descomponía el contrato (escrito de 8 de julio de 2015), lo cierto es que, sin esperar a que la Agencia contestara, y pese «a que los plazos para la interposición del recurso no suponían un obstáculo para ello», las empresas interponen ya directa -y precipitadamente- el recurso que esta sentencia analiza.

El juez considera que la respuesta de la Agencia dada el 24 de julio de 2015, donde se sostiene que la oferta no es anormalmente baja, se acomoda a un plazo «razonable» por el conjunto de circunstancias que caracteriza una situación excepcional en el sentido que ya ha sostenido el mismo Tribunal en sentencias anteriores y donde se admite la toma en consideración por el juez de información aportada «durante el procedimiento judicial» (sentencia de 20 de mayo de 2009 VIP Car Solutions/Parlamento T-89/07, EU T: 2009, 163, 76 y sgs). Porque es verdad que, no dándose esta circunstancia excepcional, la cuestión de si se ha cumplido o no la obligación de motivación «debe, en principio, examinarse en función de la información de que disponen los demandantes, como muy tarde, en el momento de interposición del recurso» (según jurisprudencia consolidada y citada en el apartado 74 de esta sentencia ahora por mí comentada).

Bajas anormales
La Agencia -en su escrito de 24 de julio de 2015- analiza los precios para los dos lotes llegando a la conclusión de que «tenemos pruebas concluyentes de que las ofertas financieras no eran anormalmente bajas». El juez «comprende» las razones por las que la Agencia no consideró que las ofertas seleccionadas presentaran icto oculo un carácter anormalmente bajo. Y además añade «que las demandantes pudieron impugnar el carácter suficiente de esta motivación y, además, hicieron uso de esta posibilidad».

La conclusión es clara: el incumplimiento de la obligación de motivación es una alegación errónea de las empresas demandantes.

Pero, atención, porque el Tribunal añade: «es preciso recordar que en el contexto de un motivo basado en la falta de motivación, las eventuales impugnaciones respecto al carácter fundado de esa motivación no pueden ser examinadas por el Tribunal dado que [conforme a nuestra jurisprudencia] la cuestión del cumplimiento de la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE debe distinguirse de la cuestión del carácter fundado de la motivación». La jurisprudencia que invoca el juez es básicamente la contenida en las sentencias de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/ BCE T-553/11 y de 28 de junio de 2016, T-652/14, ambas por cierto no publicadas, según indicación que se contiene en el apartado 80 de esta sentencia traída hoy a este Blog).

Perdón, señor juez de Luxemburgo, con humildad de simple catedrático, me atrevo a decirle que el artículo 296 por usted invocado se limita a establecer, en su párrafo segundo, el principio de motivación de los actos administrativos. Lo que usted hace -e hicieron sus colegas en las sentencias de 2014 y 2016- es introducir una sutileza jurídico-procesal que no se corresponde con la letra de ese precepto. Y además me pregunto ¿a quién beneficia? Estamos -dicho sea con todos los respetos- más bien ante un enredo, un garbuglio si se me permite recurrir a la expresión famosa usada por don Bartolo en Las Bodas de Fígaro mozartianas.

Escribí en la parte primera de este comentario que entrábamos, con esta sentencia, en el territorio del principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos y vemos cómo, a la vista de un caso concreto, este se descompone en mil matices otorgándole un carácter irisado que lo hace al tiempo técnicamente complejo y políticamente apasionante. No es extraño porque en el lenguaje del Derecho sus vocablos son amasados por actores muy diversos: legisladores, jueces, abogados, litigantes … Y lo hacen al mismo tiempo y, lo que es más inquietante, usándolos casi siempre como armas de combate.

viernes, 18 de agosto de 2017

Los concejales de Madrid capital podrán ser sancionados si no cumplen la ordenanza de transparencia

Los ediles deberán aportar información si no quieren ser apercibidos públicamente y abonar incluso  una sanción

Revista de prensa. EP.- Los concejales de los cuatro grupos del Ayuntamiento de Madrid tendrán que publicar su agenda y los regalos protocolarios que reciban desde este jueves, cuando entra en vigor la ordenanza de Transparencia, aprobada hace un año.

