Transparencia España.- La Comisión Europea ha aprobado la propuesta de una nueva
Directiva para proteger a todos aquellos denunciantes que informen sobre
corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión
Europea. Estas medidas establecen unos canales protegidos de denuncias y prohíbe
cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades
en empresas privadas y organismos públicos.
Los denunciantes, tal como destaca la Comisión, tienen un
rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y
también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer
su trabajo. Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral,
daños en su reputación y problemas de salud. De acuerdo con la encuesta Global
Business Ethics de 2016, un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las
irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia.
Confidencialidad
Los mecanismos incluyen el establecimiento de canales de
denuncias, tanto dentro como fuera de las organizaciones, en los que estará
garantizada la confidencialidad. Se considera un proceso de denuncias en tres
niveles: primero, en las vías internas de la organización; si esto no funciona,
a las autoridades competentes; y si no se toman medidas en este sentido o si
hay peligros inminentes, entonces se prevé la utilización de los medios de
comunicación.
“Es realmente importante que esta norma supranacional
proteja tanto a los denunciantes del sector
privado, como a los de
las instituciones públicas, ya que tanto las empresas de más
de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos, como las instituciones
públicas regionales o locales con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación
de establecer canales confidenciales de denuncias”, según señala Jesús Lizcano.
La propuesta de la Comisión considera la protección de
los denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras
públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad
nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública,
la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y
sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros
de la UE.
Por otra parte, las empresas y las instituciones públicas
tendrán la obligación de responder a los informes de los denunciantes en un
plazo máximo de tres meses desde que se hace la denuncia a través de los
canales internos.
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