LOMCE, razones para su derogación

Informe PISA: "Cuando se examina la educación finlandesa, por ejemplo, se observa que es sólo pública"

Por Julio González.- Blog Globaspoliticsandlaw.- LOMCE, razones para derogar la ley de educación. España tiene la maldición de que un cambio en el partido gobernante supone automáticamente un cambio en la legislación educativa. Un problema que se evidenció con toda su nitidez cuando el PP llegó al poder en 2011 e impuso un nuevo modelo educativo. Modelo que obviaba el consenso, que se aprobó con el voto en contra de los demás partidos, que era fuertemente ideológica y que reducía sustancialmente la financiación de la educación, especialmente la pública. Por ello, hoy se puede decir incluso que estamos más lejos del consenso.

El empeño del Presidente Rodríguez Zapatero de conseguir un pacto educativo -en el que puso gran coraje y todas sus dotes persuasivas el Ministro Angel Gabilondo- se frustró, en mi opinión, por la intransigencia de la negociadora del Partido Popular, posiblemente porque veían cercana la victoria electoral que se produjo en el año 2011. No se pensó en el interés general sino en hacer una educación de partido.

La cuestión religiosa

La cuestión de por qué no se llega al pacto deriva esencialmente de cuál ha sido la función que se ha atribuido a la escuela en una parte de España y, especialmente, en el peso que ha tenido la Iglesia Católica en la formación de la sociedad española, papel al que no quieren renunciar y que encuentran en el PP una adecuada correa de transmisión. Por ello, será difícil alcanzar un pacto en esta materia porque desde el partido gobernante se quiere progresar en una concepción de la educación que casa mal con el artículo 16 de la Constitución y con las exigencias de la sociedad del siglo XXI.

Desde esta perspectiva, se echa en falta la concepción de la educación que late en la legislación francesa que, desde el siglo XIX, separan Iglesia y Estado en materia educativa o la situación actual del Estado de Massachusetts en EE.UU. en donde sencillamente la cuestión religiosa no forma parte de los planes educativos ni de enseñanza primaria ni de secundaria. Dicho de otro modo, dos modelos distintos pero que conducen a la misma solución: en la educación sostenida con fondos públicos no hay lugar para la religión, ya que es una cuestión privada que se enseña en los hogares. Lo cual nos conduce también a la necesidad de sostener con fondos públicos a la educación privada, los llamados centros concertados -muchos de ellos religiosos-, a los que me referiré con posterioridad.

Aquí, en la cuestión religiosa, está, en mi opinión, la razón central que motivó la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, en adelante). Es esta vinculación con la formación católica lo que ha hecho que en la LOMCE se permitan las subvenciones a los centros que tienen a los estudiantes separados por sexos (artículo 84.3), tal como hacen algunos colegios del Opus Dei y que estaba siendo reiteradamente rechazada por los Tribunales de Justicia en aplicación de la normativa anterior. Es el peso de la Iglesia lo que motivó la pérdida de una asignatura básica para formar ciudadanos con valores democráticos como es la educación para la ciudadanía y cuyos efectos podemos ver día a día. La importancia de la asignatura la muestra Queralt al señalar que “este tipo de asignaturas, como sus homólogas en otros países, deben perseguir romper con la apatía cívica reinante en Europa a través de itinerarios que prevean mecanismos educativos a través de los que dotar de instrumentos a los estudiantes que faciliten y promuevan la participación en los asuntos públicos. En este contexto, la asignatura pretendía trasmitir a los estudiantes de primaria y bachillerato una suerte de ideario educativo constitucional, esto es, pretendía enseñar la Constitución y el sistema de valores en que esta se asienta”

Es esto lo que motiva que la religión/ética vuelva a ser una materia evaluable y obligatoria, cuando las carencias de nuestro sistema educativo están en otro sitio y cuando la religión se debería enseñar en los hogares. No nos olvidemos que para encontrar un antecedente a esta medida nos tenemos que retrotraer a 1970 y la Ley General de Educación del franquismo que consideraba la religión católica de esta forma. Pero los problemas que tiene la LOMCE no se circunscriben a la cuestión religiosa. Esta es una ley que no atiende a los problemas esenciales del sistema educativo y que, además, se promulga en el marco de la política de recortes que ha afectado con especial intensidad a los dos pilares básicos del Estado social, sanidad y educación. Desde esta perspectiva, mal se puede entender el título de la disposición. Acaso desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se debiera recordar la conocida frase del Rector de Harvard Bock de que “si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia”.