Los concejales deberán aportar esta información si no quieren ser apercibidos públicamente y se podría imponer una sanción por parte de la comisión de seguimiento de la ordenanza.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Foto Jorge París.
En esa comisión también estará presente el Consejo Estatal de Transparencia y el futuro director de la Oficina municipal contra la Corrupción. Entre todos decidirán las sanciones a imponer a quienes no cumplan con las obligaciones que marca la ordenanza, que incluso pueden llegar a proponer el cese de directores generales.

Al respecto, Ahora Madrid, PSOE y Cs comenzaron a hacer pública sus agendas antes de la entrada en vigor de la ordenanza.

También tendrán que publicarse en el portal de Gobierno Abierto las atenciones protocolarias siguiendo lo ya aplicable a todos los ediles de gobierno, titulares de órganos directivos y empleados del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

Así, los obsequios considerados muestras de cortesía no podrán superar los 50 euros y no se podrán aceptar más de tres de una misma persona física o jurídica al año.

Contratos menores y huella normativa
Los contratos (también los menores) actualizados, la trazabilidad de las decisiones con la huella normativa (que ya se ha empezado a publicar), la reutilización de la información municipal sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita y las demás obligaciones de publicidad activa. Todo ello forma parte de los 54 artículos de la primera ordenanza de Transparencia de Madrid, la primera de España.

La ordenanza incluye igualmente el registro obligatorio de lobbies, aunque no entrará en vigor este mes de agosto. Sus líneas fundamentales recibieron luz verde en el Pleno en la sesión de junio y desde entonces ha empezado a correr el plazo dado de seis meses para la puesta en marcha del registro, que se activará antes de final de año.

Además, el Ayuntamiento se compromete con la ordenanza a dar la información que solicite la ciudadanía, que la podrá solicitar con un simple correo electrónico dada la escasa implantación del DNI electrónico.

jueves, 17 de agosto de 2017

Cinco ciudades norteamericanas en el Top 10 de las más tecnológicas con San Francisco a la cabeza


Universia.- ¿Qué es una Smart City? Entendemos por ciudades inteligentes a aquellas que aplican las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su infraestructura, para ofrecer a sus habitantes una mejor calidad de vida, y alcanzar un desarrollo sostenible utilizando sus recursos de la mejor forma posible.  

De acuerdo a los expertos, en los próximos 35 años dos terceras partes de la población mundial se ubicará en zonas urbanas, lo que implica un desplazamiento de más de 2.500 millones de personas y un progresivo abandono de las zonas rurales. Las ciudades que ofrezcan mayores atractivos y posibilidades de crecimiento serán las que reciban la mayor parte de esta población, por lo que Business Insider ha intentado anticiparse a este proceso estableciendo un ranking de las ciudades más tecnológicas del mundo. El ranking consideró el número de startups, patentes per cápita o número de smartphones de las ciudades.

Si lo que quieres es desconectar, alejarte de las pantallas y relajarte en un entorno natural… quizá no sea conveniente que visites estas ciudades. Pero si lo que quieres es conocer los últimos hitos de la tecnología, y radicarte en un sitio que busca la innovación constante, entonces este listado te servirá para encontrar tu lugar en el mundo.

Dominadas por la Tecnología en cada uno de sus aspectos, con impresionantes construcciones y servicios adaptados a las últimas tendencias, estos centros urbanos destacan como los más tecnológicos del mundo:

1.-San Francisco. USA
2.-Nueva york. USA
3.-Londres. RU
4.-Los Angeles. USA
5.-Seúl. Corea del Sur
6.- Taipei. Taiwán
7.-Boston. USA
8.-Singapur
9.-Toronto. Canadá
10.- Chicago. USA

miércoles, 16 de agosto de 2017

España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida

El 35% de empleados de la Administración central tiene más de 55 años

Revista de prensa. Jaume Viñas en Cinco Días.-El envejecimiento de la plantilla de la Administración se ha acelerado en los últimos años de crisis. Con una oferta pública a la baja, la edad media de los trabajadores ha subido.
España es hoy el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida, según datos de la OCDE correspondientes a 2015. En concreto, el informe señala que el 36% de los empleados de la Administración central tienen más de 55 años. Sólo Italia e Islandia presentan cifras más elevadas. En los 35 países de la OCDE, los trabajadores mayores de 55 años representan de media el 25% del total.
En 2010, España era el octavo país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida. En solo cinco años escaló hasta el tercer puesto. En los últimos cinco años, ningún país ha sufrido un proceso de envejecimiento tan acelerado como el de la Administración española.

