Las empresas están cambiando la sede social a otras CC.AA y a ello aspiran jueces, fiscales, abogados del Estado, secretarios
municipales...
Todos ellos ven con
desesperanza el 'procés' y la división que genera. "El Estado cada vez
está menos presente aquí".
Revista de prensa. El Confidencial.- Cuando a Vicente Fenellós le presentan a alguien
que no conoce, dice que es abogado. No miente. Solo quita una parte importante
a su empleo. Vicente es abogado, pero abogado del Estado. Y está destinado en
Barcelona. Son solo 19 en Cataluña defendiendo al Estado en tribunales y
emitiendo informes jurídicos para la Delegación del Gobierno. “Cuando alguien
me pregunta y no sé quién es, prefiero no dar detalles”
Vicente pertenece a una especie que ha menguado con los años
y que ahora sufre con el 'procés'. Son funcionarios del Estado en Cataluña:
fiscales, jueces, inspectores de Hacienda, secretarios municipales… Cuatro de
ellos explican sus problemas ante el proceso de independencia. Un secretario municipal resume: “El
Estado lleva tiempo abandonándonos y ahora se nota”.
Diego Villafañe es fiscal en Hospitalet, pegado a
Barcelona, y ha decidido hablar. “Puedes citarme, la gente está perdiendo el
miedo”, explica este miembro de la Unión Progresista de Fiscales en la sede de
la Ciudad de la Justicia. En las puertas hace unas semanas hubo una
concentración independentista de protesta contra las primeras detenciones por
el referéndum ilegal. Villafañe, natural de León, lleva 10 años en Cataluña,
donde se casó y ha tenido familia. “Hay una gran fractura social, Cataluña está
partida en dos y tiene muy difícil arreglo. Hemos tenido concentraciones ahí
abajo con un cariz intimidatorio claro. Gritaban: ‘Fuera justicia española,
fuera las fuerzas de ocupación'. Somos un baluarte del Estado aquí y nos
sentimos desamparados”, explica.
"Somos un baluarte del Estado aquí y nos sentimos
desamparados”, explica un fiscal
Los jueces y fiscales son funcionarios del Estado por una
oposición nacional. Según la puntuación que obtengan, eligen destino. Por eso
en Cataluña hay mucho funcionario procedente de fuera -y no 'indepe'-, no como
en los cuerpos autonómicos. En la Fiscalía de Hospitalet la inmensa mayoría
nacieron fuera de Cataluña. Aunque la revolución catalana insiste en que todo
se basa en la palabra y en la no violencia, está plagada de gritos y actitudes
intimidatorias. El pasado martes, durante la huelga general remunerada, los piquetes cerraban
centros comerciales al grito de "no llevamos armas” y una de las
consignas más repetidas es “las calles serán siempre nuestras”, sin que muchos
jóvenes vean ningún problema en ese 'nuestras'.
Los que no tienen las calles son los no independentistas.
Ante la tensión creciente, muchos se plantean solicitar otro destino.
“Evidentemente que la mayoría de nosotros hemos pensado en pedir el traslado.
Tendríamos trabajo, pero no sé por qué me voy a tener que ir yo de Barcelona,
que ya es mi ciudad y donde tengo la familia”, critica Villafañe, que añade: "Puedes
hablar de esto con tu familia, pero con tu familia nuclear directa, y con
los compañeros del trabajo. Y ya".
"Policías y guardias civiles se irán, pero nosotros nos
quedamos", cuenta un juez de lo Social
Las competencias de Justicia están transferidas, así que las
sedes, el sistema informático y otros funcionarios son de la Generalitat. En la
Ciudad de la Justicia, algunos de estos funcionarios autonómicos bajaron a
manifestarse por las detenciones -ordenadas por un juez- contra sus compañeros.
Otros hicieron la huelga general del martes, ya que la Generalitat no les
descontaba la parte de su sueldo.