Es la financiación

En el debate formal sobre el que el Gobierno quiso articular la LOMCE es uno de los problemas que supuestamente se quería solucionar era el de la mala ubicación de España en el conocido Informe Pisa. Se puede coincidir en que algunos de los elementos del diagnóstico pueden ser ciertos. Pero lo relevante es que no se ha valorado en ninguno de los Informes conocidos la aplicación de la normativa y las políticas anteriores a la LOMCE.

Esto es, no sabemos qué hubiera ocurrido si el porcentaje de PIB dedicado a educación se hubiera mantenido por encima del 5,1% del PIB, a sólo dos décimas del promedio de los países de la OCDE, en lugar de la rebaja habida en los dos últimos años que llega al 4,7% del PIB (que coinciden, además, con rebajas sustanciales del valor del referido PIB). No se ha podido ver el impacto que ha tenido, por ejemplo, el que hubiera 680.381 en el curso 2010-11, con una ratio de 11,3 alumnos por profesor, una de las más bajas de Europa. O que desde 2004 se haya reducido el fracaso escolar en casi cuatro puntos: en el curso 2004-05 la tasa bruta de población que se graduaba en ESO era de un 70,4%, mientras que en el curso 2008-09 era del 74,1%. O que en los siete años  transcurridos entre 2004 y 2011 se duplicara el dinero destinado a becas y ayudas (llegando a 1.529,72 millones de euros). Dentro de unos años, cuando los estudiantes de hoy cumplan 15 años, se examinarán los resultados de aumentar el ratio de alumnos por clase, el cierre de bibliotecas, la eliminación de becas y ayudas para libros o para estudiar en el extranjero, el endurecimiento de la política de becas, los recortes en el profesorado, la reducción de los interinos en alguna Comunidad autónoma, el cierre de las escuelas rurales… todo lo cual bebe de la filosofía con la que se promulgó la LOMCE y cuyo antecedente está en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

No olvidemos que es ahí donde se aumenta la ratio profesor/alumnos, el que aumenta la jornada de los profesores, el que reduce la obligatoriedad de la sustitución del profesorado de baja. O fijémonos en que, por ejemplo, cuando se analizan las reducciones habidas desde diciembre de 2011 en un elemento central de la equidad del sistema, como son las becas, cuantitativamente, la mayoría está en la obligatoria (para comedor, libros, transporte, etc.). Además, se han redujeron los programas de atención a la diversidad, como los desdobles de aulas o la educación compensatoria. Los fondos estatales que tienen un efecto equivalente -PROA y EDUCA 3, especialmente- han desaparecido. Dicho de otro modo, a la hora de examinar la conveniencia o no de modificar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación no se han examinado las políticas de impulso a la educación del periodo anterior. La política de tierra quemada para conseguir el objetivo de la reforma ideológica de la educación ha impedido cualquier análisis razonable. Más aún, se aprobó la LOMCE en medio de una política brutal de recortes de los fondos públicos en educación con notable perjuicio de los objetivos de la educación sirva de medio para la consecución de los objetivos que están en el artículo 9.2 del texto constitucional.

La educación privada concertada como problema

Posiblemente resulte extraño la importancia que esté en este artículo dando a la financiación, pero realmente esta ley tiene tales carencias que difícilmente se pueda llegar a buen puerto. Vinculado a lo anterior se encuentra uno de los problemas más graves que tiene el sistema educativo español: el trasvase de fondos al sector privado en detrimento de la educación pública y que se articulan sobre los centros concertados.

Es cierto que cuando se crearon estos centros tenían una razón clara: permitir la escolarización obligatoria que estaba en la LODE de 1985. No había centros públicos suficientes. Y por ello se entendió como una medida provisional. Hoy, casi 30 años después, debiera haberse paliado este problema y destinar fondos públicos sólo a la educación pública.No es cierto, en este sentido, que la enseñanza concertada sea de más calidad sino que es consecuencia del nivel socioeconómico de las familias.