Los datos todavía son más elocuentes si el foco se pone solo en la Administración general del Estado y en el personal adscrito a los ministerios. Los últimos datos de Hacienda y que corresponden a 2017 reflejan que de los 188.506 efectivos que empleaba la Administración General del Estado en enero, el 65% tiene más de 50 años. De hecho, el número de empleados públicos adscritos a los ministerios que tienen más de 64 años suma 3.114 personas y supera ampliamente al colectivo menor de 30 años, que se limita a 1.217.

El sindicato mayoritario en el sector público, CSIF, denuncia que la política de no reposición de los trabajadores que se jubilan ha llevado a una situación que califican de “emergencia” y reclaman un plan para rejuvenecer la plantilla pública. El Gobierno ha aprobado para este año una oferta pública de empleo de 28.200 plazas, la mayor desde 2008. De éstas, 20.451 vacantes son de ingreso libre y el resto son puestos de promoción interna.

60% de funcionarios 
España cuenta hoy con 2.523.167 empleados a nómina de la Administración, ya sea central, autonómica o local. El 60% de este colectivo son funcionarios y el resto son trabajadores con contrato laboral, eventuales o interinos. La plantilla pública representa el 16,7% del total de asalariados de España. El porcentaje ha aumentado en los últimos años por la fuerte destrucción de empleo registrada en el sector privado. España cuenta con menos empleados públicos que la media de la OCDE. De media, los 35 países del organismo internacional mantenían una plantilla pública equivalente al 18,1% del total de la fuerza laboral con datos de 2015. En el caso de España, el porcentaje en ese ejercicio era del 15,7%, 2,4 puntos por debajo de la media.

Aun así, hay enormes diferencias entre comunidades. Por ejemplo, el número de empleados públicos en Extremadura alcanza el 28,6% del total de asalariados. Sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla, que registran porcentajes superiores al 50%, es el nivel más elevado. Le sigue Castilla y León (23,1%), Castilla-La Mancha (22,4%) y Asturias (20,2%). Allí donde hay menos ocupados y una mayor tasa de paro, el peso del sector público sobre el total es mayor.

En el lado opuesto sobresale Cataluña. En esta comunidad trabajan 303.887 empleados públicos, un 11% del conjunto de asalariados. Baleares (12,2%), Madrid (14,8%) y País Vasco son las otras comunidades con un porcentaje relativamente bajo de empleados públicos.

Respecto a las retribuciones, los datos de la OCDE reflejan que en España los sueldos son más elevados que la media. Y también superan las nóminas del sector privado. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio en la Administración alcanzó los 34.186 euros anuales frente a los 22.742 euros de media de la empresa privada. Hay que tener en cuenta que el grado de formación es mayor en la Administración y también es menor el empleo parcial.

Un informe publicado este año por Esade y el Instituto de Estudios Económicos (IEE)alertó del impacto negativo del proceso de envejecimiento, que conllevará “la pérdida de competencias propias de los perfiles de empleados públicos más mayores y, posteriormente, la pérdida de talento”. Aun así, también señaló que ello puede ser una oportunidad para avanzar hacia una mayor “flexibilidad y tecnificación” en el sector público, dos aspectos en los que el estudio recomienda que avance la Administración.

Descentralización
Otra característica del sector público en España es su elevado grado de descentralización. De los 2.523.167 de empleados públicos, el 52% está adscrito a una comunidad autónoma. El 21,5% trabaja para los ayuntamientos o diputaciones y otro 20,7% pertenece a la Administración central.

Según los datos de la OCDE, España es el octavo país desarrollado con una mayor proporción de trabajadores que están en nómina de entes territoriales o locales. Se sitúa por detrás de Suiza, Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Suecia y Estados Unidos. Turquía, Irlanda y Grecia son los países menos descentralizados.