Muchos de estos funcionarios del Estado tienen formación
jurídica y ven con una mezcla de asombro y desesperación la aprobación de la
independencia con un marco declarado ilegal. "Para una persona de leyes,
el 'procés' se lleva francamente mal porque es un sinsentido jurídico",
razona el abogado del Estado, que llegó a Barcelona procedente de Valencia hace
nueve años. Vicente cuenta que no ha afectado a sus relaciones personales, más
allá de camuflar a veces su condición de abogado del Estado o de simplemente
evitar el tema con amigos. A menudo se enfrentan en los tribunales con los
letrados de la Generalitat, un cuerpo mucho más numeroso. Este afirma que no
tienen ningún problema entre ellos: "Los letrados de la Generalitat son
tan profesionales y válidos como nosotros. De hecho, muchos prepararon
oposiciones a abogado del Estado y actualmente son letrados de la Generalitat.
Ha habido cenas con ellos y buen trato".
En Arenys de Munt comenzó la rebelión. En los pueblos casi
no hay presencia del Estado central. (Reuters)
La Abogacía del Estado aquí se dedica, además de a
representar a la Agencia Tributaria en los casos de delito fiscal como los de Messi,
a impugnar decisiones de la Generalitat o de ayuntamientos: desde no poner
banderas españolas, acuerdos municipales para financiar la Asociación de
Municipios Independentistas (AMI), la creación de la Agencia Catalana del
Medicamento o la Agencia Tributaria propia. En otras comunidades tiene más
atribuciones, como las multas de tráfico, pero aquí está cedida la competencia.
Conforme el Estado ha ido cediendo competencias, el número de funcionarios con
una oposición nacional menguaba.
Donde más se nota es en la Cataluña interior. En zonas
rurales, donde hay una abrumadora mayoría independentista. Es en uno de esos
pueblos, Arenys de Munt, donde surgió la primera consulta a favor de
la independencia. "En muchos pueblos hay un notario, un registrador y los
secretarios municipales como único resto del Estado central", cuenta un
secretario municipal que pide el anonimato. Él vive en un pueblo pequeño y ha
sufrido momentos tensos. "En un pleno en el que se votaba la adhesión a la
AMI, tuve que levantarme y decir que era ilegal. Estaba el salón lleno de gente
de la CUP, que me abucheó. El alcalde ahí me defendió. Aunque no estamos de
acuerdo, no nos llevamos mal. Dijo que yo estaba haciendo mi trabajo".
Este secretario municipal cuenta que muchos compañeros suyos
que llegaron de fuera de Cataluña se han ido poco a poco, pidiendo traslados.
De forma que muchos de los que van quedando simpatizan con el independentismo.
Cuando los ayuntamientos se debatían entre si podían o no ceder locales
públicos para el referéndum declarado ilegal, hubo secretarios municipales
independentistas que buscaron una interpretación para permitirlo. Después, la Diputación
de Tarragonatransmitió las instrucciones de la AMI a todos los secretarios para
no colaborar con la Fiscalía con el argumento —jurídicamente defendible— de que
ya había una investigación judicial abierta y que por tanto la Fiscalía tenía
que apartarse.
La ley de transitoriedad aprobada por el Parlament establece
que con la independencia todos los funcionarios pasarían a depender de la
Generalitat o, si no quisieran la nacionalidad catalana, tendrían que pedir
otro destino. Un juez de lo Social de Barcelona que no quiere dar su nombre se
lo toma a broma. "Ni me la he leído. Eso no va a pasar". Este juez
coincide en que "hay una creciente sensación de desamparo" entre
los funcionarios del Estado en Cataluña. "Nos preocupa la situación de
desbordamiento del orden constitucional, la pérdida de confianza en la que
hasta ahora era nuestra policía judicial, y la situación en que quedaremos
después de esto como representantes del poder del Estado, al ver cómo se está
fracturando la sociedad".
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