Otro post de interés. Carlos Primo: Ley de Contratos: Transparencia y lucha contra la corrupción
Lugar y hora: En el Medialab-Prado (Calle de la Alameda, 15. Madrid), sala
Auditorio, de 10:14h a 14h. La asistencia es abierta y
no hace falta inscribirse.
Agenda
10.15h. Presentación de
los objetivos de la jornada y de los ponentes. Por Eva Belmonte,
cordinadora del laboratorio.
10.30h / 11.15h. Alejandro
Gamir. Experto en corrupción en contratación pública y autor del informe ‘Mapping high-level corruption risks in Spanish public
procurement’ (Corruption Research Center de Budapest). Sobre el estudio de
irregularidades concretas que han desembocado en casos de corrupción.
11.15h / 12.15h. Lara
Baena y Roger Folgera, de la Oficina Antifrau de Cataluña. Sobre análisis de
riesgos en la contratación pública y los conflictos de interés. Descanso
12.30h / 13.15h. Elena
Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid. Sobre el funcionamiento y los retos de un organismo de
control y vigilancia de procesos de contratación pública.
13.15h / 14.00h. Alfonso
Puncel, subsecretario de la Consejería de Transparencia de la Generalitat
Valenciana. Sobre el sistema de alertas contra la corrupción en la
administración que desarrolla la Generalitat.
Hemos tratado de contar
con numerosos puntos de vista sobre cómo controlar la corrupción, y debatiremos
al final de cada una de ellas, así que será una sesión más apretada que la
anterior, y esta vez no tendremos margen para trabajar en grupo después.
Lo que haremos será someter lo aprendido a debate de forma online en los días
posteriores. Así podremos tener en cuenta todo lo aprendido durante la jornada
y reflexionar de forma más calmada.
Para ir alentando el
debate, compartimos además unos documentos esenciales sobre el tema
de control de la corrupción en la contratación:
Para preparar la sesión
Mapping high-level corruption risks in Spanish public
procurement es un informe de nuestro primer ponente, Alejandro Gámir,
que analiza los riesgos concretos que se produjeron en casos de corrupción en
contratación pública como Gürtel o Palma Arena.
La breve Guía contra el fraude en la licitación pública que
elabora la CMNC, con su check-list de indicios de que una licitación puede
estar manipulada y un buzón de denuncias anónimas.
En la web de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude existen
estudios e iniciativas sobre estos temas a nivel europeo.
El proyecto Red Flags, de Hungría, una
herramienta desarrollada por K-Monitor y Transparencia Internacional que emplea
un algoritmo para detectar y filtrar automáticamente una serie de checks de
control de irregularidades en la documentación de Tenders Electronic Daily, el
suplemento del diario oficial de la UE donde se publican los concursos
públicos.
En Argentina se está
poniendo en marcha una plataforma de contratación electrónica llamada Contratar.Gob.Ar que
permite comprobar cuáles son las empresas que ganan licitaciones de obras
públicas, cuánto cobran por esos trabajos, quiénes pierden en cada proceso y
cuáles son los precios en juego. Uno de sus objetivos es evitar los cárteles de
empresas que concurran a un contrato. Este es un ejemplo de la información que publican sobre un
proceso de contratación.
Desde la Oficina Antifrau de Cataluña se ha publicado un
informe sobre los trabajos de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita
contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (CEMCORD). En la
página 43 aborda el tema de la contratación pública.
Por último, en esta sesión
recogeremos también algunas de las reflexiones que surgieron en la anterior, y
que son pertinentes. Por ejemplo:
Es importante que los controles
de vigilancia de irregularidades se realicen también a priori, no
solo a posteriori.
Existen límites en el
acceso público a la información contractual. No solo la protección de datos,
también las restricciones en el acceso al Registro Mercantil. El Registro
Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos
contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a
la información que contiene. Y el Boletín Oficial del Registro Mercantil
(BORME), en su edición electrónica, no permite la búsqueda de contenido en este
apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde
2009 hasta la actualidad.
También ha surgido la
cuestión de quién debería encargarse de vigilar la contratación, y cómo.
Desde Civio llevamos tiempo pidiendo un organismo independiente y con
poder sancionador y medios, pero la nueva LCSP se ha quedado a medias en este
aspecto. La nueva ley crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación, pero su composición, independencia y funcionamiento no es ni mucho menos como nosotros reclamábamos. Entre
otros motivos, estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
También reclamamos un buzón
de denuncias anónimas que permita destapar casos de corrupción. Tampoco ha
entrado en la ley. Es una de las recomendaciones que podríamos pedir desde este
grupo de trabajo a las Administraciones Públicas. Contamos, como ejemplo, con el
buzón ético que nos explicó Albert Oliveres, de la Generalitat de Cataluña, en
la anterior sesión: en Cataluña cuentan con un buzón que permite denunciar mala praxis en contratación a cualquier
persona y sin necesidad de identificarse. La denuncia llega a los ocho
miembros de una Comisión Ética en Contratación Pública con total garantía de
confidencialidad.
Aquí tienes todos los materiales de la sesión anterior.
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