Más información de Función Pública en Cinco Días:  

lunes, 14 de agosto de 2017

UGT exige una cláusula social en los contratos públicos

El conflicto de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat ha vuelto a poner en evidencia en qué condiciones se adjudican los contratos de muchos servicios públicos. Ver texto del Proyecto de  Ley de Contratos del sector Público

Revista de prensa.- LaCerca.com. La Unión General de Trabajadores considera necesario que las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental a los contratos que realizan, tanto en el criterio de selección, como en la adjudicación y en su ejecución, y garantizar condiciones laborales y de vida dignas.

La Unión General de Trabajadores considera necesario que las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental a los contratos que realizan, tanto en el criterio de selección, como en la adjudicación y en su ejecución, y garantizar condiciones laborales y de vida dignas. La Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley está en tramitación parlamentaria, tiene que impedir que las empresas pujen en condiciones de baja temeraria a costa de los trabajadores porque, entre otras cuestiones, marcan de forma directa o indirecta el desarrollo socioeconómico de este país. No se trata de echar balones fuera, porque deben velar por su compromiso público y no permitir la explotación laboral en los contratos que se realizan dentro de la Administración.

La contratación del sector público moviliza más del 15% del PIB y su acción repercute de forma directa e indirecta en el desarrollo socioeconómico y político del país. UGT considera que su regulación es un instrumento fundamental no solo para impulsar un modelo de Administración Pública, sino un modelo productivo y un modelo de sociedad.

Es por esto que la nueva Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, debería incluir la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental, tanto como criterio de selección del contratista, como de la adjudicación de los contratos y como exigencia de ejecución.

El objetivo, entre otros, debe garantizar unas condiciones laborales dignas, incluyendo la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades, mejorar la seguridad y salud laboral, favorecer la formación en el lugar de trabajo, contribuir a la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, así como asegurar unas condiciones medioambientales adecuadas.

Bajas temerarias
La normativa deberá también impedir eficazmente la contratación con empresas que pujen en condiciones de baja temeraria e incluir en los pliegos la obligación de las empresas adjudicatarias garantizar, y no reducir, unas condiciones de trabajo dignas (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los y las trabajadores adscritos al contrato durante toda su ejecución, de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al presentarse la oferta. Y si se incumple, debe contemplar la posibilidad de suprimir la prórroga o establecer las penalizaciones convenientes o incluso la resolución del contrato.

Para UGT, con carácter general, en las licitaciones públicas el precio no debe ser el único valor a tener en cuenta a la hora de elegir la oferta más ventajosa para evitar que la contratación pública consista en una pura subasta y que se produzcan situaciones de explotación, abonadas por la reforma laboral, que ha roto los equilibrios en las relaciones laborales.

La UGT considera imprescindible, entre otras cuestiones:
-Recuperar la eficacia de la negociación colectiva quebrantada por las limitaciones impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y por la reforma laboral (que es imprescindible derogar)

-Garantizar y concretar la figura de la subrogación y la sucesión empresarial que garanticen la estabilidad en el empleo

-Proteger los derechos laborales de toda índole, frente a los posibles vaivenes de las concesiones públicas, priorizando la flexibilidad interna negociada.

-Establecer cláusulas en los Convenios que impidan discriminaciones injustificadas con respecto al personal donde se prestan servicios.

-Exigir que los costes laborales puedan repercutir, sin límite alguno, en la revisión de precios de las concesiones públicas

-Excluir de las leyes de los Presupuestos Generales del Estado, exclusivamente en lo relativo a la fijación de las condiciones de trabajo, a los entes, organismos y entidades que, formando parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no tengan la consideración de administraciones públicas en los términos establecidos en el artículo 3.2 de dicha norma.


-Recuperar la autonomía colectiva de las partes concurrentes (sindicatos-entidades) en la determinación de las condiciones de trabajo de las personas empleadas públicas que prestan sus servicios en las mismas.

-Exigir el cumplimiento de implantar medidas y planes de igualdad en sus ámbitos.

sábado, 12 de agosto de 2017

Víctor Almonacid: Guía sobre la práctica de la notificación electrónica por parte de las AAPP

Cada Comunidad Autónoma y Entidad Local asume la obligación de disponer de un punto único propio que concentre todas las notificaciones que se produzcan dentro de su sector público, de cara a facilitar el intercambio de información con el Punto Único de Notificaciones.