Cuando se examina la educación finlandesa, por ejemplo, se observa que es sólo pública.  No hay en consecuencia ni rankings ni competencia entre los colegios ni distritos únicos como ocurre en la Comunidad de Madrid. Todos los centros públicos tienen una financiación equivalente. El colegio del barrio es siempre el mejor, por ser igual a los demás. Es un factor para la calidad y equidad del sistema educativo.

La LOMCE ha abierto un nuevo frente que afecta no sólo a la cuantía de la financiación sino al cómo se distribuyen los fondos. Por primera vez se introduce la obligación de los poderes públicos de planificar en base al comportamiento de la demanda. El cambio es sustancial, puesto que hasta ahora se asumía que el Estado planificaba en base al principio de satisfacción de necesidades educativas y que el sistema de concierto debía entenderse como mecanismo complementario y subsidiario a la provisión pública. Y, al mismo tiempo, se abre la posibilidad de financiación competitiva de las escuelas basadas en los resultados de las evaluaciones o en “acciones de calidad educativa” definidas por los centros. Resulta paradójico por cuanto que estas técnicas de gestión educativa han estado expresamente censurados por la OCDE ya que proporcionan resultados gravemente contrarios a la equidad y con ello a las características que debe tener la política educativa en el marco de un Estado social.

Y ello por no hablar de las aportaciones extraordinarias voluntarias  que suelen reclamar estos colegios a los padres.

PISA como excusa

Pero es que, además del problema de la financiación, la LOMCE no ataca la raíz del problema, si queremos encontrar en el Informe PISA la razón de su promulgación. No se entiende cómo la gran aportación formativa de la norma es la reintroducción de la religión/ética como materias obligatorias y evaluables… cuando precisamente ninguna de ambas forma parte de los conocimientos examinados en PISA.

Expuesto de otro modo, si se pudiera coincidir en el diagnóstico, no se podría decir lo mismo sobre el tratamiento, ni en cuanto a las medidas legislativas ni en cuanto a las políticas públicas que se están aplicando. Al principio decía que la LOMCE es una ley que deriva del diferente modo de entender la educación en España y de que no se haya alcanzado el pacto como cuestión de estado que debiera ser. Pero, además, PISA tiene numerosas carencias a la hora de analizar el sistema educativo, existiendo numerosos elementos que no son analizados.

Del último Informe PISA, el publicado este año, hay un factor que querría destacar, sobre el que no se ha incidido demasiado y que es consecuencia necesaria de las políticas que se han venido aplicando estos años: nuestro sistema educativo favorece la segregación, de muy diversas formas; lo que es un factor muy negativo para la cohesión social. Sólo Eslovaquia y Hungría tienen unos índices de inclusión social inferiores que España.

La cuestión lingüística

Por el otro, dentro de los problemas autonómicos aparece la importante cuestión lingüística en donde ha habido una vocación de resolver los problemas minoritarios (los de los estudiantes que quieran cursar solo los estudios en castellano) y quitar peso relativo a la cooficialidad lingüística. En este sentido, La lengua castellana y primera lengua extranjera se considerarán troncales, pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que serán materia de especialidad aunque de estudio obligatorio. Las consecuencias parecen claras.

La LOMCE como problema

Como se ha podido apreciar a través de estos ejemplos -ya que la ley tiene otros muchos problemas-, en mi opinión, la LOMCE no es la solución que merece el sistema educativo español. No lo es por el factor ideológico pero tampoco por el poco peso que se proporciona a las políticas educativas de equidad y calidad.  No hay calidad sin fondos públicos suficientes. Aquí se verá el gran error de este Gobierno: la educación requiere fondos y políticas públicas para mejorar la formación de la ciudadanía. Ir en dirección contraria supone reducir la capacidad del país de ir adelante.

Y, por ello, aunque sea reincidir en el problema de la sustitución de las normas educativas, en este caso, para hacer una sociedad mejor, más y mejor formada, esta norma deberá ser sustituida por otra que garantice una educación de calidad, para una sociedad multicultural, laica, plurilingüística en algunos territorios. Ese debería ser un empeño colectivo, ya que, como señaló Mandela, “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.