Por  Víctor Almonacid. Blog Nosoloaytos.-  La actual regulación de las notificaciones administrativas viene contenida en los arts. 40 y ss de la LPA, si bien nos hallamos ante una institución esencial en la praxis administrativa que requiere de una Guía jurídico práctica que contemple tanto la casuística como la interpretación doctrinal de dichos preceptos.

1.- ¿Qué es una notificación electrónica? La notificación electrónica o telemática (llamada así indistintamente, si bien estas dos palabras no son exactamente sinónimas) se puede definir como aquella efectuada por medios electrónicos y que pone fin a un procedimiento electrónico, bien porque el interesado está obligado a ello, bien porque así lo haya manifestado expresamente un interesado que no esté obligado por Ley o Reglamento a comunicarse con la Administración por medios electrónicos.

2.- ¿En qué consiste la notificación electrónica mediante Dirección electrónica habilitada (DEH)? Es uno de los medios para las notificaciones electrónicas (véase el art. 43.1 de la LPA y los arts. 35.2 y 38 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la LAESP). Actualmente es un servicio que proporciona la AGE -muy utilizado en el ámbito tributario-, para los ciudadanos y empresas que lo soliciten. Se trata de un servicio que proporciona a cada ciudadano o empresa un buzón seguro asociado a dicha DEH, en la cual pueden recibir las comunicaciones y notificaciones administrativas. Un ciudadano puede obtener su DEH y buzón gratuitamente, con sólo solicitarlo, pudiendo recoger cómodamente sus notificaciones en su DEH, a través de Internet, a cualquier hora desde cualquier lugar. Al buzón se accede previa identificación electrónica, por lo que sólo el destinatario puede leer el envío. Correos verifica la identidad del emisor, la existencia de la dirección electrónica y pone la notificación en el buzón del destinatario. Cada vez que una notificación se pone a disposición, se remite un aviso por correo electrónico. El ciudadano puede acceder a su buzón identificándose con su Certificado digital o DNI-e. En este buzón solamente recibirá las notificaciones relacionadas con los organismos y procedimientos que haya seleccionado previamente (excepto la recepción obligatoria para las empresas). Según el 38 del Real Decreto 1671/2009, el sistema de DEH debe: a. Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación; b. Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo; c. Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido; d. Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.

Comparecencia electrónica
3.- ¿Puede un interesado que ha elegido expresamente ser notificado por medios electrónicos cambiar de opinión? Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos (art. 41.1.4 LPA).

4.- ¿En qué consiste la notificación por comparecencia electrónica? La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica o portal de acceso (art. 43 LPA). Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones (art. 40.2 del citado Real Decreto que desarrolló la LAESP):

    a. Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
    b. El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.

5.- ¿Puede practicarse la notificación por medio de correo electrónico? ¿Y por SMS? No cabe confundir notificación electrónica con aviso electrónico de notificación. Según el art. 43.1.1 LPA, “Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo”. La LAESP y su Reglamento de desarrollo sí se referían al correo electrónico con acuse de recibo pero desaparece esta mención. Con lo cual, sin perjuicio del régimen transitorio (ver disposición derogatoria de la LPA), desaparece la posibilidad de utilizar el Correo electrónico con acuse de recibo, e incluso otros sistemas, en tanto en cuanto el art. 43 LPA únicamente se refiere a dos, y de manera taxativa. El correo electrónico y el SMS no son en consecuencia medios válidos de notificación a partir de la LPA, pero encajan claramente en el concepto de aviso complementario (a la notificación).

6.- ¿Es obligatorio realizar el aviso electrónico cuando se realiza una notificación en papel? Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida (art. 41.7 LPA). Además se creará un punto centralizado de datos de contacto de ciudadanos y empresas para garantizar la correcta realización del envío del aviso de la puesta a disposición de una notificación electrónica al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado (ver cuestión número 12).

7.- En el caso de procedimientos iniciados de oficio, ¿pueden utilizarse medios electrónicos para notificar a personas no obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos? Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 41.1.6 LPA). Más dudoso sin esta cobertura reglamentaria, pero entendemos que excepcionalmente sí, salvo en los casos del art. 41.2 LPA. Recordemos que “las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos” y se puede invocar esa preferencia para sugerirlo, e incluso imponerlo, en algunos casos, normalmente. Por supuesto un sujeto “no obligado” puede elegir el medio electrónico, pero entendemos que incluso podría serle impuesto en casos como decimos excepcionales, y por supuesto garantizando (y facilitando) su recepción. Del mismo modo podría imponerse a una persona física la utilización de la firma electrónica, por ejemplo, si debe firmar un convenio, documento electrónico, en el que todas las otras partes son personas jurídicas y otros sujetos obligados (y con la debida asistencia técnica).

8.- Visto que el aviso es obligatorio, ¿la falta de práctica del aviso de notificación electrónica impide que la notificación sea considerada plenamente válida? El aviso debe hacerse, pero el art. 41.6 LPA (“La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”) tiene sentido porque debemos recordar que el aviso es un complemente de la notificación, no la notificación. Sería contrario a la lógica y al principio de seguridad jurídica considerar que no se ha practicado la notificación porque no se ha practicado el aviso, ya que este tiene un carácter más práctico y funcional que jurídico.

9.- ¿Cómo se acredita la puesta a disposición de la notificación electrónica por comparecencia en Sede Electrónica? Según el art. 41.1.3 LPA “Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente”. La puesta a disposición es una especie de publicación en un espacio restringido que la ley llama Sede Electrónica o Punto de Acceso General pero puede denominarse “carpeta ciudadana”. El interesado entra en la misma identificándose y accede al contenido de la notificación. Todo queda registrado por estampados de tiempo (la publicación del documento y el acceso).

10.- En relación a la notificación infructuosa, ¿sería conveniente enviar el aviso por eMail o SMS? El art. 44 simplemente señala: “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Obviamente, si, aunque no conozcamos el lugar de notificación disponemos del correo o el mail del interesado, es muy conveniente intentarlo por esa vía, en cuyo caso practicaríamos una especie de “aviso sin notificación”, por lo que la notificación legalmente practicada sería la suma de acciones de la publicación en el BOE más el aviso. Podría ser eficaz si finalmente cumple su cometido.

11.- ¿En qué boletín electrónico se publican las notificaciones rechazadas?  Véase “¿Las notificaciones electrónicas “rechazadas” se deben publicar en el BOE?”

12.- ¿Qué es el Punto Único de Notificaciones? (PUN) En la reunión de 21 de junio de 2017 de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, con respecto a Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas se aprobaron los siguientes acuerdos:

Crear un Punto Único de Notificaciones para todas las Administraciones Públicas de forma similar al Punto General de Entrada de Facturas electrónicas (FACe). Dicho punto será proporcionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Cada Comunidad Autónoma y Entidad Local asume la obligación de disponer de un punto único propio que concentre todas las notificaciones que se produzcan dentro de su sector público, de cara a facilitar el intercambio de información con el Punto Único de Notificaciones. El objetivo de esta medida es concentrar el acceso a las notificaciones en un solo punto.

Disponer de un punto centralizado de datos de contacto de ciudadanos y empresas para garantizar la correcta realización del envío del aviso de la puesta a disposición de una notificación electrónica al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado. Este punto centralizado debiera estar disponible de forma federada para que el ciudadano pueda revisar los datos de contacto que obran en poder de las Administraciones Públicas y para que pueda asegurarse de la eficacia de las notificaciones que realicen las Administraciones Públicas.

13.- Comunicaciones electrónicas a/entre AAPP. En la misma citada reunión de la Comisión Sectorial también se acuerda establecer los siguientes criterios comunes para las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas:
En el caso de notificaciones a las Administraciones Públicas, acudir al Punto Único de Notificaciones señalado en el primer punto de este acuerdo La forma de integrarse con ese Punto seria a través de servicios web. Aquellas Administraciones Públicas que dispongan de sus sistemas propios de notificaciones construirían sus servicios web y las que hagan uso de los servicios de Notific@ no tendrían necesidad de hacerlo porque este sistema se integraría con ese Punto Único.

En el caso de comunicaciones electrónicas entre Administraciones seguir las siguientes pautas:
Las comunicaciones intra administrativas que requieren registro electrónico de entrada en virtud de lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015 podrán realizarse por el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)

Las comunicaciones interadministrativas derivadas del artículo 155 de la Ley 40/2015 podrán realizarse por las plataformas de intermediación o sistema equivalente de acuerdo a lo contemplado en el artículo 28 de la Ley 39/2015.

Las comunicaciones interadministrativas derivadas del artículo 44  de la Ley 40/2015 se sujetaran a lo establecido por las Administraciones Públicas mediante convenio.

El resto de comunicaciones interadministrativas que requieren registrar la entrada por el artículo 16.1 podrían utilizarse SIR.

Para consultar las notificaciones pendientes y comparecer a las mismas por parte de una Administración Pública no debe ser necesario utilizar un certificado de persona física representante de persona jurídica. Para posibilitar la automatización, debería admitirse el sello electrónico reconocido o cualificado. Por lo demás véase “Relaciones electrónicas entre Administraciones Públicas”

14.- Notificaciones y comunicaciones electrónicas en los procedimientos de contratación. Pronto verá la luz la nueva Ley de contratos, la cual contempla específicamente la cuestión en el siguiente precepto: DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA (del aún PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014):

Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley [DA 15ª TRLCSP] [Artículo 22 y Considerandos (52) a (58) DN y artículos 29,33 y 34 DC] 1. Las notificaciones electrónicas a las que se refiere la presente Ley se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada, comparecencia electrónica, o cualquier otro sistema que se disponga mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación, en caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica. 2. La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la presente Ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá utilizarse la comunicación oral para comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de contratación, siempre que el contenido de la comunicación oral esté suficientemente documentado. A este respecto, los elementos esenciales de un procedimiento de contratación incluyen: los pliegos de la contratación, las solicitudes de participación y las ofertas. En particular, las comunicaciones orales con los licitadores que puedan incidir sustancialmente en el contenido y la evaluación de las ofertas estarán documentadas de modo suficiente y a través de los medios adecuados, tales como los archivos o resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación. 3. La presentación de ofertas se llevará a cabo preferentemente utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Disposición Adicional. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación no estarán obligados a exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas en los siguientes casos: a) Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles. b) Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia. c) Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación. d) Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos. Con respecto a los intercambios de información para los que no se utilicen medios electrónicos con arreglo al presente apartado, el envío de información se realizará por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios electrónicos. En este caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos. 4. Los órganos de contratación tampoco estarán obligados a exigir medios electrónicos en el proceso de presentación de ofertas cuando el uso de medios no electrónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido expresado en el apartado 7 de la presente Disposición Adicional. En este caso, los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos. 5. Los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán por que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Además, deberán garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación o hasta el momento fijado para su apertura. 6. Para contratos públicos de obras y concursos de proyectos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares. En esos casos, ofrecerán medios de acceso alternativos según lo dispuesto en el apartado 7 de la presente Disposición Adicional hasta el momento en que dichas herramientas estén generalmente disponibles para los operadores económicos. 7. Cuando sea necesario, los órganos de contratación podrán exigir la utilización de herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que ofrezcan medios de acceso alternativos. Se considerará que los órganos de contratación ofrecen medios de acceso alternativos apropiados cuando: a) ofrezcan gratuitamente un acceso completo y directo por medios electrónicos a dichas herramientas y dispositivos a partir de la fecha de publicación del anuncio correspondiente o a partir de la fecha de envío de la invitación, en su caso. El texto del anuncio o de la invitación especificará la dirección de Internet en la que puede accederse a dichas herramientas y dispositivos, o bien, b) garanticen que los licitadores que no tienen acceso a las herramientas y dispositivos de que se trate, o que no tienen la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado, siempre que la falta de acceso no pueda atribuirse al licitador en cuestión, pueden tener acceso al procedimiento de contratación utilizando mecanismos de acceso provisionales disponibles gratuitamente en línea; o bien, c) admitan un canal alternativo para la presentación electrónica de ofertas. 8. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta de la presente Ley.

Para saber más: 


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